Caldo de cultivo para líderes radicales.

¿Reformas sin rumbo?:

La Comisión de Constitución parecería no tener un rumbo claro respecto a las reformas políticas que buscan aprobar en el Congreso. En las sesiones posteriores a la primera aprobación en el Pleno del adelanto de elecciones, se han presentado especialistas para analizar y debatir el retorno a la bicameralidad, la reelección congresal y el voto preferencial en el sistema electoral.

No solo son reformas que se deben trabajar en un corto plazo para que puedan regir desde las siguientes elecciones, sino que además no generarían un resultado particularmente distinto a los pasados procesos electorales. Esto, puesto que las reformas, de forma más que de fondo, no cambiarán el perfil del elector o la organización de los partidos políticos. Los principales actores políticos siguen siendo los mismos, después de todo.

Actualmente, son diversos los actores en el Congreso que no se encuentran en las mismas bancadas de los partidos por los que fueron elegidos. La evolución de la actual composición del Parlamento, producto de una atomización en micro bancadas, así lo demuestra. Además, hay actores políticos externos a la función pública, que tampoco están en partidos políticos. En ese sentido, según el Registro de Organizaciones Políticas, son 15 las agrupaciones que están proceso de inscripción. De todos ellos, tres (Tierra Verde, Frepap y Fe en el Perú) estarían por finalizar su registro este mes. ¿Quiénes más buscan formalizar sus partidos? El expresidente Martín Vizcarra, el exalcalde Álvaro Paz de la Barra, el excongresista y exviceministro Virgilio Acuña, y el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, entre otros más. Incluso, 2024 también podría ser testigo del retorno del Partido Aprista Peruano.

Todos estos actores políticos terminarían estando al margen de las reformas que se debaten en el Congreso, pero que deberán adecuarse a ellas, finalmente, de ser aprobadas. Estas reformas políticas, vendidas como evangelios, no serían la salvación, necesariamente, para el cambio significativo en los electores.

Por último, uno de los puntos más riesgoso es la posibilidad de recortar el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. Ese sería el objeto de la iniciativa legislativa presentada por la congresista de Avanza País, Roselli Amuruz. El riesgo sería politizar estas instituciones mediante un cambio que no es una demanda ciudadana sino, en todo caso, sería más un capricho político del mismo sector que no perdió el discurso del fraude electoral y que responsabilizó a estas autoridades. A un proceso electoral complicado se le podría sumar un descrédito innecesario de estas instituciones de concretarse esta iniciativa. A octubre de 2022, según el IEP, la aprobación de RENIEC alcanzaba el 65%, la de ONPE el 60% y la del JNE se encontraba en 56%. Sus índices de desaprobación solo llegaban a 31%, 33% y 35% respectivamente.

Demandas radicales:

Esta semana, empezó el paro macro regional sur que se venía convocando para el 4 de enero. Como era de esperarse, Puno y Cusco han sido las regiones más activas, con la quema de una garita de peaje en Puno y un intento de toma del aeropuerto de Juliaca. Además, Ica se ha ido sumando con bloqueos en la Panamericana Sur, y otras regiones como Apurímac y Madre de Dios también presentan bloqueos por manifestaciones.

Sin embargo, en el resto del país primaría la sensación de indiferencia. Es decir, sería palpable el descontento generalizado de la ciudadanía respecto a la clase política, pero, al igual que en el gobierno de Castillo, prefieren dedicarse a las actividades diarias que a volcarse en las calles. El sector que continúa protestando es el mismo identificado con pedidos radicales, medidas antisistema y que arrastran demandas insatisfechas a lo largo del tiempo. En Lima, la manifestación convocada para el 4 de enero no generó mayor repercusión ni escaló a un enfrentamiento mayor.

El principal problema con que continúen insatisfechas las demandas de este sector más radical del país es que será, siempre, caldo de cultivo para líderes radicales, aunque no habría alguien que canalice estas demandas por el momento. En este caso, se pudo haber pensado que Pedro Castillo tenía el liderazgo de este grupo, pero las actuales demandas (que no incluyen su liberación) demuestran lo contrario. Son muy pocos los simpatizantes que se acuerdan de él en los exteriores de la DIROES. Estas marchas y demandas se sostendrían hasta lo que podría ser el inicio de la próxima campaña electoral que, de aprobarse en el Pleno, podría empezar a finales de este 2023.

Escaso manejo político:

La presidenta Dina Boluarte, con un carácter firme para muchas cosas, tendría dificultades en el manejo político, pues ha terminado cediendo a presiones de grupos políticos rápidamente. El nombramiento de Juan Carlos Liendo como jefe de la DINI tuvo críticas por la cercanía de este a políticos de derecha, como los actuales congresistas Jorge Montoya, José Cueto y Roberto Chiabra. La pérdida de la confianza de Boluarte a Liendo, nombrado en la breve gestión del expremier Pedro Angulo, estaría más asociada a lo que se podría haber gestado contra Boluarte que a las declaraciones de Liendo sobre el conflicto de diciembre.

El reemplazo de Liendo es el general PNP en situación de retiro Roger Arista Perea. Arista Perea estuvo tres días en el cargo de jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), pero presentó su renuncia señalando que no existían las condiciones para su cargo (en alusión a presiones para no apoyar en la búsqueda de prófugos del entorno del expresidente Castillo). Sin embargo, su nombramiento evidenciaría el escaso manejo político de Boluarte, pues Arista Perea sería un personaje cercano a Perú Libre y Vladimir Cerrón, aunque la presidenta y el premier han negado dicho vínculo.