Acciones reactivas y distractoras del gobierno

Medidas reactivas:

El jueves 26, los choferes y conductores de transporte urbano de Lima y Callao acataron el paro anunciado un día antes por representantes del sector. Desde hace unas semanas, las empresas formales de transporte urbano de pasajeros de Lima Norte vienen denunciando que son víctimas de extorsión e incluso, en algunos casos, de sicariato, ejecutados por distintas bandas criminales que se han instalado en Lima. La respuesta inicial del gobierno de Boluarte fue, tal vez, el detonante para que los transportistas se organicen y generen que más actores se sumen a la convocatoria del jueves. A ellos se unieron empresarios bodegueros, restauranteros y de otros comercios, de distintos distritos de Lima, que padecen de las mismas amenazas. En un país en donde persiste la informalidad laboral, el gobierno, demostrando su nula capacidad de entendimiento de la realidad nacional, solicitó a las empresas priorizar el teletrabajo, debido a la inseguridad registrada en los distritos de Lima Norte.

La respuesta tardía del Ministerio de Educación, que suspendió las clases presenciales en la capital el mismo jueves a las 5:30 a.m., en un comunicado difundido en redes sociales, evidencia que el gobierno no esperaba que la medida de fuerza se concrete, o que llegue a tener la magnitud registrada. El Ministerio de Trabajo amplió la tolerancia a 4 horas para el ingreso a los centros laborales ante la dificultad de traslado de los trabajadores. La Policía Nacional tuvo que disponer de 14 buses de la institución para ayudar en la movilización de las personas.  

El resto de las medidas adoptadas el mismo jueves, incluida la declaratoria del Estado de Emergencia en 12 distritos de Lima y Callao, han sido, como suelen ser para este gobierno, reactivas e inofensivas para el enemigo al que deben combatir: el crimen organizado.

Estamos frente a un gobierno sobrepasado en la capacidad de manejo del país y que prioriza el factor político en la continuidad de algunos titulares del gabinete, más que en sus capacidades o meritocracia. Se sobreentiende que son los aliados políticos del gobierno los que deciden si le bajan el dedo, o no, a ministros y funcionarios que responderían a un cupo de negociación. Es este respaldo político el que permite la permanencia en el cargo de ministros cuestionados por su desempeño, como el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, o el ministro de Salud, César Vásquez; mientras el manejo de estos sectores se deteriora en perjuicio para la ciudadanía.

Aunque es incierto lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas, esta manifestación ciudadana tiene componentes distintos a los anteriores convocados contra el gobierno. Si significará un detonante o no, dependerá de que se mantenga como una protesta genuina y ciudadana, sin que grupos políticos quieran subirse a la ola. Esta manifestación solo tenía enarbolada la bandera del hartazgo y el cansancio, sin color político alguno. Esta vez, los trabajadores y los emprendedores están reclamando que la clase política les asegure el poder trabajar sin que su vida corra riesgo. No piden nada adicional, no exigen más beneficios laborales, no marchan contra una ley, aunque algunos intenten introducir esos mensajes. Solo reclaman que el Estado sea capaz de salvaguardar su integridad, mientras ellos trabajan por sacar adelante a sus familias. Esta expresión ciudadana es sumamente potente, y puede gatillar otras expresiones de insatisfacción ante un peligro común, como es el alarmante crecimiento de la inseguridad ciudadana.

Mientras tanto, la presidente Boluarte prefiere guardar silencio, y desaparecer, incluso sin registrar actividades en medio de un día tan convulso, a la vez que sus ministros minimizan las distintas problemáticas que afectan a los peruanos a lo largo del territorio.

Para el ministro de Salud, el desabastecimiento de medicinas que reclaman los pacientes no es real. El titular de Midagri minimiza informes que señalan que en el país se pasa hambre, y señala que si se queman 5 mil hectáreas no importa pues tenemos más de 7 millones de hectáreas agrícolas. El ministro Quero señala que las violaciones en el pueblo awajún son temas culturales. En la misma línea, las extorsiones, asesinatos y robos se “enfrentan” con Estados de emergencia, al tiempo que el premier relativiza los reclamos de otros sectores. La paciencia se va agotando al tiempo que el miedo se apodera del ciudadano de a pie. El gobierno, en complicidad con el Congreso, viene jugando con fuego, sin darse cuenta del incendio que se pueden generar o que pueden dejar al país una vez que les toque irse.

