¿Atribuciones o desinstitucionalización?

Preparando terreno:

Tras las críticas recibidas por los viajes al extranjero, la presidenta Dina Boluarte plantea cambios en esta estrategia. Por un lado, el Ejecutivo estaría tratando de hacer una mitigación de daños a la imagen de la mandataria realizando viajes a regiones. Especialmente en zonas donde las autoridades regionales puedan ser consideradas aliados del Ejecutivo. Teniendo en cuenta que el Foro APEC Perú 2024 se realizará en sedes en Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo y Pucallpa. La mandataria estaría buscando cosechar réditos con los gobernadores para que no le supongan un elemento hostil de manera pública durante la realización de este evento en el país. Además, el equipo de comunicaciones de Palacio estaría tratando que la cobertura periodística de estos viajes no sea nacional, optando preferentemente por la cobertura local. Ello, por la poca capacidad de respuesta de Boluarte ante las preguntas de los periodistas que la han puesto en apuros en más de una ocasión. La presidenta ha preferido minimizar sus declaraciones en público, optando por dar el uso de la palabra a los ministros que la acompañan.   

Por otro lado, la mandataria persistirá en los viajes al extranjero. Se remitió al Congreso el oficio para poder estar fuera del territorio del 1 al 4 de noviembre para asistir a la Cumbre de los líderes de APEP, organizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y en otras actividades empresariales en paralelo. Para el Ejecutivo es importante lograr revertir la imagen de Boluarte en el plano internacional, luego de que sus opositores políticos, junto a los aliados nacionales e internacionales de Pedro Castillo, lograran difundir ampliamente los cuestionamientos a su legitimidad como mandataria. La presidenta Boluarte se arriesga a que, en estos momentos, el Congreso le niegue el pedido, apalancándose en el reciente anuncio del ministro de Economía, Álex Contreras, quien confirmó que el país se encuentra en recesión. Para los opositores a Boluarte, las giras de la mandataria han sido costosas y no habrían generado réditos para el país, además, luego de este pedido deberá presentar otro para participar en la Cumbre APEC, también en Estados Unidos, a mediados de noviembre. Por ahora, el presidente del Congreso ha convocado a sesión del Pleno para el lunes 30 de octubre con la solicitud de salida del país como único punto de agenda, lo que ya ha despertado algunas críticas, pero grafica la buena relación entre Palacio de Gobierno y APP.

¿Atribuciones del Congreso o trama de desinstitucionalización?:

La situación de la tercera vicepresidenta Rosselli Amuruz parecería complicarse en un plano externo al Congreso, sin que eso la lleve a evaluar presentar su renuncia al cargo en la mesa directiva. La Fiscalía de la Nación abrió, esta semana, una investigación preliminar en contra de la congresista por las contrataciones en el Congreso vinculadas a quien sería su pareja, Paul García. De momento, se conoce que son 8 las personas contratadas por Amuruz vinculadas a García. Esta investigación ocurre luego de que la Procuraduría General del Estado solicitara a la Fiscalía de la Nación iniciar esta investigación preliminar de oficio. Para la Procuraduría, Amuruz habría cometido el presunto delito de negociación incompatible, lo que tiene una pena de entre 4 a 6 años de cárcel.

En el Congreso, la situación de Amuruz parecería estar mejor controlada. De momento, el bloque aliado de la Mesa Directiva tampoco ha cambiado de posición, pues tanto Somos Perú como Fuerza Popular continúan a favor de que Amuruz permanezca en la Mesa Directiva. Por su parte, las bancadas de APP y Avanza País habrían preferido no pronunciarse, pero el respaldo es palpable; mientras Perú Libre no aclara su postura respecto al tema. Además, el Pleno rechazó admitir a debate la moción de censura que buscaba destituir a Amuruz de la Mesa Directiva y la Comisión de Ética aún no tiene listo el informe de calificación de la denuncia de oficio. La congresista ha optado por tratar de revertir los cuestionamientos hacia su imagen, siendo mucho más activa, que antes, en su desempeño parlamentario. Amuruz viene sosteniendo reuniones con diferentes alcaldes distritales, con una agenda enfocada en la inseguridad ciudadana; aunque eso también le ha valido críticas adicionales, dada su asistencia a la fiesta organizada para su pareja que culminó con el asesinato de una persona.    

