Acciones y decisiones cortoplacistas

Junta Nacional de Justicia:

Esta semana juraron al cargo los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, para el período 2025 – 2030. El primer puesto en el cuadro de mérito del concurso público lo ocupa Gino Ríos Patio, exprocurador público durante el segundo gobierno de Alan García. Ríos fue acusado de utilizar recursos y personal de su despacho en su proceso de divorcio. El segundo puesto lo obtuvo Francisco Távara, exjuez supremo y expresidente del JNE, quien solo ejercerá el cargo por 17 meses, pues cesaría sus funciones al cumplir los 75 años. Távara ha sido vinculado al prófugo exjuez supremo César Hinostroza en el caso de ‘Los Cuellos Blancos’. El tercer puesto lo ha obtenido Jaime de la Puente Parodi, quien en 2020 había quedado como suplente en el anterior proceso de la JNJ y, tras la inhabilitación a Inés Tello y Aldo Vásquez, fue convocado a ocupar una de las plazas, pero declinó de la propuesta. La exjueza María Teresa Cabrera Vega, quien ocupa el cuarto puesto en el cuadro de mérito, fue congresista por Podemos Perú en el período 2020 – 2021, candidata a vicepresidenta por este partido en 2021, y ha tenido denuncias de tráfico de influencias, nepotismo y falsedad en su declaración jurada, relacionadas con su tiempo en el Congreso y Poder Judicial. El quinto puesto lo ocupa Víctor Hugo Chanduví Cornejo, quien registraba denuncias y procesos judiciales por los presuntos delitos de patrimonio y asesoramiento ilegal, señaló en su entrevista personal que había un ataque sistemático por parte de la prensa al Sistema de Justicia. Los últimos titulares son los abogados Germán Serkovic y Rafael Ruiz Hidalgo. Serkovic posee una mayor trayectoria en el sector privado; mientras que Ruiz se ha desempeñado como asesor principal del todavía presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.

Se trata de una JNJ con una conformación de tendencia hacia la derecha conservadora. Además, como ha ocurrido con otros organismos e instituciones, como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, tiene una fuerte vinculación a los grupos políticos representados actualmente en el Congreso. La disolución del Consejo Nacional de la Magistratura no ha significado el fin de instituciones copadas por integrantes asociados a partidos políticos que son investigados bajo el presunto delito de organización criminal por el Ministerio Público, como es el caso de Podemos Perú. De manera cíclica, José Luna Gálvez, congresista y líder de Podemos, vuelve a tener a personas de su entorno en los organismos de justicia del país.

Por último, el proceso de selección de los actuales miembros ha sido cuestionado desde el inicio, y estas críticas continuarán, pues las observaciones se han acumulado. El informe final de la Misión Internacional de Observación, encargada de verificar la transparencia en la selección de los próximos integrantes, concluye sobre la falta de transparencia que ha caracterizado a las actuaciones preliminares al proceso de selección, la escasa publicidad a la convocatoria, la información disponible sobre las tachas presentadas, el método de puntuación utilizado por los miembros de la comisión especial y que, finalmente, el cuadro de méritos no se formó durante una sesión pública ni con acceso al público. Esta última sesión no fue anunciada como parte de calendario, como debía ocurrir con todas las actividades y sesiones de la comisión: “el cuadro de méritos se aprobó con total opacidad”. Es decir, los vicios al proceso han generado una actual composición de integrantes, con cuestionamientos, vinculadas al poder político.

Independientemente de los cuestionamientos, los vínculos políticos y los intereses de distintos grupos en que asuman los nuevos integrantes o se prolongue el período de los salientes, lo concreto es que la JNJ no ha servido para garantizar la transparencia que se esperaba en el Sistema de Justicia. Por el contrario, la institución es cada vez más cuestionada, y eso opaca la importante labor que deberían desempeñar. La desinstitucionalización continuará.

Congreso:

La Comisión de Constitución aprobó esta semana algunos dictámenes recaídos en materia electoral. El texto sustitutorio que autoriza a los peruanos residentes en el extranjero el uso del pasaporte en el ejercicio del derecho de sufragio se aprobó por mayoría. También, por mayoría, se aprobó el texto sustitutorio de reforma constitucional que regula la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El presidente del JNE es elegido de entre los miembros del Pleno por un periodo de dos años, sin opción para reelección en el cargo. Si bien los dictámenes tendrán que debatirse y aprobarse en el Pleno, hay, ciertamente, una mirada cortoplacista del actual Congreso, que continúa arrastrando los resultados de las pasadas elecciones en cada decisión que toma actualmente.   