Distracciones para el gobierno:

El destape del caso del animador de televisión Andrés Hurtado cayó del cielo para el gobierno de Boluarte, en un contexto en el que nuevamente se denunciaba la aparente protección que habría desde Palacio de Gobierno al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En días previos, se confirmó la presencia del vehículo presidencial en el mismo lugar en el que se realizaba un operativo contra Cerrón, este verano. El vocero presidencial opta por responder a los periodistas, y a la ciudadanía, en horarios en los que parecería que prefiere que las conferencias pasen desapercibidas. Lo hace en horas de la noche si es un día de semana, o un domingo al mediodía. Es claro que su intención no es responder a los cuestionamientos, sino dejar constancia de que se manifestaron sobre las acusaciones que surgen en su contra. La estrategia no pasa por ser algo más que un “ampay, me salvo” preventivo.

Hay, también, un juego en pared evidente con sus aliados del Congreso. La promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, publicada el último día de plazo para observarse, evidencia la complicidad de la coalición con Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, partidos que han promovido y defendido esta norma. Se trata de una ley de gran impacto para los peruanos, que se ha promulgado a pesar de los cuestionamientos en su contra y la oposición del propio MEF. Estamos ante una presidente con un 6% de aprobación, que ha promulgado una ley de un Congreso con un índice de aprobación del 4%, según las últimas encuestas, y cuya segunda votación en el Pleno solo obtuvo el respaldo de 38 congresistas. Cuando el gobierno y el Congreso quieren dar vuelta a la página de las encuestas, pensando en el futuro electoral, se esmeran, contradictoriamente, por evidenciar que su lejanía de la ciudadanía se refleja muy bien en esos crudos números que recogen las muestras estadísticas.  

Panorama 2026:

La reelección de alcaldes y gobernadores regionales, pendiente de segunda votación en el Congreso, parecería haberse entrampado. Renovación Popular y Acción Popular habrían optado por votar en contra, por lo que no se contaría con los votos necesarios para su aprobación final. Para la bancada celeste, dado que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no iría a la reelección, no sería un tema primordial. Además de que están interesados en formar alianzas con movimientos regionales con miras a 2026. En caso se apruebe la norma, esperan quedar bien posicionados ante estas agrupaciones para ser la primera opción en la que arriben si desean postular. Para el grupo parlamentario de la lampa, la reelección de autoridades locales es un arma de doble filo. A diferencia de elecciones locales pasadas en el que este partido tuvo un buen arrastre, las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 concluyeron con un resultado nefasto. Enfrentarse a autoridades vigentes con intentos reeleccionistas suena poco atractivo si quieren recuperar presencia. A estas bancadas se le suman algunos bloques de izquierda y 3 congresistas suspendidos: Juan Carlos Lizarzaburu, Kathy Ugarte y Jorge Flores Ancachi, que apoyaron la primera votación, por lo que no se llegaría a los 87 votos necesarios, al ser una reforma constitucional, para la ratificación.

Sin certeza si las actuales autoridades regionales y locales podrán intentar a la reelección por un período inmediato adicional, también hay incertidumbre sobre los movimientos regionales. Como se recuerda, el texto de la reelección apuntaba a eliminar a los movimientos regionales del panorama electoral, luego que lograran imponerse a partidos políticos en las elecciones de 2022. El plazo de la afiliación para quienes busquen participar en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 vence el próximo 7 de octubre. Sin mucha predictibilidad de lo que podría venir desde el Congreso, lo más probable es que los políticos con aspiraciones regionales y locales opten por afiliarse a un partido de alcance nacional antes de dicho plazo.

Por último, la Comisión de Constitución inició el debate sobre el financiamiento a partidos políticos. La mayoría de los especialistas consultados en esta materia, en una mesa de trabajo organizada esta semana, coincide en la necesidad de incluir la participación del sector privado. Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se ha recalcado la importancia de la trazabilidad de los aportes de las personas jurídicas y de la bancarización en aras de garantizar la transparencia. Otros expertos sugieren una mayor flexibilidad en las pautas electorales, pero con normas que fortalezcan la seguridad jurídica. Hay un consenso en mejorar la transparencia y regulación del financiamiento del sector privado, así como un aumento del financiamiento público, para promover la equidad y fortalecer el sistema electoral en el país. La discusión de este tema recién inicia y acaparará la agenda de la comisión en el futuro inmediato.