Panorama 2026: calienta la campaña

Panorama 2026:

Comienza a calentar el ambiente de la campaña electoral de 2026. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reapareció esta semana en redes sociales para rebatir, lo que ella considera es una falsa narrativa sobre la influencia de la bancada naranja en las decisiones al interior del Parlamento. Ahora, Fujimori estaría buscando fortalecer la imagen de su partido, golpeado por cuestionadas decisiones adoptadas por su grupo parlamentario, como no apoyar la censura al ministerio del Interior, o la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, que debió ser restituida posteriormente, a modo de ejemplos más recientes.

Todavía es incierto si la lideresa del partido naranja postulará a la presidencia, o tal vez opte por un cargo al Senado, pero queda claro que necesita recuperar la imagen de la agrupación para intentar posicionarse nuevamente como la primera fuerza política del país. Esto cobra relevancia de cara a lo que se prevé será una campaña electoral con una fuerte fragmentación, además de un mayor número de candidatos, que lo registrado en ocasiones recientes y, en la que al parecer, desde el fujimorismo participarían sin formar alianzas con otros partidos.

Por otra parte, las bancadas que han venido reteniendo el control en el Congreso están cada vez más expuestas a las críticas y cuestionamientos de los grupos parlamentarios que no tienen un partido político detrás, o que no participan de la Mesa Directiva, por lo que los líderes partidarios del Bloque País o Bloque Democrático deberán empezar a hacer control de daños.

La agrupación más golpeada es, quizás, Alianza para el Progreso, pues enfrenta críticas en varios niveles: en el Parlamento, debido a la denuncia de proxenetismo que involucra a figuras de APP; a nivel regional, con la gestión de César Acuña como gobernador de La Libertad, con el problema de inseguridad ciudadana y crimen organizado más notorio en el país; e incluso a nivel provincial y local, con alcaldes cuestionados en distintas zonas del país. Acuña no solo ha solicitado vacaciones en medio de la crisis en la región por las lluvias intensas y la inseguridad ciudadana, sino que sus declaraciones tampoco lo ayudan. “No me pidan cero asaltos o cero bombas. Hay que ser ilusos para pedir algo así”. A ello, se le suma la más reciente denuncia que vincularía a un licenciamiento exprés de otras sedes de la Universidad de Sipán, del consorcio de los Acuña, con la designación de una militante de APP en la SUNEDU. El partido, cuyo bastión electoral es la región liberteña, se enfrenta también a un fortalecimiento de otras agrupaciones políticas en este departamento, por lo que en el 2026 los riesgos que enfrentan son múltiples.

Acuña, cuyas aspiraciones para 2026 también son inciertas, debe empezar, con mayor urgencia que otros partidos, con un control de daños sobre su agrupación para lograr tener un buen posicionamiento político el próximo año. Algunos de sus militantes, cuyos objetivos ya están definidos, han empezado la campaña electoral, como Rosio Torres, investigada en el caso ‘Mochasueldos’, quien inició la campaña al Senado en Loreto, lo que también les ha valido críticas.

A este panorama de los líderes políticos nacionales, se le suman los que se podrían considerar, inicialmente, como “mini candidatos”, que intentarán amplificar su imagen y la de sus partidos incipientes, a costa de atacar a los más conocidos o con mejor posicionamiento. En este grupo, podemos encontrar al exministro Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial del partido Libertad Popular, quien viene sosteniendo entrevistas con diferentes medios las últimas semanas. Belaunde Llosa deberá posicionarse a sí mismo y a un partido que, a grandes rasgos, muestra poca representatividad. La ventaja para los que postularán sin estar vinculados a un cargo de elección popular es que tendrán la posibilidad de posicionarse como el “anti”. El antipolítico tradicional, anti-establishment, anti status quo. O incluso, el anti-Congreso, que arrastra su propio desprestigio, y que será lo que marque la agenda esta campaña electoral: todo lo que se pueda apartar de la política tradicional.  

Asimismo, también podemos ver en este inicio de campaña a quienes han optado por apagar sus motores, de manera bastante anticipada. En este grupo está el excanciller Javier González-Olaechea, quien presentó su renuncia al PPC. González-Olaechea se encaminaba como precandidato presidencial dentro de la agrupación y, con la última exclusión de Fernando Cillóniz, se marca un nuevo rumbo dentro de la agrupación, que intenta regresar a la escena política este 2026.   

Otro aspecto que genera cierta interrogante es la figura del expresidente Pedro Castillo, quien empezó una huelga de hambre esta semana, tras el inicio del juicio oral por el Golpe de Estado de 2022. Sin una condena firme, Castillo no contaría con algún impedimento para volver a postular a algún cargo de elección popular en 2026. Su única restricción estaría vinculada al partido Todo con el Pueblo, al que se afilió el año pasado, pero que está en proceso de inscripción. De no lograr el registro, Castillo tampoco podría ser considerado a postular como invitado al Congreso con otra agrupación, pero lo cierto es que su imagen será una bandera electoral interesante en la campaña.

