Negociaciones para la Mesa Directiva

Aumento de sueldo en crisis de impopularidad

El Consejo de Ministros aprobó incrementar el monto de la compensación económica correspondiente al puesto de presidente de la República. Esta asignación mensual pasará de S/15,600 a más de S/35 mil, convirtiendo a quien ocupe este cargo en el segundo mandatario mejor pagado de América del Sur.

El anuncio, criticado por el beneficio directo a Dina Boluarte, pareciera no tener lógica cuando la presidente mantiene un índice de aprobación históricamente bajo (de solo 3%, según la última encuesta de Datum). El premier Eduardo Arana ha defendido el incremento salarial, señalando que, conforme a la Constitución, el presidente de la República representa la más alta función pública del país y merece una retribución acorde con su jerarquía.  Por su parte, el presidente de Servir ha deslindado de la decisión de aumento salarial, y enfatizó que la institución no ha emitido ningún informe técnico, y esta medida corresponde exclusivamente al MEF y la PCM. Más allá de si el aumento es meritorio, la decisión se da en un contexto político poco propicio, evidenciando la lejanía que demuestra tener el gobierno del sentir ciudadano.

La noticia ha generado gran rechazo en la ciudadanía, y termina por mellar la ya debilitada imagen de la mandataria, como se ha evidenciado, principalmente desde las redes sociales, donde se habla de una gran desconexión y el hecho es percibido como un privilegio inmerecido (ver reporte de SentiOne elaborado por number6).

Precisamente, esta semana Boluarte tuvo que suspender su participación en una actividad oficial en Arequipa, debido a que manifestantes lanzaron piedras a un vehículo oficial en el que se trasladaba el ministro de vivienda, Durich Whittembury. El descontento ciudadano apunta a incrementarse, mientras que el Ejecutivo parece mantenerse desconectado de la realidad. El aumento salarial de Boluarte también coloca a los ministros de Estado en una posición delicada, especialmente al MEF y la PCM, quienes asumirían gran parte del peso político.

La Comisión de Fiscalización citó este viernes al premier Arana y al titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, para que respondan por el aumento de sueldo presidencial. Sin embargo, ninguno asistió por temas de agenda. Al no haber legislatura, y, por tanto, no habiendo posibilidad de una interpelación durante julio, los ministros se sienten menos comprometidos con cumplir con estas citaciones. El riesgo que asumen es grande, y las consecuencias se verán en agosto.

Protesta de mineros informales

Esta semana, cientos de mineros informales han acaparado los exteriores del Ministerio de Energía y Minas, y el Congreso de la República, exigiendo la ampliación del REINFO sin un plazo determinado, y que el Congreso apruebe una nueva Ley MAPE, pese a que todavía no inicia la próxima legislatura.  Los grupos permanecen acampando en plena vía pública, y mantienen una posición bastante dura, buscando ejercer presión en el gobierno, sobre acciones que deberían ser determinadas por el Legislativo. También, en la Panamericana Sur, en Arequipa, se han reportado bloqueos de grupos de mineros informales.

En este contexto, cobra mayor relevancia quién será el congresista que lidere la próxima Comisión de Energía, y la necesidad de que esté alineado con lo que busca, al menos por ahora, el Ejecutivo, para la promulgación de la ley MAPE. También, en la Comisión de Economía, está pendiente de que se dictamine un proyecto de ley, presentado por el almirante Jorge Montoya, que beneficiaría a los mineros informales, facultando al Banco de la Nación a comprar oro a la minería artesanal.

Con este panorama, la minería informal va cobrando mayor espacio de participación política directa, con la presencia de dirigentes con aspiraciones electorales, como es el caso del presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, quien postuló al Congreso en las últimas elecciones con Avanza País, y buscaría llegar al Legislativo en los próximos comicios, ahora con Renovación Popular.

Precisamente sobre esto último, un factor que no ha pasado inadvertido es que las autoridades ediles parecen bastante plausibles con los manifestantes, a diferencia de otro tipo de protestas, y los campamentos han permanecidos instalados durante días. Precisamente, la municipalidad de Lima y de San Borja son de Renovación Popular.

Negociaciones para la Mesa Directiva

Mientras tanto, en el Congreso de la República, todavía no hay certezas respecto a la próxima Mesa Directiva. Hasta el momento, Somos Perú es el partido que estaría generando mayor consenso entre las bancadas de derecha. Una primera lista deslizada, mantendría el “status quo” en el Parlamento. José Jerí (Somos Perú) iría a la presidencia; César Revilla (Fuerza Popular) en la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón (Perú Libre) repetiría en la segunda; e Ilich López en la tercera, representando a Acción Popular. Si bien los nombres pueden cambiar, al parecer el orden de los partidos se mantendría.

En tanto, los grupos de izquierda buscarían postular con una lista liderada por José Cueto, de la bancada Honor y Democracia. Esta lista estaría respaldada, aunque sin candidatos que los representen, por Renovación Popular y Podemos Perú.

En tanto, en Palacio de gobierno permanecen a la expectativa de las negociaciones, observando de cerca los posibles candidatos a la Mesa Directiva, dado que la aprobación del pedido de facultades legislativas que presentarán en la próxima legislatura va a depender de la cercanía que mantenga el Ejecutivo con el próximo presidente del Congreso. La posibilidad de que Somos Perú lidere el Parlamento, genera simpatías en el entorno presidencial.

Esta semana, también, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y cuatro fiscales supremos por no acatar la restitución de Patricia Benavides como lo dispuso la Junta Nacional de Justicia. A los fiscales supremos se les imputa una presunta infracción a la Constitución y los supuestos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad. De pasar a la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno, los magistrados podrían ser destituidos de sus cargos. En línea con ello, la Subcomisión ha rechazado admitir una denuncia similar contra la Junta Nacional de Justicia.

Elecciones 2026

De cara al 2026, el expresidente Martín Vizcarra insiste en postular, ahora al Senado, y ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una medida cautelar para suspender la inhabilitación política en su contra. Contra Vizcarra hay tres inhabilitaciones vigentes por 10 años. El exmandatario podrá continuar en libertad su campaña política, después de que el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva en su contra, en el marco por las investigaciones de presuntos sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua.

En tanto, el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha confirmado una alianza política únicamente con el expresidente Pedro Castillo, dejando fuera a Antauro Humala. La decisión habría surgido por temas de liderazgo al interior del partido por la colocación de cabezas de listas. También, Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, anunció que se plegará al llamado hecho por Juntos por el Perú y el expresidente Pedro Castillo de cara a las elecciones del año 2026. Sin embargo, desde la agrupación liderada por Sánchez, han rechazado los comentarios de Aída García Naranjo, representante del Nuevo Perú, sobre Castillo, lo que los alejaría nuevamente de la opción de sumarse a este pacto. El plazo para presentar solicitudes de inscripción de alianzas ante el JNE vence el próximo 2 de agosto, y los partidos continúan dando vueltas sin dar pasos concretos.

Por el lado de la derecha, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, ha empezado a tomar control de su campaña. La posibilidad de que Richard Acuña y Luis Valdez vayan como posibles cabezas de lista al Senado nacional y a Diputados por Lima, es cada vez más alta.