Enfrentamiento institucional pausado

Pausa al enfrentamiento:

El Poder Judicial dispuso la suspensión de Patricia Benavides por 24 meses, como medida cautelar, tras declarar fundado el requerimiento de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La decisión del PJ responde a la investigación contra Benavides por los presuntos delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad y encubrimiento personal.

El pasado 12 de junio, la Junta Nacional de Justicia resolvió anular la destitución contra Benavides, aplicada desde octubre de 2024, y restituirla como fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación. Ese mismo día, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Benavides ante el Congreso de la República. A modo de réplica, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, solicitó esta semana al Comandante General de la Policía auxilio de fuerza pública a fin de hacer cumplir la resolución sobre Benavides. La crisis de enfrentamiento entre la JNJ y el Ministerio Público se venía prolongando por casi dos semanas.

El juez supremo provisional que declaró fundado el requerimiento de la fiscalía habría argumentado la configuración de un riesgo procesal concreto, actual y grave, de obstaculización en el desarrollo de la investigación contra Benavides, si esta mantenía su prerrogativa como fiscal suprema titular, pues los presuntos delitos imputados se habrían cometido en su posición como fiscal de la Nación.

La decisión del Poder Judicial ha paralizado la escalada de ataques entre ambas instituciones, cuyo conflicto es, en realidad, político. El enfrentamiento habría evidenciado la politización de los órganos del Sistema de Justicia y la pugna de poder centrada en el control de la Fiscalía de la Nación, clave en un contexto de denuncias e investigaciones a congresistas y políticos, y a inicios de la campaña electoral. El Poder Judicial habría comprendido el precedente que se podría generar, por lo que habría que entender la medida cautelar dentro de este contexto. Sin embargo, la verdadera afectación es, como siempre, a la ciudadanía, pues se agrava la inestabilidad institucional y se debilita la confianza en las principales instituciones del Sistema de Justicia.

Por último, en medio de esta crisis, en el Congreso cobran fuerza las iniciativas que buscan reformar el Sistema de Justicia. Después de todo, se trata de un Parlamento que, el último quinquenio, ha buscado centralizar el poder, por lo que cualquier reforma que propongan y aprueben conlleva riesgos para el Sistema de Justicia. La congresista María del Carmen Alva preside la Comisión de Reforma de Administración de Justicia, que viene recogiendo propuestas, aportes y comentarios. En paralelo, se han presentado, por lo menos, seis iniciativas legislativas que buscan reformar el Ministerio Público, varias promovidas por congresistas que enfrentan investigaciones fiscales o denuncias constitucionales. El más reciente proyecto ha sido presentado por la bancada de Perú Libre, cuyo líder Vladimir Cerrón está prófugo desde 2023, y plantea la destitución de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. La idea de reorganizar el Ministerio Público ha recibido el respaldo del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien señaló que el pedido se justificaba ante el actual escenario.

Conteo regresivo para última elección:

La elección de la próxima Mesa Directiva, la última para el actual Congreso en funciones, se realizará el próximo 26 de julio. De momento, en lo que habría mayor coincidencia en el Parlamento es que la presidencia recaiga en Somos Perú, y que Fuerza Popular retenga la primera vicepresidencia. Hay un bloque que se asemejaría a una mayoría calificada en el Congreso, entre 75 a 80 parlamentarios, aproximadamente, que apoyaría la continuidad de las actuales bancadas en la siguiente Mesa Directiva. La novedad, para las siguientes semanas, sería la definición de los perfiles para los cargos.

En Somos Perú, se perfilan Héctor Valer, Ana Zegarra y José Jerí. La decisión de quién sería el próximo candidato en esta agrupación se tomará en una reunión partidaria en las próximas semanas, hacia la quincena de julio, antes de ser oficializado por la bancada. Una situación similar que se replicaría en otras agrupaciones. Por su parte, el congresista José Cueto, de Honor y Democracia, anunció que el grupo parlamentario participará en la próxima Mesa Directiva. El cargo dependerá de la negociación y el consenso con el resto de las bancadas.