Por último, la trama respecto al Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa desarrollándose, luego de que el Poder Judicial admitió a trámite la demanda planteada por los integrantes de la JNJ contra el proceso iniciado en el Parlamento, que podría terminar con la remoción de sus puestos por presuntas causas graves. El informe de la Comisión de Justicia que propone la destitución de los miembros está a la espera de ser debatido en el Pleno. Para aprobar esta remoción, se necesita de una votación de los 2/3 del Parlamento, lo que en la práctica equivale a 87 votos. Algunas bancadas estarían retrocediendo en las acusaciones de falta grave planteadas contra todos los miembros de la JNJ. Esta situación se produce, además de por las críticas desde distintos espacios, a que el próximo año se debe instalar la Comisión de selección de los nuevos miembros de la Junta, pues los actuales culminan funciones los primeros días de enero de 2025. Desde el Parlamento esperan evitar mayores cuestionamientos a fin de distraer la atención de ese proceso.

Sobre esta situación hay dos lecturas. Por un lado, está la crítica que afirma que quienes promueven esta destitución, estarían tratando de hacer cambios en los organismos electorales. La JNJ tiene, entre sus atribuciones, la elección de los jefes de la ONPE y RENIEC (el mandato de los actuales vence en 2024), así como nombrar a los jueces y fiscales de todos los niveles. La selección de la nueva JNJ estará encabezada por el actual defensor del Pueblo, José Gutiérrez, quien es parte de, lo que se podría denominar, una “alianza anti-caviar” en el Congreso. Forman parte de esta selección especial, también, el presidente del Tribunal Constitucional, cuyos actuales miembros han sido elegidos por el presente Congreso; la Fiscal de la Nación, alineada también al mencionado bloque del Congreso; además del presidente del poder Judicial y los representantes elegidos por las universidades públicas y privadas, respectivamente. Sobre estos últimos, cabe señalar que el actual Congreso aprobó las iniciativas que permitieron la elección de Aaron Oyarce Yuzzelli, en febrero pasado, tras modificar la convocatoria a elecciones del miembro titular del Pleno del JNE designado por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Es decir, la sensación es que la comisión especial que tendrá a su cargo la elección de los nuevos miembros de la JNJ es afín al actual Congreso, cuyos líderes políticos de las actuales bancadas, como Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, enfrentan procesos con la justicia, además de tener a casi 50 parlamentarios con pesquisas abiertas, tanto en la Fiscalía de la Nación como en las fiscalías supremas.

La otra lectura es que el actual Congreso no ha realizado atribuciones que no le correspondan. Es decir, dentro de sus funciones, el Congreso tiene a su cargo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, del defensor del Pueblo, entre otras autoridades más, como el Contralor General de la República ( cuyo mandato vence en 2024). Lo cierto es que, la nube de cuestionamientos alrededor del “Congreso versus JNJ”, se centra en que se buscaría inhabilitar a 3 de los 7 miembros (la actual presidenta, Imelda Tumialán; el vicepresidente, Aldo Vásquez; e Inés Tello). Si bien concretar esta inhabilitación no cambiaría mucho el panorama dentro de la JNJ, sería una nueva demostración del poder que intenta exponer el Congreso, de manera constante. A la interna del Parlamento, e independiente de las ideologías y posturas políticas de las bancadas, hay una coalición de defensa del fuero parlamentario que habría sido llevada al extremo. Después de todo, en estos últimos años, el actual Congreso ha demostrado que los parlamentarios pueden tranzar acuerdos, sin importar cuán cuestionados sean, otorgando también indicios de saber esperar y ceder, en algunos momentos, para finalmente conseguir sus objetivos.