Coalición parlamentaria firme

Coalición firme en el Congreso:

En cuestión de días, el gobierno de Boluarte pasó de advertir sobre los riesgos del octavo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones a colocarlo en el centro de la agenda de discusión. El ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, había expresado, dentro y fuera del país en las últimas semanas, la oposición técnica de lo que implicaría un nuevo retiro de los fondos. En el mismo sentido se había pronunciado el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también, recalcando sobre la importancia de contar con un sistema previsional sólido. Sin embargo, fue la misma presidente Boluarte quien decidió liderar la discusión, forzando al Gabinete a alinearse al nuevo discurso.

El Congreso colocó, rápidamente, el tema en agenda. El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, quien había señalado que se priorizaría el debate técnico de los temas, puso el dictamen en orden del día, el mismo que se aprobó y entró en ampliación de Agenda del Pleno esa misma noche. En el Hemiciclo, el texto sustitutorio se aprobó con 117 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, estas últimas de Honor y Democracia. Hay una coalición parlamentaria que se mantiene firme, no solo en temas que el gobierno de Boluarte pone en agenda sino que respalda al entorno de la mandataria.

En paralelo, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se presentó ante la Comisión de Fiscalización para responder por audios que lo comprometen en negociaciones y acciones poco transparentes. Pese a la gravedad de las acusaciones, y a un peritaje fiscal que concluye que hay una alta probabilidad de su voz en los audios que lo vinculan en la colaboración del vehículo presidencial en la fuga de Vladimir Cerrón y las negociaciones sobre la desactivación del EFICCOP, Santiváñez mantiene un respaldo inusual. No solo continuó defendiendo en su inocencia, sino que ha encontrado a aliados dispuestos a ejercer una defensa férrea a su favor.

En la sesión de la Comisión de Fiscalización, el congresista Edwin Martínez se encargó de defenderlo al punto que otros parlamentarios le increparon ser un “abogado defensor” de Santiváñez. Esto confirma que la fortaleza del ministro de Justicia trasciende a la presidente y que hay actores, en diferentes espacios, que consideran relevante, y útil, mantener una relación con él. El ministro enfrenta una nueva moción de censura, ahora en la cartera de Justicia, pero la dificultad con la que se ha conseguido el número de firmas mínimo para presentar la moción prevé un escenario fragmentado.

Lo ocurrido con el retiro de fondos esta semana también evidencia que las bancadas no tienen reparo en cambiar de posición si el cálculo electoral así lo exige. Se ha demostrado que es mayor el miedo al costo político de parecer ajenos al “clamor popular”, o quedar mal ante marchas ciudadanas que apuntan contra el Congreso. No es un bloque que esté alineado por convicción al Ejecutivo, sino que su posición es, pragmáticamente, alineada a la supervivencia en la campaña electoral.

Es la misma coalición que le otorgó el permiso de salida, aunque con menor respaldo, a la presidente Dina Boluarte para que se presente ante la Asamblea General de la ONU, mientras otros problemas relevantes en el país, como el futuro de Machu Picchu, siguen siendo dejados de lado.

Panorama 2026:

En el ámbito electoral, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó ante la Corte Suprema la declaración de ilegalidad del partido Fuerza Popular por conductas antidemocráticas. Este pedido inició un nuevo conflicto en medio de un proceso electoral que se proyecta fragmentado e incierto. Más allá del sustento jurídico del expediente, la medida, a todas luces, es una respuesta política. Se busca cuestionar la legalidad de la principal fuerza opositora a la fiscal a pocos meses de los comicios.

En respuesta, Keiko Fujimori se pronunció sobre el pedido para declarar ilegal al partido Fuerza Popular, lamentando que una fiscal procesada por la Junta Nacional de Justicia “dañe” a su institución con “cortinas de humo”. Fujimori confía “en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará». La lideresa de Fuerza Popular no fue la única en responder, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado cuestionando la actuación del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, «que continúa en su afán de pretender judicializar la política», señalando que estas acciones pueden afectar la legitimidad y estabilidad democrática del país. El comunicado, que se presenta como institucional, deja en claro el respaldo del gobierno de Boluarte a sus aliados políticos.

Si bien el pronunciamiento de PCM podría ser visto como un acto de principios en resguardo de la democracia, la situación actual del gobierno, y las insinuaciones de su dependencia de Fuerza Popular, contribuyen, también, a la desconfianza de la población de cara al proceso electoral de 2026.

Estos ataques y contraataques reflejarían la creciente politización de los actores del Sistema de Justicia, en una ciudadanía que desconfía, cada vez más, de las principales instituciones del país.

La última encuesta de Ipsos revela que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, siguen liderando las encuestas de intención de voto para las elecciones generales, con 10% y 8%, respectivamente, pero sin que uno desmarque del resto del grupo. Ahora, Mario Vizcarra, hermano del expresidente, Martín Vizcarra, ocupa el tercer lugar con un 5% (aunque más del 70% afirma que lo confunde con el exmandatario), seguido de Carlos Álvarez con 4% y el Gobernador de La Libertad, César Acuña, con 3%, mientras otro grupo de candidatos voceados se mantiene con un 2% de intención de voto. En general, las subidas y caídas se mantienen dentro del margen de error, y no parecen mostrar todavía una tendencia marcada que pueda anticipar el resultado de las próximas elecciones.

Sin embargo, una gran parte de los encuestados, 37%, se mantiene con la opción de blanco/viciado/ninguno. Del desagregado de esto último, se puede establecer que Lima tiene más establecido su voto, comparado con el resto del país; pues en la capital un 23% continúa con el B/V/N; mientras en el interior esta opción llega al 44%. Una situación similar ocurre con los sectores socioeconómicos, donde el sector A y B ya habrían definido su voto, pues la opción de B/V/N es de 12% y 27%, respectivamente, al igual que el sector C, también con 27%. Son los sectores D y E los que mantienen la intención de blanco/viciado/ninguno con 45% y 47%, respectivamente.