¿Respiro hasta 28?:

La defensa legal de la presidente Boluarte señaló que las firmas realizadas a los decretos entre junio y julio de 2023, durante los días en que la mandataria se habría recuperado de una intervención quirúrgica, habrían sido autenticados por peritos. El abogado Juan Carlos Portugal indicó que peritos grafotécnicos confirmaron que la firma en 56 decretos supremos le pertenece a la mandataria. Este sería el desarrollo más reciente, luego de que la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final respecto a este caso y que recomienda la vacancia de la mandataria. Por el resultado de la votación, se evidencia que no se llegaría a los votos necesarios para aprobar una vacancia presidencial, aunque sí, probablemente, para que se admita en el Pleno. Sin embargo, el cierre de la legislatura le otorga un respiro a la presidente, pues solo queda en funciones la Comisión Permanente. Con este tema controlado en el Congreso, el enfoque de la presidente, y del gobierno, estaría en el último mensaje de balance a la nación el próximo 28 de julio.  

Panorama 2026:

El líder etnocacerista, Antauro Humala, confirmó la alianza política con Juntos por el Perú, del congresista Roberto Sánchez, y con el expresidente Pedro Castillo. En un comunicado difundido en redes sociales, Humala califica la alianza como una unión de los “nacionalistas, velasquistas y etnocaceristas”. Tanto Antauro Humala como el expresidente Castillo carecen, actualmente, de algún tipo de impedimento para postular a la Cámara de Diputados o al Senado en 2026. La estrategia de JPP sería sumar a candidatos al Congreso que le generen tracción a la agrupación con miras a lograr el porcentaje mínimo para salvar la inscripción del partido, ante la ausencia de un posible candidato presidencial fuerte. Sánchez aún estaría en conversaciones con otros grupos de izquierda para concretar la mayor cantidad de alianzas posibles. Por su parte, Antauro Humala estaría optando por la alianza electoral como opción para mantenerse vigente en la escena política, luego de la proscripción de su partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros por la Corte Suprema.

A este frente se podrían sumar otros partidos de izquierda, como alguno de los que de manera reciente han logrado su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, pero no podrán participar en las Elecciones Generales. En este último grupo, están Adelante Pueblo Unidos (APU), del expremier Aníbal Torres; Resurgimiento Unido Nacional (RUNA), del exministro Ciro Gálvez; y Unidad Popular (UP), del exjuez supremo Duberlí Rodríguez. Con estos últimos son 48 los partidos de alcance nacional inscritos, aunque solo 43 podrán participar en los comicios generales.

De concretarse una amplia coalición en la izquierda, con estas posibles agrupaciones, podría significar una fuerte rivalidad, a nivel regional, para la derecha en el ámbito del Senado, en el contexto de una elección fragmentada. Especialmente si la mayoría de los partidos deciden, como estrategia electoral, enviar a figuras fuertes a la Cámara Alta a pelearse un escaño entre un bolsón de rostros fuertes. Juntos por el Perú buscará reforzar la zona sur y centro andino del país, pero, además, tendría como objetivo llegar al norte, lo que podría generar un enfrentamiento con Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, que han sabido retener este bolsón electoral en las últimas elecciones.

Este viernes continuará la audiencia de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, por los presuntos delitos cometidos en su gestión como gobernador regional de Moquegua. La inhabilitación para ejercer un cargo público no es impedimento para que el expresidente continúe haciendo campaña electoral, como es evidente. Vizcarra ha tenido ocho viajes a zonas fronterizas en los últimos siete meses y se mantiene entre las primeras opciones de las preferencias electorales, en las encuestas donde es mencionado.

Por último, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, incursiona con su programa de memorias y relatos en redes sociales. Fujimori estaría rezagada respecto a la ventaja que le han sacado sus principales rivales electorales de la derecha en redes sociales. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha optado, desde hace un tiempo, unirse con streamers; mientras que Phillip Butters, de Avanza País, ha ido incursionando en varios programas en plataformas digitales.

Según el último estudio, de Datum Internacional para El Comercio, más de 2.5 millones de jóvenes ejercerán su voto por primera vez en las Elecciones Generales 2026. Del perfil del nuevo elector, predomina el poco interés en la política nacional, y un 73% se mantiene informado sobre las noticias y la realidad nacional a través de las redes sociales, siendo Facebook y TikTok las principales redes donde se informan sobre política. Es decir, son jóvenes que vienen formando sus opiniones políticas en medio de una marcada crisis que arrastra el país desde la última década.