Caótico cierre de legislatura

Las preocupaciones del Ejecutivo:

Todo parece indicar que para 2024, Perú no lograría cumplir la meta del déficit fiscal revisada, fijada ahora en 2.8% del PBI para el actual y los siguientes años. Este viernes, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, señaló que proyecta que el déficit fiscal del año en curso cierre en 3.7% del PBI. Para Velarde, esto no es sostenible y es el más alto desde 1993, exceptuando el año de la pandemia. Sería el segundo año consecutivo en que el país no cumple con sus objetivos fiscales, pero el problema se podría extender más allá, pues el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha señalado que el incumplimiento se prolongaría incluso hasta 2026. Ello significaría la acumulación de 4 años seguidos fuera de la meta fiscal, lo que podría propiciar una rebaja en la calificación de riesgo crediticio para Perú.

La recaudación en el país también ha sufrido una desaceleración. Para los primeros diez meses del año, la recaudación neta del gobierno central solo anotaba un crecimiento de 0,3%, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). En este contexto, el MEF fijó la Unidad Impositiva Tributaria para 2025 en S/ 5,350. El incremento de 3.8 % respecto al monto fijado para 2024, mayor a la inflación que bordea el 2 %, respondería al contexto desfavorable de recaudación en el país.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, señaló que la presidente Boluarte anunciará la próxima semana el incremento de la Remuneración Mínima Vital. Si bien para Maurate este aumento se dará siguiendo criterios técnicos, no hubo consenso al respecto en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en octubre pasado. Desde entonces, la decisión quedaba en manos de una presidente que carece de los conocimientos técnicos que le permitan una adecuada toma de decisiones. De momento no hay claridad sobre el monto al que ascenderá el sueldo mínimo, pero el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habría propuesto un incremento del 10%, entre 105 y 120 soles. Sin embargo, desde el lado de los trabajadores, sostienen que la presidente se ha comprometido a evaluar un punto medio entre la propuesta del MTPE y la de las centrales sindicales, que buscan llegar a S/ 1,330. Todo parece indicar que, en el aumento de la RMV primará más un criterio político que uno técnico.

Caótico cierre de legislatura:

El caótico y desordenado cierre del actual período anual de sesiones del Legislativo llegó a su fin en la madrugada del sábado 14 de diciembre. Sin una agenda priorizada clara, y donde primaron las reconsideraciones y cuestiones previas para frenar y dilatar la discusión de algunas iniciativas, el Pleno no avanzó mucho, en realidad, respecto de la aprobación de los temas que estaban en la Agenda y que esperaban concretar antes del cierre de la legislatura.

A las 2:00 a.m. del sábado, el ministro Julio Demartini, que enfrentaba una moción de censura por las denuncias por posibles casos de corrupción en Qali Warma, se salvó de dejar el Gabinete Ministerial por solo 2 votos en la primera votación. Luego de rechazar una reconsideración, la moción fue enviada al archivo, evitando así la censura al titular del MIDIS por la entrega de conservas de caballo a niños del programa de alimentación complementaria. Una vez más, fue clave la posición de las bancadas aliadas al gobierno, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, así como el manejo del presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, para buscar un momento de desconexión de sus colegas y tratar de ayudar a uno de los ministros más cercanos a Boluarte. Precisamente esta afinidad con la presidente habría jugado a favor del ministro, pues a diferencia de Rómulo Mucho quien fue censurado hace unas semanas, Demartini pertenece al círculo más próximo a la mandataria, y como han afirmado algunos parlamentarios, distintos coordinadores del Ejecutivo estuvieron sumamente activos para evitar la censura

Respecto a otras polémicas de las últimas semanas, el Pleno aprobó restituir la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia, luego que la derogación inicial generó rechazo y críticas por cómo esta medida afecta la lucha contra todo tipo de delitos. El ejemplo más reciente involucra al vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien ha sido implicado en la investigación de Qali Warma, pues fue director del programa entre 2019 y 2022. Si bien se realizó un allanamiento a la casa de Hinojosa el martes por la mañana, en un operativo que involucró a otros 17 inmuebles y 14 investigados, se dio a conocer que el Ministerio Público habría solicitado la detención preliminar de los investigados. Sin embargo, solo se autorizó el allanamiento pues se vieron favorecidos por la norma sobre detención preliminar. La autógrafa fue enviada al Ejecutivo que, hasta el momento, no la promulga.

