Implacable resguardo

Férrea defensa:

La Fiscalía de la Nación realizó esta semana una diligencia de allanamiento a la vivienda y a la oficina del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de una investigación por el presunto delito de abuso de autoridad. Horas antes de la diligencia, se publicó, en Edición Extraordinaria, una resolución suprema que autorizaba su salida del país desde el lunes 3 hasta el domingo 9 de marzo.

El allanamiento generó una amplia defensa del gobierno a Santiváñez. La presidente Dina Boluarte acusó a la Fiscalía y a un sector de la prensa de ejecutar, lo que ella considera es, un “golpe de Estado blanco” porque le están “haciendo la guerra a los caviares”. Para la mandataria, hay un acoso político en contra de su gestión desde el inicio. El titular del Interior fue, además, recibido entre aplausos por el Gabinete Ministerial en el COEN. Por su parte, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, defendió a Santiváñez a través de un video difundido en las redes del ministerio. En la publicación, que posteriormente fue eliminada, Valencia señalaba que se pretendía desestabilizar al Ejecutivo. Mientras tanto, en el Congreso solo falta una firma para presentar la moción de censura contra el titular del Interior, promovida desde hace semanas por el Bloque Democrático Popular, y a la que se han ido sumando parlamentarios a título personal, ya que parece no haber consensos al interior de las bancadas.

Lo que lo anterior evidencia, es que hay un claro intento de blindar a Juan José Santiváñez, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. Sin embargo, este blindaje trascendería a la necesidad de salvaguardar al ministro. Una salida, que no sea en los términos y condiciones establecidos por el mismo Santiváñez podría significar la caída de varios. El ministro del Interior se ha posicionado, rápidamente, como un personaje que va a continuar en la vida política y que, para lograr este objetivo, tendría acceso a información muy sensible sobre varios de los actuales actores en los poderes del Estado. El acto público de demostrar que tenía el texto de un reportaje de Cuarto Poder antes que se difundiera responde a que no tiene reparos en evidenciar su alcance de fuentes e información.

La presidente se sentiría más tranquila teniendo a Santiváñez a su lado. Por una parte, es alguien que acapara más críticas que la misma Boluarte, una hazaña que no es fácil de lograr. Es decir, mientras más atención acapare el ministro, el foco de la atención se aleja de la mandataria. Por otro lado, por la misma información que el ministro maneja, la mandataria se sentiría “intocable”. El titular del interior no fue, necesariamente, designado por su capacidad de manejar la inseguridad ciudadana, como los resultados así lo demuestran, pero por ser alguien que no tendría reparos en realizar los pedidos más controversiales de la mandataria, como la desactivación de la DIVIAC. Es decir, un ministro sin escrúpulos para un gobierno igual de inescrupuloso.

La correlación de hechos ha despertado justificadas suspicacias respecto de la conveniencia de enviar a Santiváñez fuera del país, pero, especialmente, sobre el acceso a información sensible que tendrían el Ejecutivo y el titular del MININTER. Estas aparentes filtraciones, que incluso se han dado al interior de la prensa, están levantando alertas de posibles intervenciones en las comunicaciones de instituciones y personas que el gobierno ve como enemigos. Sin duda, el ministro vive al límite, y se ha mostrado a gusto en esa posición.

De momento, se espera el regreso al país del ministro para el 9 de marzo, mientras el pedido de la Fiscalía de la Nación para que no salga del país se evaluará el próximo 11 de marzo. Sin importar cuántas críticas y denuncias acumule en ministro en su contra, su permanencia, aún, estaría asegurada.

Reinicio de labores:

El Congreso reinició, esta semana, las labores legislativas luego del receso parlamentario. Si bien ya terminaron los plazos de afiliación para los procesos electorales del próximo año, el libro de pases no estaría, todavía, cerrado del todo, en especial para los congresistas que buscarán algún cargo de elección popular en 2026 como invitados. La congresista Isabel Cortez dejó el Bloque Democrático Popular, por “motivos de conciencia” como señaló en su carta, para pasar a integrar las filas de Podemos Perú, bancada que ha criticado en el pasado.

La agrupación parlamentaria de Luna se convierte en la tercera fuerza en el Congreso. Podemos buscará seguir sumando integrantes para el penúltimo año del Parlamento, con miras a tener una mejor negociación para la distribución de las comisiones ordinarias. Por su parte, la incorporación de Cortez podría responder a los planes políticos de la congresista para 2026, mientras su agrupación, el Partido Obrero del Perú, aún continúa en proceso de inscripción y da luces sobre la camiseta que vestirá el próximo año. Aunque el foco haya estado puesto en la incongruencia de Cortez al pasar de un discurso progresista a un partido abiertamente conservador, es una movida interesante. Sus inicios en la vida política se remontan a su relación con el sindicato de trabajadoras de limpieza pública de la Municipalidad de Lima, con la que siguen librando batallas legales. En ese escenario, sumarse a la principal oposición del actual alcalde en el Concejo Metropolitano, siendo además un partido que buscará hacerse del sillón municipal en 2026, es estratégico respecto de mantenerse vinculada a la lucha del sector que representa.

El Pleno del Congreso sesionó este jueves con varios temas en agenda. Uno de los primeros temas de la sesión plenaria fue la moción de censura contra el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana. Con 64 votos en contra, 17 a favor y 13 abstenciones, se rechazó admitir a debate la moción de censura contra Salhuana por presunto incumplimiento de funciones. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y otros aliados, como Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular y el Bloque Magisterial, cerraron filas en el debate y votación de la moción. La coalición de este bloque continúa, de momento, sólida. 

Luego de mandar al archivo la moción contra Salhuana, se priorizaron otros temas en agenda como la restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, cuyo debate duró casi 2 horas; varios proyectos de ley sobre límites entre regiones; declarar el 10 de febrero como el Día del Charango, entre otros más. Cerca de las 9 de la noche empezó el debate sobre la insistencia para restituir la detención preliminar en los casos de no flagrancia, luego de que se viniera criticando la falta de priorización del tema para la sesión del jueves. Finalmente, y con algunos cambios al texto consensuado en comisión, la insistencia se aprobó con 86 votos a favor, 0 abstenciones y 6 votos en contra de Perú Libre. Esta bancada pidió la reconsideración de la votación, rechazada por 65 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Queda la clara sensación de que, de no haber sido por la presión mediática por la ausencia del tema en la agenda del Pleno, la mayoría en el Congreso hubiera preferido no debatir ni votar la insistencia que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, en el primer Pleno de esta legislatura.