Capitán en la cancha

Preparándose para el combate:

El Ejecutivo presentó este lunes un proyecto de ley, con carácter de urgencia, con el que busca modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República. Con un panorama nacional aparentemente controlado (por lo menos de momento), a cinco meses del inicio de su gestión, el gobierno de Boluarte ahora busca atender lo que ha sido su flanco más débil: el internacional. Hasta ahora, esta gestión había quedado en manos de la canciller Ana Cecilia Gervasi, a la que se han sumado embajadores políticos como Gustavo Adrianzén en la OEA, Walter Gutiérrez en España y recientemente Juan Jiménez en Costa Rica, para tratar de contrarrestar la narrativa de los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador. Estos dos últimos, aliados del expresidente Castillo, han buscado deslegitimar el gobierno peruano en cada foro internacional posible y en conferencias desde sus países.

El próximo 30 de mayo se llevará a cabo la reunión de presidentes de los países de América del Sur en Brasil. Ciertamente, acudir de manera presencial a este tipo de eventos le significaría a Boluarte la posibilidad de estar en igualdad de condiciones en el campo de batalla con sus opositores, y empezar a entablar una relación más cercana con un importante aliado regional como el presidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya le ha mostrado su respaldo en conversaciones privadas en diciembre pasado. La prioridad sería también posicionar hacia el exterior la imagen de un gobierno fortalecido y en control del país. 

El Ejecutivo, ahora, deberá iniciar una ronda de diálogo con las bancadas para negociar la aprobación de esta iniciativa legislativa. Si el Congreso le otorga prioridad en el debate, sería una señal de que el entendimiento del gobierno con algunas fuerzas de centro y derecha continúa en pie. Desde la Comisión de Constitución, presidida por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), se priorizó el debate del predictamen para la sesión de este viernes. Algunas bancadas como Somos Perú, Alianza para el Progreso, Avanza País y Fuerza Popular estarían a favor de aprobar el proyecto; mientras que la negativa recaería en las bancadas de izquierda, opositoras al gobierno, y en Renovación Popular. La decisión podría recaer en Acción Popular, bancada que está evaluando su posicionamiento respecto de otros intereses en el Parlamento, por lo que podrían negociar su apoyo a alguno de estos bloques.

¿Intercambio de favores?:

En la sesión del Pleno del miércoles, el Congreso eligió, con 88 votos a favor, 24 en contra y 9 en abstención a Josué Gutiérrez como nuevo Defensor del Pueblo. Gutiérrez ha sido congresista nacionalista del período 2011-2016, en el que se mostró muy cercano a Nadine Heredia y la familia del expresidente Ollanta Humala; abogado del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y asesor de la bancada de Perú Libre, que lo propuso como uno de los candidatos. Gutiérrez fue elegido con el apoyo de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular, pero obtuvo votos a favor en todos los bloques parlamentarios.

Fuerza Popular ha justificado su apoyo a un personaje cuestionado como Gutiérrez, que ha sido un rival político directo en el Congreso 2011 – 2016 y durante el gobierno de Castillo (al que el excongresista estuvo vinculado) en la necesidad de dejar los interinatos en la Defensoría. Sin embargo, el resultado de esta votación, más que brindar luces sobre una coalición para la elección de la Mesa Directiva, apuntaría a un intercambio de favores. Es decir, el Bloque Democrático (integrado por FP, APP y los parlamentarios María del Carmen Alva, Roberto Chiabra y el presidente del Congreso, José Williams) le otorga a Perú Libre al nuevo Defensor del Pueblo para que este sector no suponga un obstáculo en la elección de la próxima Mesa Directiva.

El soporte que le ha dado Fuerza Popular a Gutiérrez no se habría gestado de manera reciente, pues el nuevo Defensor del Pueblo sostuvo reuniones en enero con el congresista Hernando Guerra García y el asesor Miguel Ángel Torres. En los meses siguientes, Gutiérrez continuó con su ronda de relacionamiento para asegurar el soporte que recibiría, reuniéndose incluso con la líderesa del partido naranja, Keiko Fujimori, y con personajes de APP, Renovación Popular y hasta del Partido Aprista, aunque de estos últimos no han querido confirmar estos encuentros.

El respaldo de Fuerza Popular tiene otras aristas detrás, pues el nuevo Defensor del Pueblo será presidente de la Comisión Especial que elegirá a la nueva Junta Nacional de Justicia, institución encargada de nombrar jueces y fiscales, a fines de 2024. Además, el partido naranja buscaría que la exministra de Justicia, Delia Muñoz, quien también era candidata a la defensoría del Pueblo, reemplace a Augusto Ferrero, magistrado del Tribunal que cuenta con mandato vencido desde inicios de este año, aunque esta ha negado estar interesada.

De cara a otros resultados suscitados estos días, como el rechazo de la reconsideración que se presentó contra la elección de Gutiérrez, o el blindaje a los congresistas de Acción Popular llamados “Los Niños”, la derecha y los bloques que llevaron a la presidencia del Congreso a Alva, Camones y Williams, deben hacer esfuerzos para quebrar el bloque que se estaría formando entre algunas bancadas de izquierda y otras que vienen con ánimos de revancha contra el bloque que ha liderado el parlamento estos dos años.

Peligrosa narrativa:

Por último, la Corte Suprema del Poder Judicial emitió una sentencia de casación que establece que una protesta que llegue a niveles de violencia que vulneren derechos ajenos (daño a la propiedad pública o privada, bloqueo de carreteras, ingreso violento a instalaciones, entre otros) no tiene amparo constitucional y debe ser sancionado penalmente. Es decir, el uso de la violencia en el reclamo degrada y deslegitima la protesta.

El problema con esta casación es la narrativa que pretende imponer la izquierda: que la sentencia criminaliza la protesta. Algunos medios y figuras políticas de ideología izquierdista y progresista vienen repitiendo este discurso de cara a los intentos de un bloque del sur de promover la tercera ‘Toma de Lima’. En Puno, se espera un paro regional para el 30 de mayo, mientras hay otras marchas convocadas para el próximo 15 de julio. La ausencia de un liderazgo unificado y el tener a una ciudadanía abocada, en su mayoría, a la problemática económica y en el día a día, serían los principales factores para que esta nueva protesta se mantenga, principalmente, focalizada.

Es por ello, que, en búsqueda de “caldear” los ánimos de la ciudadanía, tratando de que esto genere indignación y sume adeptos a las marchas, en señal de rebeldía a la decisión adoptada por el Poder Judicial, se estaría promoviendo esta peligrosa narrativa tergiversando varios de los extremos en los que se sustenta la decisión de los magistrados de la Corte Suprema.