Fallo del TC, ¿protección alineada? 

El retorno de Santiváñez al Gabinete Ministerial:

El fin de semana pasado, la presidente Dina Boluarte tomó juramento a tres ministros de Estado. Juan José Santiváñez regresó al Gabinete Ministerial en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Como se recuerda, luego de su censura como ministro del Interior, Santiváñez fue jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. De los otros cambios, Ana Peña Cardoza juró como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Fanny Montellanos dejó la cartera del MIMP para asumir la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, en reemplazo de Leslie Urteaga.

Este reajuste, por parte de Boluarte, evidencia que la presidente retribuye la lealtad, en un esquema de confianza interna, y que tiene la certeza de que, pese a su debilidad, cuenta con un soporte político suficiente en el Congreso. Después de todo, se trata de una mandataria sin partido y sin bancada, por lo menos de manera formal, con una aprobación ínfima que está dentro del margen de error de las encuestas, y con diversos cuestionamientos en su contra. La designación de Santiváñez no se hubiera concretado si Boluarte no tuviera la certeza de que su relación con sus aliados en el Congreso le garantiza cierto grado de protección a nivel político. El gobierno ha logrado consolidar alianzas lo suficientemente sólidas como para resistir los cuestionamientos.

Por su parte, Juan José Santiváñez regresa al Gabinete Ministerial consolidándose como un operador político que ha demostrado ser inmune a la crítica mediática y sobre quien se especula una posible candidatura al Congreso por Alianza para el Progreso, o un “ascenso” al premierato. La debilidad para el nuevo ministro de Justicia sería su inadecuada lectura política y su afán por la confrontación. Si bien es un personaje que ha consolidado su poder, carece de popularidad y arrastra una imagen pública marcada por los cuestionamientos, por lo que podría equivocarse creyendo que sus actos políticos le podrían generar réditos en el terreno electoral.

Sobre el resto del Gabinete Ministerial, hay incertidumbre sobre los ministros que evalúan extender su permanencia. Son varios los titulares que analizan su siguiente paso. Por una parte, podrían optar por presentar su renuncia en octubre próximo y postular a un cargo en las Elecciones Generales, como se especula del premier Eduardo Arana, o del titular de Educación, Morgan Quero, además de otros que habían recibido invitación de algunos partidos políticos. Por otra parte, podrían decidir extender su permanencia en el Ejecutivo optando por un cargo en las Elecciones Regionales y Municipales, como sería el caso del ministro de Salud, César Vásquez. Salvo Santiváñez, el resto del Gabinete Ministerial entiende que no son indispensables para la mandataria.

La respuesta de la Fiscalía:

Luego del fallo del Tribunal Constitucional, que resolvió que los presidentes no pueden ser investigados hasta el fin de su mandato, el Ministerio Público respondió con un golpe dirigido al entorno de la mandataria. La Fiscalía realizó esta semana un allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y las oficinas de Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, por el presunto tráfico de influencias.

Si bien el fallo del TC suspendió las investigaciones contra Boluarte, otorgándole cierto respiro hasta el final de su gestión, el Ministerio Público busca dejar en claro que, si bien la presidente podrá estar protegida, de cierta manera, su entorno no lo está. El allanamiento a Nicanor y a Santiváñez es, de momento, más simbólico para la Fiscalía.

En respuesta, la usual conferencia luego del Consejo de ministros se convirtió en un pronunciamiento del Gabinete Ministerial criticando dicho allanamiento. En palabras del jefe de la PCM, Eduardo Arana, las acciones reflejarían un uso desproporcionado de una medida que debería ser excepcional. Además, señaló que este tipo de actos tienen como desestabilizar al país, politizar la justicia y emplearla como un instrumento de venganza política.

De esta manera, continúa el enfrentamiento entre los representantes de las principales instituciones del país, con un Tribunal que le otorgó un manto de protección a la presidencia, pero con un Ministerio Público que buscará avanzar por otros caminos. Finalmente, el fallo le brinda un respiro jurídico a la presidente, pero no político.

De retorno a Barbadillo:

El expresidente Martín Vizcarra regresó al Penal de Barbadillo, luego de haber estado cinco días en el Penal de Ancón, tal como adelantó el nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Como ya se predecía, los capítulos judiciales generan ruido político en la campaña electoral. Las idas y venidas del INPE sobre Vizcarra solo han generado que el ruido se incremente, de manera innecesaria.

La última resolución del INPE establece que, todo interno que haya tenido condición de expresidente de la República debe ser ubicado en Barbadillo.

Esta decisión sienta un precedente hacia adelante, teniendo en cuenta que la presidente Boluarte tiene investigaciones suspendidas, gracias al fallo del Tribunal Constitucional, pero que inevitablemente se reactivarían una vez concluido su mandato. En un escenario en que la justicia decida procesarla, el INPE ha trazado un camino.