Crisis, maniobra y oportunidad

¿Complicaciones u oportunidades?

El pasado fin de semana, un dominical reveló la filtración de un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, a pedido de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, que determina que el sueldo de la presidencia de la República debería aumentar en un 125%, de S/ 16,000 a S/ 35,568. Además, según el mismo reportaje, el tema está listo para ser analizado por el Consejo de Ministros.

Esta filtración ha centrado la atención mediática sobre si el aumento es oportuno o incluso meritocrático, generando además una respuesta política inmediata, como la citación del ministro de Economía al Congreso para sustentar el aumento. Incluso el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que no era el momento para discutir este tema y que el aumento del salario presidencial, en un 125%, es un despropósito.  

Este debate, ciertamente, ha desviado la atención de otros temas más complicados para la presidente, como las revelaciones del Dr. Cabani, que suponen un frente legal de mayor peso. Según el médico cirujano, Boluarte habría mentido al país, pues las cirugías que realizó fueron estéticas. La mandataria, además, permaneció dos días internada en la clínica y se llevó la historia médica. Para los especialistas en materia penal, Boluarte habría cometido el delito de falsedad genérica, pues en un Mensaje a la Nación descartó que la intervención haya sido con fines estéticos, y tendría que haber informado al Congreso que estaría, momentáneamente, alejada del cargo. La falta de esta comunicación al Legislativo también supondría el delito de omisión de funciones.

A diferencia del aumento de sueldo, cuya discusión se centra más en la meritocracia que en el aspecto legal, las revelaciones del Dr. Cabani suponen un posible abandono de funciones, incapacidad temporal y pagos en efectivo que podrían activar una investigación de delitos financieros, al ser una persona políticamente expuesta. Ello, mientras el Ministerio Público avanza con la investigación preliminar que definirá si se presunta una denuncia constitucional por este caso.

Sin embargo, la posibilidad de una moción de vacancia dependerá del cálculo político en el Congreso. No se trata de un caso con ausencia de elementos legales, sino de la dinámica política del gobierno con el Parlamento, donde la mayoría de los bloques parlamentarios prioriza, como ha sido evidente, las negociaciones por cuotas de poder. Boluarte solo necesita retener el respaldo de 44 congresistas, a diferencia de sus opositores que necesitan conseguir 87 votos para que se apruebe una moción de vacancia presidencial.

En paralelo, las mociones de censura contra el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, lejos de suponer un revés para el gobierno, constituyen una oportunidad para que la mandataria pueda recomponer o reforzar alianzas con bancadas que carezcan de representación partidaria o con congresistas que se proyectan a candidaturas en el plano local el próximo año. Boluarte, quien podría transitar por una cuerda floja con denuncias constitucionales en su contra cuando se aleje del cargo en 2026, busca la supervivencia con actores que le continúen dando un respaldo a futuro, a ella y a sus aliados, tanto en un espacio nacional como local.

Para el mismo Adrianzén, las mociones de censura significan que hay una posibilidad de poder presentar su renuncia, dado que un recambio en la figura de la Presidencia del Consejo de Ministros supone siempre refrescar y dar un nuevo aire al Gabinete Ministerial. Para las bancadas en el Congreso, la censura contra Adrianzén podría significar la posibilidad de marcar distancia, de manera pública, de un gobierno con altos índices de desaprobación. Todos los actores anteriores podrían medir la temperatura para decidir su próxima jugada con el Paro Cívico Nacional, convocado para el próximo 14 de mayo, en protesta a lo sucedido en Pataz y a la inseguridad ciudadana en el país.

Tal vez, la verdadera preocupación para la presidente Dina Boluarte es la postura que tomará Alianza para el Progreso, la bancada oficialista del gobierno, cuando se aleje de la presidencia del Congreso, en julio próximo. Tanto la bancada como el partido comenzarán a pensar en la campaña electoral y su líder, César Acuña, es un aliado cuyo respaldo político es, usualmente, impredecible e incierto.  

Por último, en la misma línea de generar distracción, o aprovechar las distracciones que otras noticias otorgan, como la elección de un nuevo Pontífice, la presidente Boluarte promulgó este viernes la ley que autoriza el retiro del 100% de la CTS, así como la norma sobre Extinción de Dominio. Se trata de un gobierno que, si bien no es hábil en términos políticos, es estratégico; especialmente respecto a estos temas, pues usualmente ha sabido esperar el momento adecuado para observar una autógrafa de ley, u optar por promulgar. La publicación de ambas normas se puede entender como una acción del Ejecutivo de congraciarse con sectores de oposición en el Congreso que pueden tener cierta ambigüedad respecto a respaldar al gobierno.

Panorama 2026:

Luego de que el RENIEC reveló que se detectó más de 300 mil firmas observadas, por presunta falsificación, en 32 partidos, de los 43 habilitados para las Elecciones Generales 2026, el Congreso citó a los titulares de los organismos electorales para que respondan por esta denuncia. En la Comisión de Constitución, la jefe del RENIEC, Carmen Velarde, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, plantearon algunas propuestas para que no ocurran irregularidades durante el proceso de inscripción de un partido político. Sin embargo, lejos de ser un espacio de debate sobre la posibilidad de suspender, cancelar o declarar la nulidad de una agrupación por la falsificación de firmas, fue una oportunidad para ser criticados por los congresistas, como era de esperarse.

Lo más probable es que la propuesta que enviará el JNE, para establecer un marco normativo que permita la sanción de las agrupaciones una vez que son convocadas las elecciones, no sea priorizada en el Congreso. Como se ha podido evidenciar con la aprobación de algunas medidas electorales, como modificar algunos plazos en el cronograma, ampliando la fecha para la conformación de alianzas, entre otros temas más, se trata de un Parlamento que está marcando la pauta para los comicios del próximo año. Más allá de la citación protocolar a los titulares de los organismos electorales, para ser criticados por la denuncia de las firmas falsificadas, no hay un interés en el Congreso de fortalecer la fiscalización partidaria.  

¿Qué pasará con REINFO?:

Lo ocurrido en Pataz ha puesto los reflectores sobre el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La ampliación del REINFO vence el próximo 30 de junio, luego de su última ampliación en diciembre pasado. Sin embargo, y luego de 5 meses, el Congreso no muestra avances concretos en la discusión de una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal. La Comisión de Energía y Minas, presidida por Paul Gutiérrez, continúa con mesas de trabajo y audiencias.

Sin embargo, como lo alertó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Gutiérrez está parcializado hacia la minería informal. La SNMPE se retiró, en diciembre pasado, de la mesa de trabajo, convocada por la Comisión de Energía y Minas, pues la propuesta de Gutiérrez, aún en pleno debate y análisis, prolongaba de manera indefinida el proceso de formalización para los mineros de pequeña escala. Gutiérrez, además, pretendía aprobar esta semana un predictamen que revertía las concesiones mineras, favoreciendo, nuevamente, a la minería ilegal.

A ello, se le suma la falta de liderazgo, hasta el momento del Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Energía y Minas, y del ministro Jorge Luis Montero, quien asumió el cargo en medio de pugnas por REINFO, tras la censura a Rómulo Mucho por su negativa a ampliar el registro. A raíz de lo sucedido en Pataz, la presidente Dina Boluarte anunció que se ha procedido a excluir del REINFO a los que figuren como suspendidos, además de la suspensión de actividad minera por 30 días en la provincia y la instalación de una base militar en la zona. Sin embargo, aún es incierto qué decidirá el gobierno respecto al futuro del Registro Integral de Formalización Minera, de cara a su próximo vencimiento el siguiente mes.