Complicaciones a la vista

¿Se avecina la tormenta?:

El manejo de la emergencia por los desastres naturales no habría tomado el curso que el Ejecutivo esperaba, pues actualmente estaría siendo sobrepasado en su contención. En un primer momento, el gobierno habría visto en la emergencia una oportunidad de posicionarse como una gestión capaz y bajo control. Sin embargo, no habría logrado coordinar un oportuno despliegue de las acciones, de presencia y territorialidad de la presidenta y el gabinete en las regiones afectadas.

Otro factor que complica aún más el panorama para el Ejecutivo es la división interna que existiría entre los equipos de la presidenta y del jefe del Gabinete. Si bien la relación entre ambos no se habría resquebrajado, hay en lo más alto del poder dos equipos que no estarían trabajando alineados. A diferencia de la gestión anterior, en la que había choques internos entre ministros, que se hacían públicos, porque no se respetaban los espacios de cada uno, la actual confrontación de equipos repercute de manera distinta en el gabinete, pues no solo no hay una línea única de acción, sino que hay más de una voz que intenta posicionarse como la más importante. Además, ello estaría ocasionando en la mandataria una actitud defensiva y de paralización, pues recibiría recomendaciones opuestas de cada uno de estos grupos. Esto decanta en una aparente inacción producto de no querer exponerse a críticas y ataques como ha sucedido con sus ministros. La manera de reaccionar y reaparecer de la presidenta fue brindar un balance de gestión, al que ya se había comprometido de manera previa, en el que buscó responder a distintos cuestionamientos, y pretendió proyectar la imagen de que está a la cabeza de todas las gestiones.

Adicionalmente, los hitos de comunicación del gobierno tendrían sus propias falencias. El posicionamiento de ‘Con Punche’, con el que habría apostado demostrar que tiene respuestas concretas para los problemas del país, no ha logrado consolidarse, tanto en los medios como en la ciudadanía. Por otro lado, la absorción de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios por la Autoridad Nacional de Infraestructura, con la que el Gobierno ha buscado evidenciar un control de la situación, tiene problemas en el futuro inmediato. La creación o el traspaso de una nueva autoridad no sería la solución para contrarrestar los efectos de la actual crisis por factor climatológico, pues los plazos para este cambio conllevarían tiempos mucho mayores a la emergencia.

No se avizora una pronta solución a la crisis interna del Ejecutivo, y esta podría complicar los intereses de la mandataria mientras se agudice la crisis climatológica por el Fenómeno El Niño (FEN) Costero, que según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se prolongaría hasta julio, para luego dar pase al FEN Global, que está despertando alertas especialmente en el Asia-Pacífico.

De aliados a opositores:

El desborde en la contención de la emergencia, especialmente en Piura, Tumbes y Lambayeque, está cambiando la interacción del Ejecutivo con los gobiernos regionales. Los alcaldes de Piura han ratificado que el paro del 18 de abril en contra del gobierno continúa en pie, y a este se sumarían los alcaldes de la región Tumbes. El alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, considera que, si bien hay una mesa de trabajo con el ministro de Defensa, hay un abandono por parte del gobierno central.

La actitud de algunas autoridades subnacionales hacia el Ejecutivo habría tomado un giro radical. En este contexto, la Contraloría General de la República estaría advirtiendo a las autoridades regionales y locales a que no solo tengan cuidado con posibles ilícitos en la ejecución de obras, sino que también podrían estar sujetos a una acusación por omisión. Y es que termina siendo común, tanto en los gobiernos regionales y municipalidades como en los ministerios, la falta de ejecución en programas presupuestales, incluso en momentos de emergencia. El contralor, Nelson Shack, ha pedido que se active el Consejo de Estado para trabajar en el proceso de rehabilitación en las zonas más afectadas del país e identificar, puntualmente, las obras prioritarias por cada región con el objetivo de mitigar los daños que podrían causar el Fenómeno El Niño, de impacto cada vez más global. Así, no debe llamar la atención que, para tratar de “lavarse las manos” los gobiernos subnacionales apunten hacia el Ejecutivo tratando de evadir responsabilidades.

Todos contra todos, la secuela:

A ello se le suma que el Ejecutivo habría chocado esta semana con Fuerza Popular, que es hasta este momento su soporte en el Congreso. Desde el inicio de la gestión de Boluarte, la nueva oposición (los aliados de Castillo) se ha esforzado en “fujimorizar” la imagen de la mandataria. El operativo realizado contra Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, habría servido para que Boluarte, quien arrastra sus propios pasivos por denuncias de aportes a la campaña, intente demostrar que es un gobierno que lucha contra la corrupción. Dos ministros cercanos a Boluarte, como Vicente Romero y José Tello, señalaron a este caso como “el más grande en el Perú después del caso Orellana”, y participaron en el operativo de incautación de bienes.

Ello ocasionó que Fuerza Popular, exhorte a la presidenta para que los ministros eviten “participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso”. Este choque también sería consecuencia de la falta de alineación de los equipos técnicos en Palacio, pues no fueron medidas las repercusiones políticas. En la conferencia de prensa que el Ejecutivo brindó para hacer un balance de gestión, Boluarte respondió a Fuerza Popular asegurando que dicho poder del Estado no va a intervenir en “absolutamente nada que tenga que ver con el Poder Judicial o la Fiscalía”, posición ratificada por el premier Otárola.

No es la primera vez que el Ejecutivo da un paso que confronta a sus aliados en el Parlamento y el equipo de la PCM se ve en la obligación de realizar el correspondiente control de daños, a fin de mantener las buenas relaciones establecidas por el primer ministro. Con el paso del tiempo, estos desencuentros podrían forjar una imagen de un Otárola debilitado y sin control de su gabinete, por lo que perdería peso de cara a los parlamentarios, situación que debilita al gobierno.

¿Qué se viene?

En momentos de emergencias, como la actual, el principal centro de atención recae en el gobierno central. Además, la luna de miel y el discurso de campaña para las autoridades regionales y locales ya está en la fecha de expiración, pues luego de 100 días de gestión la ciudadanía ya reclama acciones concretas, especialmente en las zonas más afectadas. Este tipo de presión podría hacer que se reviva la aparentemente extinta corriente del “nos vamos todos”, incluyendo a los gobernadores y alcaldes, así como los enfrentamientos entre todos los bloques. Congreso versus gobiernos subnacionales. Gobernadores y alcaldes versus Ejecutivo. Ejecutivo versus Congreso. Es decir, la confrontación entre los actores políticos, que había decaído en esta nueva gestión, podría volver a elevarse.

Dina Boluarte se debilita al no poder posicionarse sólidamente como presidenta de la República o mostrar que está a cargo del país. Alberto Otárola pasa el mismo trance al no tener un control del gabinete. Los gobiernos subnacionales se debilitan al no poder atender la emergencia.

La dinámica destructiva que ha caracterizado a la política peruana en los últimos años, en la que ha primado el revanchismo, hace que los actores políticos busquen subsistir, políticamente, a costa de otros, debilitándose mutuamente y agravando la crisis de representatividad en la ciudadanía.