Instalación de comisiones ordinarias

Panorama 2026:

El panorama rumbo a las Elecciones Generales 2026 aún no se vislumbra con claridad, debido a la situación legal de algunas figuras políticas con intención electoral, a la ausencia de un liderazgo claro, como lo evidencian las encuestas, y a la fragilidad de las escasas alianzas políticas que presentaron su solicitud de inscripción ante el JNE.

El Poder Judicial dictó esta semana 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco del proceso por presuntamente haber recibido coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión como gobernador de Moquegua. Sobre Vizcarra pesa, además, una inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta por el Congreso de la República. El partido del expresidente, Perú Primero, insiste en mantenerlo como carta presidencial, como ha indicado el secretario general de la agrupación, César Figueredo. El principal desafío para la organización, para mantenerse relevante en el plano electoral, será capitalizar el, todavía, significativo caudal político de Vizcarra, pero sin la presencia activa de su líder en la campaña. El caso de Perú Primero expone la situación de las agrupaciones políticas construidas alrededor de una figura central, que son la mayoría en el terreno político.

En paralelo, de las cinco alianzas para las Elecciones Generales 2026, solo dos avanzan con relativa solidez: Fuerza y Libertad, integrada por Fuerza Moderna y Batalla Perú, que tiene como precandidata presidencial a Fiorella Molinelli; y el Frente de los Trabajadores y Emprendedores, integrada por Primero la Gente y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), que tiene como precandidatos a Marisol Pérez Tello y Napoleón Becerra. La alianza Unidad Nacional, integrada por el PPC, Unidad y Paz, y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, que tiene como precandidato presidencial al congresista Roberto Chiabra, debe subsanar observaciones realizadas al expediente, como algunos problemas en el acta de Unidad y Paz, y la participación de un ciudadano no afiliado al PPC en un evento partidario. Venceremos, integrada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú, que tiene como precandidatos al congresista Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca, debe subsanar, también, observaciones realizadas a la ausencia de una convocatoria formal en uno de los partidos y de certificados obligatorios para el expediente, así como la similitud de su logo con un movimiento regional de Ucayali. El JNE suspendió, de manera temporal, la alianza Ahora Nación – Salvemos al Perú, cuyo precandidato es el exrector de la UNI, Alfonso López-Chau, por disputas partidarias en la agrupación de Salvemos, y hasta que subsanen las observaciones legales.

La primera etapa de la campaña podría estar marcada por un escenario en donde se fracturen las escasas coaliciones políticas, que sellaron acuerdos sobre la hora, aun cuando pareciera que no comparten ideología o puntos en común; las pugnas por el control interno en los partidos; y la incertidumbre jurídica que pesa sobre algunos líderes políticos. La suma de todo lo señalado es, sin duda, caldo de cultivo para que se posicionen, o reposicionen, candidaturas extremistas que sepan leer y aprovechar el panorama y el descontento de la ciudadanía con la política, ocupando el vacío que dejen los liderazgos más debilitados.  

Instalación de comisiones:

En el Congreso de la República, se instalaron la mayoría de las comisiones ordinarias esta semana, quedando algunas pendientes para el próximo lunes. Con esto termina el reacomodo en la distribución de las bancadas, en un contexto marcado por el inicio de la campaña electoral. La mayor parte de las comisiones con más capacidad de incidencia, por su agenda y su impacto en sectores productivos clave, han quedado bajo presidencias o mesas directivas que podrían representar un riesgo ante un escenario electoral. Los casos más evidentes son las comisiones de Energía y Minas, y de Defensa del Consumidor, aún por instalarse, pero bajo el control de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial. Defensa del Consumidor será presidida por Katy Ugarte, con el riesgo de impulsar iniciativas de corte populista y carentes de sustento técnico en paralelo a la campaña. Energía y Minas será presidida por Víctor Cutipa, con antecedentes a favor de la ampliación del REINFO y un especial interés en la minería. Las bancadas de derecha confían en poder contener, en el Pleno, las arremetidas que Cutipa, y JPP-VdP-BM, avance en este espacio de trabajo. Los contrapesos de los congresistas de centro y derecha serán claves para frenar arremetidas extremistas.