Por otro lado, el Pleno no logró los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional que buscaba limitar la participación de sentenciados por delitos graves en los procesos electorales, lo que hubiera impedido la postulación del etnocacerista Antauro Humala en 2026, entre otros cuestionados personajes. Pese a que hubo cambios en la lista de delitos considerados, el dictamen solo obtuvo 65 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones. Al no haber superado los 2/3 del número legal, ni la mitad más uno del número legal de congresistas como mínimo para ser sometido a referéndum, su aplicación no será posible en la siguiente elección. Si bien se presentó una reconsideración, esta se vería a partir de marzo por lo que, incluso de aprobarse con los votos necesarios, estaría fuera de los plazos de ley.

¿Qué pasó con la autógrafa?:

El pasado domingo se promulgó en El Peruano la Ley de desarrollo agrícola del cáñamo para uso industrial, la misma que fue aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso días antes. El problema es que, tras la promulgación, se descubrió que el texto publicado no era el mismo que la autógrafa enviada por el Congreso. Son cinco las modificaciones detectadas a cambios de fondo al texto, que no podrían considerarse como modificaciones vinculadas a la técnica parlamentaria.

La polémica desencadenó que la Sala Plena de la Corte Suprema anuncie la conformación de una comisión para analizar las leyes promulgadas y tomar las acciones correspondientes, mientras el despacho presidencial descartó cualquier tipo de alteración en los textos de las normas promulgadas. El Peruano reconoció que se hicieron cambios a la autógrafa, lo que se calificó como un error humano y se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Si bien el diario oficial ya corrigió el error, con una fe de erratas, diferentes bancadas en el Congreso piden identificar a los responsables, evaluar el inicio de acciones legales y, posiblemente, crear una comisión para realizar una revisión de las leyes promulgadas este año. El hecho ocurrido es sumamente grave e inusual y refleja una ausencia de respeto a las instituciones. ¿Pasará también por agua tibia?

¿Enfrentando al Congreso?:

En las últimas semanas, distintos actores han ido levantando su voz contra el Congreso de la República. Tras la censura al exministro Rómulo Mucho y la ampliación de REINFO, ComexPerú rechazó esta decisión y señaló, en términos claros, que los congresistas que votaron a favor de la ampliación votaban, finalmente, en favor del crimen organizado. “No les interesa las muertes, prostitución infantil, ni daños al medio ambiente que genera”, señaló el gremio en un comunicado.

Ahora, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se retiró de la mesa de trabajo organizada por la Comisión de Energía y Minas para elaborar una nueva Ley MAPE. La SNMPE cuestiona al presidente de la comisión, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), de estar parcializado. “La mesa de trabajo que usted promueve no busca un verdadero diálogo”, indicó la sociedad en una carta enviada a la comisión. Queda por ver si estos rechazos públicos a las acciones del Congreso serán imitados por otras instituciones que comenzarán a elevar su voz de protesta y rechazo al Legislativo.

En la misma línea, el Poder Judicial también emitió un pronunciamiento cuestionando las normas emitidas por el Parlamento, y la Sala Plena de la Corte Suprema anunció la conformación de una comisión para analizar las leyes publicadas en materia penal, fiscal y judicial en los últimos meses.

El Congreso, cuya aprobación es de 8 %, se ha mostrado reacio a aceptar críticas y opiniones técnicas, y, por el contrario, sigue apostando al populismo y el encubrimiento. Para el año que viene, no se vislumbran cambios, y por el contrario, podrían seguir sumando puntos a su descrédito ante la ciudadanía y demás instituciones públicas y privadas.

Presunta red de proxenetismo en el Congreso:

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, destituyó al jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres, tras las denuncias en su contra. Torres, cercano a Alianza para el progreso, fue sindicado en un reportaje periodístico como líder de una red de proxenetismo que operaría dentro del Congreso. Aun cuando el partido ha negado dicha cercanía, ha trascendido que el denunciado llegó al Parlamento por recomendación de Luis Valdez, hombre de confianza de César Acuña, con mucho poder de decisión en el partido, e influencia en la bancada. Las consecuencias de esta denuncia para la agrupación que preside el parlamento desde julio 2023, todavía están por verse, y cualquier escenario es posible, incluso que se impulse una vacancia contra el titular de la Mesa Directiva.

El reportaje que reveló este gravísimo hecho ha incluido el testimonio de una extrabajadora, quien afirmó que Torres contrataba a mujeres, sin calificación ni experiencia requerida para los cargos que ocupaban, para ofrecer supuestos servicios ajenos a las funciones laborales. El destape se originó a raíz del atentado y posterior fallecimiento de una exfuncionaria vinculada a Torres.

