Con miras a 2026 

Renuncia tras testimonio:

Henry Ávila Herrera presentó su renuncia a la Junta Nacional de Justicia tras haber sido mencionado en el testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, en la investigación que se realiza a la exfiscal de la nación. Si bien hasta ese momento no era público lo que había declarado Villanueva sobre Ávila, el común denominador en las declaraciones del exasesor de Benavides es “el intercambio de favores entre magistrados y políticos”, como reveló Ricardo Uceda en El Comercio. Ávila ha preferido anticiparse a un escándalo mediático que, además, afecte la posición ya debilitada de la JNJ.

La fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), ha señalado que las declaraciones de Villanueva están en proceso de corroboración y que “no todo lo que dice puede ser tomado como cierto”. Sin embargo, Ávila se convierte en el primer alto funcionario que renuncia tras declaraciones que continúan haciéndose públicas de a poco, lo que abre la interrogante sobre las repercusiones que pueda traer esta manifestación.

Para la pauta de los dominicales del fin de semana, se ha adelantado que las declaraciones de Villanueva involucran al jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y la exasistente de la mandataria, Grika Asayag. En este caso, se trata de una declaración directa al círculo de la presidenta Dina Boluarte y que la Fiscalía deberá corroborar. Además, el exasesor de Benavides también aseguró que hubo comunicación directa entre la exfiscal de la nación y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Sobre este último encuentro, Cerrón le aseguró a Benavides que contaba con el apoyo de los votos de la bancada en el Congreso. La JNJ investiga, también, el reconocimiento que le otorgó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a Benavides el año pasado. López Aliaga es investigado por lavado de activos y Benavides habría buscado dejar sin efecto la investigación de la JNJ mediante un recurso judicial. Patricia Benavides se habría convertido, con la ayuda de su asesor, en un punto de encuentro, sin importar la ideología política, para políticos, autoridades y funcionarios. Villanueva, por su parte, habría sabido aprovechar su trayectoria de una década en el Ministerio Público y formar vínculos diversos. Parece que nadie se salvará por delaciones que, si bien deberán ser corroboradas, recién empiezan.  

La Fiscalía de la Nación también inició diligencias preliminares contra los exfiscales de la Nación, Patricia Benavides y Pablo Sánchez; la congresista izquierdista Ruth Luque, el suspendido fiscal Rafael Vela y Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, por el presunto delito de tráfico de influencias, entre otros, luego de que “el filósofo” los inculpara en un posible intercambio de favores. Es decir, las declaraciones del exasesor involucran a funcionarios, congresistas y líderes de distintos partidos políticos.

De momento, las declaraciones de Villanueva han impulsado, en el Congreso, el proceso que se buscaba realizar contra los miembros de la JNJ. La Comisión Permanente citó a los miembros de la Junta para que este lunes 26 puedan ejercer su defensa frente al informe final que recomienda su destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años.

Desde la Fiscalía se irán moviendo al compás de la música que determine Villanueva. El actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, pareciera que no quiere complicarse, y seguirá abriendo investigaciones, o impulsándolas, ante cada nueva denuncia periodística. La falta de liderazgo al titular del Ministerio Público es algo que le puede terminar costando caro, pues desde el Parlamento ya se habla de buscar su salida a través de una denuncia constitucional.

Por último, la constante filtración de declaraciones evidenciaría la falta de diligencia y liderazgo en los procesos de la Fiscalía. Los fiscales no apelan al sistema de justicia sino al poder mediático para tener respaldo, aceptación o simplemente anticiparse a sus investigados ante la opinión pública.

La eterna defensa al hermano:

La presidenta Dina Boluarte volvió a defender a su hermano Nicanor, tras nuevos cuestionamientos por parte de la prensa. El fin de semana se emitió un nuevo reportaje periodístico que reveló sobre más allegados a Nicanor que habrían conseguido contratos con el Estado. La mandataria mantuvo la férrea defensa que realiza sobre su hermano, aduciendo que este “no es funcionario del Estado”. A pesar de ser abogada, la mandataria necesita, con urgencia, asesoría legal para poder plantear argumentos más sólidos si es que quiere continuar en esta línea de vocera de Nicanor, quien solo ha optado por mantenerse en las sombras, mientras el gobierno de Dina sufre un nuevo revés con cada revelación sobre sus acciones.