La discusión sobre los proyectos de ley que proponen adecuar la normativa electoral al proceso de elecciones del Congreso Bicameral se ha entrampado en la comisión, pues pasó a cuarto intermedio tras un extenso debate. Los grupos parlamentarios que usualmente estarían alineados a los mismos objetivos, como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, ahora están enfrentados. El conflicto es la fórmula del 5% para la valla electoral. Para Fuerza Popular, que claramente se presentará solo en el próximo proceso electoral, debería haber una restricción a las alianzas y el porcentaje de la valla electoral debería incrementarse en estos casos, porque, de lo contrario, se premiarían las alianzas, como señaló la congresista Martha Moyano. Por su parte, la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, señaló que no se puede “castigar” a los partidos que decidan ir en alianzas electorales con un incremento en la valla electoral. Nuevamente se trata de una discusión solo con miras hacia el 2026 y donde se vislumbran los intereses de cada partido político. La discusión sobre la reforma electoral puede terminar de complicar la relación entre varias bancadas de posturas cercanas.

Panorama 2026:

La última encuesta realizada por IPSOS sobre las intenciones de voto para las Elecciones Generales de 2026 ubica en los primeros lugares a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con un 12% y a Antauro Humala, sentenciado por el ‘Andayhualazo’ con 8%. Ambos han registrado un incremento de dos puntos respecto a la última medición realizada en julio. Luego le siguen, con un 4% de intención de voto, el humorista Carlos Álvarez y el expresidente Francisco Sagasti. Sin embargo, las preferencias cambian al ser consultados por los partidos políticos. Fuerza Popular mantiene el primer lugar con un 9%, pero Acción Popular se convierte en la segunda opción, con un 5%, al igual que A.N.T.A.U.R.O., aunque el partido de la lampa no tiene un candidato definido para la presidencia. La recordación de partidos y candidatos prima en las preferencias de las elecciones, como es usual cuando se está a año y medio de un proceso electoral.

Respecto a qué tipo de líder prefieren los encuestados, en medio de la actual coyuntura de inseguridad ciudadana e inacción de las autoridades, el 45% prefiere un “líder fuerte, dispuesto a actuar con mano dura para poner en orden”. En comparación con abril de este mismo año, este perfil de candidato solo tenía un 34% de preferencia, y hace un año y siete meses, el porcentaje era de 24%. El ‘manodurismo’ tendrá un rol clave en la próxima elección.

Esta semana, Antauro Humala tuvo una entrevista con Rosa María Palacios y señaló que no se considera un expresidiario resocializado, pues ello significaría reconocer como error el acto de rebelión por el que fue condenado en 2005. Además, considera que el 80% de los peruanos es informal y casi subversivo. No es inusual la postura radical de Humala. Sin embargo, es un arma de doble filo pues, si bien en la capital puede generar ruido y rechazo, en otros sectores sus mensajes anti-establishment tienen eco y recepción. En medio del plazo que tiene la Corte Suprema para resolver el pedido del Ministerio Público para declarar ilegal al partido A.N.T.A.U.R.O., la presidente del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, recibió a Humala en la sede institucional para una reunión. Varios congresistas han criticado este encuentro y piden que se aclare los motivos de la cita.  Desde el Parlamento, la sensación de insatisfacción con el rol de Pacheco como presidenta del TC, va incrementando, pues este aparente cambio de posturas no era algo que esperaban.

Persiste la nula capacidad de comunicación del gobierno:

El gobierno de Boluarte se enfoca en la realización de APEC, cuya semana culminante será la del 9 al 16 de noviembre en Lima, en la Semana de Líderes de las Economías del Foro. Los gremios de transportistas anunciaron, en una reunión interna, que acatarán un paro nacional en los días centrales del APEC. Teniendo en cuenta que se ha declarado feriados en esta fecha, la medida podría no tener el impacto deseado, por lo que sumarán movilizaciones como medidas de fuerza.

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, calificó de “traidor a los intereses de la patria” a los que convoquen a medidas de fuerza durante la Cumbre del Foro. El jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, también señaló que el gobierno no permitirá “brotes de violencia” durante esos días.

El gobierno ha adoptado una línea de confrontación, como disuasión a posibles marchas o movilizaciones, pero el efecto podría ser todo lo contrario. Se ha vuelto evidente la debilidad de la estrategia de comunicación del gobierno y las consecuencias que esto acarrea. A ello se suma que, debido a la deficiente relación que mantiene el gobierno con la prensa, no se aclare la narrativa que pretende cimentar un sector de la izquierda sobre la ausencia de soberanía nacional ante el ingreso de las Fuerzas Armadas extranjeras durante el mes de noviembre, situación que no es inusual ante la llegada de los líderes de las principales economías del APEC.

Los reflectores estarán puestos sobre el gobierno de Boluarte, cuya prueba de fuego será la realización de APEC sin contratiempos, teniendo como principales aliados a los congresistas y algunos gobernadores.