Desde la comisión de Fiscalización, su presidente, Juan Burgos, ha deslizado la posibilidad de que esta denuncia involucre el intercambio de favores sexuales a cambio de apoyar determinadas iniciativas. Además de lo indignante que resulta lo revelado, es cierto que en Podemos Perú existe incomodidad con las bancadas que lideran la Mesa Directiva, especialmente con APP, por la aprobación del Presupuesto 2025, en el que sienten que quedaron excluidos.

Distintos parlamentarios han pedido que el caso se investigue “caiga quien caiga”. Es difícil creer que, en este Congreso, en el que el “otorongo no come otorongo” es ley, se tomen medidas al respecto. Sin embargo, la cercanía del escenario electoral y el proceso de investigación iniciado por la Fiscalía contra Torres podría llevar a distintos congresistas a deslindar realmente de lo sucedido, apoyando sanciones contra quienes resulten responsables.

Presupuesto 2025, ¿impacto político para el gobierno?:

Tras la publicación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que se ha dado al Ministerio Público menos del 25% del presupuesto solicitado. El gasto asignado solo alcanzará para mantener gastos corrientes y continuos, pero no para acciones que permitan mejorar el servicio del Ministerio Público, según indicó Espinoza.

Esta falta de presupuesto le puede suponer un nuevo flanco de ataque a la gestión de Boluarte. El saliente presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha criticado al gobierno señalando que poco o nada hace para frenar la delincuencia. Por su parte, la presidente electa del PJ, Janet Tello, ha criticado la propuesta de pena de muerte que buscó poner en debate la mandataria.   

El gobierno de Boluarte, que no tuvo piso de negociación para el presupuesto con el Congreso, deberá enfrentar el impacto, tanto político como judicial, que le podría suponer tener en su contra a los actores del sistema de Justicia por no haber logrado el presupuesto que necesitaban sus instituciones para el próximo año. Si bien ello no significa que estas instituciones adoptarán actitudes revanchistas contra el gobierno, lo cierto es que la gestión de Boluarte deberá saber solucionar este problema, probablemente a través de partidas presupuestarias complementarias, para evitar complicaciones. 

Los casos judiciales:

El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Sahuanay, señaló que la sentencia contra Vizcarra, procesado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, deberá darse el próximo año, al igual que la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala, procesado por los aportes a sus campañas presidenciales. 

El gobierno aprobó, mediante resoluciones supremas, solicitar a Israel la extradición de la exprimera dama Eliane Karp de Toledo, así como de Avraham Dan On, quien fue jefe de seguridad y hombre de confianza del exmandatario Alejandro Toledo. Este pedido, que se sustenta en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, se da por las denuncias por lavado de activos contra Karp y Dan On.

El Tribunal Constitucional ordenó que se haga público el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Con la resolución, es probable que en los próximos días se conocerán los detalles del acuerdo de beneficios firmado en 2019, así como el acuerdo complementario del mismo año, pero abre la puerta a que se pueda hacer público el acuerdo de colaboración de otros casos, con las repercusiones que ello puede suponer, especialmente en un año preelectoral.

En lo que podría ser considerado como otro traspié para el equipo de Fiscales del caso Lava Jato, el TC declaró fundado el habeas corpus presentado por José Chlimper, por el ‘Caso Cócteles’, ordenando la nulidad de la acusación fiscal, y ordenando que se emita una nueva. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha logrado tener avances concretos en este caso, que, de momento, no ha pasado de lo mediático, generando descrédito sobre el rol de la Fiscalía.

En paralelo, el TC abre una ventana de esperanza a Patricia Benavides para volver al Ministerio Público, tras declarar fundado un recurso de queja para anular las investigaciones preliminares y procedimientos disciplinarios que afronta ante la Junta Nacional de Justicia. Benavides busca ser restituida como Fiscal Suprema, e incluso, retomar su cargo de Fiscal de la Nación. 

Por último, el TC también declaró infundada la demanda de amparo que presentó una ciudadana para solicitar que Martín Vizcarra sea incorporado como congresista para el período 2021-2026. Vizcarra continuará inhabilitado para ocupar cargos públicos. Esta decisión se suma a las malas noticias que viene recibiendo el expresidente, que busca ser candidato presidencial en 2026, en el marco de sus procesos judiciales.