Las denuncias que pesan sobre Nicanor suponen un pasivo para la mandataria mientras ella persista en la defensa de su hermano, pues evidencian a una presidenta carente de liderazgo. Se entendería que las decisiones del Ejecutivo recaen en el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, o en Nicanor Boluarte.

Para una presidenta que no revisa encuestas, y parece estar desconectada de la calle, estas denuncias no supondrían un riesgo en su relación con el Congreso, que es el único fantasma que la asusta en su objetivo de llegar al 2026. El panorama es cambiante, y nuestros políticos son propensos a soltar las manos que los empiezan a arrastrar hacia un hoyo. Boluarte sigue arriesgando bajo la lógica de que mantendrá el apoyo de los partidos aliados.

Con miras al 2026:

El 2026 será un año de intensos procesos electorales, pues coincidirán las Elecciones Generales junto con las Elecciones Regionales y Municipales. Por ahora, en el Congreso queda pendiente la aprobación de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, así como la bicameralidad para el Parlamento, que además viene con una posibilidad de reelección parlamentaria indefinida.

De cara a ello, se van conociendo las intenciones de diferentes actores políticos de llegar a la presidencia de la República, como Fiorella Molinelli, exministra en el gobierno de Kuczynski; y Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica. A ellos se le suman algunos congresistas que ya han comunicado sus ánimos de postular, como Susel Paredes, Guillermo Bermejo y Roberto Chiabra.

Hasta el momento son 25 las organizaciones políticas que cuentan con inscripción vigente, mientras hay otras 10 que se encuentran en proceso de formalización, según el Jurado Nacional de Elecciones. Los próximos meses serán relevantes para poder entender cómo se acomodarán las fichas en el terreno de juego para el 2026, pues junio es, por ahora, el plazo límite para poder afiliarse a los partidos si se quiere ser candidato, de cara a las siguientes elecciones.

Podemos Perú se estaría enfocando en atraer a exmilitantes de Solidaridad Nacional, como es el caso de Miguel Ángel Saldaña, exalcalde de Comas. El partido de José Luna, apuntaría a mantenerse en el Parlamento, pero también a ganar terreno entre los gobiernos regionales y mantener los buenos resultados locales, por lo que empezaría a buscar a personajes relacionados a las gestiones de Luis Castañeda Lossio, que coincidieron con Luna en el partido del Sol.

El Partido Morado presentó a sus nuevos militantes, como son el exgobernador de Cajamarca, Mesías Guevara (declarado persona no grata por Acción Popular tras su alejamiento); el exministro y excongresista Daniel Mora, y el expresidente del Banco de la Nación, Luis Alberto Arias Minaya. Mientras tanto, se comenta la posibilidad de sumar a la excongresista Marisol Pérez Tello y la expresidenta del TC, Marianella Ledesma, como fichas presidenciables. Sin que desaparezca la figura de Sagasti del panorama, este podría apostar al Senado.

La reinscripción del APRA como organización política también significa que los líderes del partido deberán recuperar terreno político a nivel mediático. La defensa de Jorge Castillo a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, le supone exposición mediática, igual que las apariciones en medios de comunicación de compañeros apristas, como Mauricio Mulder.

Por último, la mayor interrogante recae sobre el expresidente Alberto Fujimori. Fujimori señaló, de manera reciente, el entendimiento que tendría el gobierno con Fuerza Popular para una continuidad hasta el 2026, “por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”, señaló a Willax. El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, desmintió lo dicho por Fujimori e indicó que el deseo, desde el Poder Ejecutivo, es que el expresidente “siga cuidando su salud, que es una de las razones (…) del indulto”. Si bien puede existir cierta duda de qué rol tomará el expresidente, la certeza sobre Fujimori, quien para algunos debido a sus sentencias estaría impedido de postular a cargos de elección popular, es que terminará moviendo la agenda en el terreno político de manera amplia, y no solo al interior de Fuerza Popular. La poca capacidad de hacer política de la mayoría de los líderes y representantes partidarios es una ventaja que el patriarca del fujimorismo sabrá aprovechar a favor suyo y de su agrupación.