La Comisión de Pueblos Andinos, que será presidida por Silvana Robles, de la Bancada Socialista, se proyecta con una gestión similar a la de Guillermo Bermejo en la legislatura pasada, con un avance en dictámenes de incidencia para sectores productivos fuertes, como minería y pesca, pero con posibilidad de contenerse en el Pleno. La Comisión de Trabajo, con Alex Paredes, de Somos Perú, en la presidencia, genera incertidumbre. El vínculo del congresista con el magisterio, y su posible participación en la campaña electoral, podrían empujarlo a priorizar temas sindicales, pero su afiliación a Somos Perú lo lleva a tener que moderar ciertas posiciones para evitar conflictos con el partido, de cara también a no perder un espacio en los próximos comicios. En Salud, con Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso, la mayor duda es respecto a la capacidad de la congresista de conducir un espacio de alto impacto, en un contexto en que deberá estar alineada al partido, que también tiene la titularidad del ministerio de Salud, con César Vásquez como ministro. Para APP será clave alinear los intereses del partido en este sector, como ocurrió en el período 2023 – 2024.

Otro factor que se ha replicado para este último período legislativo en el Congreso es el de los cupos o espacios cedidos entre bancadas y congresistas. Del cuadro nominativo de comisiones ordinarias, 26 espacios han sido intercambiados en base a intereses particulares. Podemos Perú ha reforzado su presencia en la Comisión de Salud, a través de espacios otorgados por Honor y Democracia. En el caso de Somos Perú, Jorge Morante ha entrado a la Comisión de Energía y Minas en un espacio de Podemos Perú, pues su bancada acreditó como miembros titulares a Héctor Valer y Elizabeth Medina, que ocuparía la secretaría de dicha comisión. Medina ha demostrado ser cercana a mineros informales. De los otros espacios, JPP-VdP-BM ha cedido espacios a Margot Palacios, congresista no agrupada pero que milita en Juntos por el Perú, en las comisiones de Constitución, Energía y Minas, y Justicia. Esta práctica evidencia que la representación en comisiones responde a pactos y negociaciones particulares, y no a criterios técnicos o de especialización.

Por último, el presidente del Congreso, José Jerí, ha optado por integrar comisiones como Presupuesto y Economía, alejándose de la práctica usual de concentrarse en la función de conducción del Parlamento. Jerí, además, ha ingresado a Presupuesto en un espacio cedido por Perú Libre, lo que tampoco suma a su intención de mejorar su imagen, y más bien podría evidenciar intereses individuales.

Para el último año en funciones, el Congreso continuará con dinámicas internas altamente transaccionales, comisiones estratégicas bajo liderazgos cuestionados o inciertos, y un clima electoral que incrementa el riesgo de iniciativas populistas.

Reacción tardía:

La presidente Dina Boluarte llegó esta semana luego de una gira de bajo perfil por Japón e Indonesia, cuya participación en eventos con otras autoridades no ha tenido mayor notoriedad, tanto en el ámbito local como en el internacional. Luego de su llegada al país, Boluarte promulgó la Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. El acto de la firma de la ley contó con la presencia de congresistas de Fuerza Popular, como Fernando Rospigliosi y Martha Moyano, y Jorge Montoya, de Honor y Democracia. Las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad han rechazado esta promulgación y solicitarán, de manera formal, a la Fiscalía de la Nación la presentación de la acción de inconstitucionalidad. La decisión de la mandataria se puede entender como una apuesta de continuar con la alianza, no solo a corto plazo que le otorga margen de gobernabilidad, sino proyectándose, también, luego de dejar el sillón presidencial, en julio de 2026.

Por último, la mandataria realizó, este viernes, una visita a la isla Chinería, en Loreto, para participar en una acción cívica multisectorial. Como se ha evidenciado, la tensión originada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, responde a un factor político interno, en la necesidad de fortalecer su liderazgo político bajo la bandera de la defensa de intereses territoriales con Perú. Si bien se destaca la presencia de Boluarte para defender la soberanía de la isla Santa Rosa, el acto viene con cierta reacción tardía, a casi dos semanas desde el inicio de la tensión diplomática, como es común en la mandataria.