A menos de un mes de la convocatoria de las Elecciones Generales de 2026, son 41 los partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas, del Jurado Nacional de Elecciones, y 3 agrupaciones con síntesis publicada, que es la etapa final del proceso de inscripción. Con este último estado, se encuentran agrupaciones de izquierda: Resurgimiento Unido Nacional (RUNA), del exministro Ciro Gálvez; Adelante Pueblo Unido (APU), del expremier Aníbal Torres; y Unidad Popular (UP), cuyo representante legal es el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Serán, por lo menos, 44 las organizaciones políticas habilitadas para el proceso electoral general.

Este período de cuenta regresiva también marca el plazo final para la aprobación de reformas electorales en el Congreso. La Comisión de Constitución aprobó, en la sesión de esta semana, el uso de una sola cédula de votación, rechazando los planes de la ONPE de utilizar dos. En la tarjeta de votación aparecerá el nombre del partido, su símbolo y las fotos de los candidatos de la plancha presidencial. El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, ha cuestionado que sea el Congreso, sin base ni experiencia, el que defina algo que le corresponde al organismo electoral. A nivel del Parlamento, se empezará, además, una coyuntura de negociación respecto a los intereses de las bancadas para el último año en funciones, en la que primarán la agenda de estos grupos más que los aspectos técnicos en materia electoral.

¿Cuenta regresiva para el gobierno?

La convocatoria a las Elecciones Generales de 2026 también marcará una época de negociación para el gobierno, más expuesto luego de abril, dado que se podría prescindir de la figura de Boluarte, si así lo considera la mayoría en el Congreso. La mandataria también deberá afrontar cómo mantenerse en el cargo con un Congreso carente de escrúpulos y al que, sin ser un secreto, ella ha sido funcional a sus intereses.

Parte de la negociación que deberá prever ahora Boluarte puede responder tanto a un cuoteo en el Gabinete Ministerial, como a la aprobación de presupuesto para las obras de interés de los congresistas en regiones. Esto último también le significará un nuevo reto para el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, quien, si bien se ha mostrado abierto al diálogo con diferentes actores, deberá saber hilar fino con las demandas de los parlamentarios.

Quien ciertamente ha recibido una mejor recepción que la presidente Boluarte en actividades oficiales, abucheada en la inauguración de un colegio esta semana, es el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. El ministro regresó el pasado domingo tras su viaje a Bruselas y fue recibido en el aeropuerto por una portátil que mostró su apoyo a su gestión. Santiváñez, quien va a continuar en la política, está buscando fortalecer su imagen frente a la opinión pública. Resulta inquietante la seguridad que el titular del Interior transmite, esta sensación de ser intocable, digno de personaje cuestionable con mucha información.

Congreso con agenda cargada:

La Comisión Permanente aprobó la propuesta de inhabilitación de la función pública por cinco años al expresidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, por una presunta infracción constitucional. Además, aprobó el informe que recomienda inhabilitar por diez años para el ejercicio de la función pública al exjefe de Estado Martín Vizcarra. Los informes finales de ambos casos, relacionados al cierre del Congreso en 2019, deberán ser votados en el Pleno del Congreso.

Si bien Vizcarra ya cuenta con una inhabilitación por este mismo Parlamento, del Solar se convierte en la última figura encaminada a este mismo destino, al igual que el expresidente Francisco Sagasti y ex ministros del Interior, cuyo informe aprobado por la Comisión Permanente también recomienda su inhabilitación de la función pública.

Este tipo de decisiones, más allá de la discusión legal, dejan la sensación de que el actual Congreso busca apartar de la carrera electoral a personajes con los que los partidos representados en el parlamento, y sus líderes, han rivalizado en los últimos años, incluso si no han mostrado interés en postular a algún cargo.

Las sesiones del Pleno del miércoles y jueves han tenido una agenda cargada de dictámenes. El miércoles por la tarde, no se aprobó la reconsideración a la primera votación del texto sustitutorio de la Comisión de Justicia que propone modificar el decreto legislativo sobre extinción de dominio, a fin de perfeccionar este instrumento jurídico. En esta misma sesión, se aprobó el texto sustitutorio que propone modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con la finalidad de fiscalizar y supervisar la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable. También se aprobó el dictamen que propone modificar el Código Penal para modificar los delitos de calumnia y difamación, estableciendo una reparación civil a favor del querellante. El debate de estas iniciativas se realizó en horas de la noche de ambas sesiones, con el objetivo de tratar de distraer la atención al debate en ese momento y poder lograr su aprobación.

Por último, antes de levantar la sesión del Pleno del jueves, se informó que se volverá a realizar, en la próxima sesión, la segunda votación del texto sustitutorio que propone derogar la Ley 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, por un error en el conteo de los votos que se necesitaban para su aprobación. Las desprolijidades en los procedimientos del Congreso son constantes, contribuyendo al descrédito de la institución.