Con miras a 2026

¿Ánimo revanchista o control total?:

Esta semana, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública del expresidente Francisco Sagasti, así como de los exministros del Interior, José Élice y Rubén Vargas, por el pase al retiro de oficiales de la PNP durante su gobierno. El informe deberá ser sometido a votación en el Pleno del Congreso, y por la correlación de votos ya expresada, se espera que esta sea ratificada.   

El expresidente señaló que la decisión de pasar a retiro a los generales estuvo enmarcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento. Por su parte, José Élice señaló, durante su defensa en el Parlamento, que no entendía por qué había sido incluido en la acusación, ya que en ese momento no era ministro del Interior. Para Élice, el caso está cargado de elementos más políticos que jurídicos, y no le falta razón, pues los parlamentarios han defendido la decisión en medios, con argumentos y hechos alejados de los que plantea la acusación, y referidos a la situación política que se vivió durante ese breve gobierno.

En el debate, congresistas de Honor y Democracia, Renovación Popular y Fuerza Popular defendieron la acusación del informe; mientras que Ruth Luque, del Bloque Democrático, señaló que el informe no detalla las supuestas arbitrariedades que habrían cometido Sagasti, Élice y Vargas. Para la congresista no agrupada, Flor Pablo, lo que se pretende es sacar de carrera a posibles candidatos del próximo proceso electoral.

Detrás de esta decisión, primaría el ánimo de revancha en el Congreso con un personaje político que los ha criticado públicamente. En el pasado, Sagasti señaló que en el gobierno de Boluarte hay una indiferencia o incapacidad de detener las propuestas del Congreso que son causa del “deterioro de la institucionalidad democrática”.

La mala relación de un sector del Parlamento con Sagasti es notoria y pública. Como se recuerda, el 28 de julio de 2021, el expresidente fue impedido de dejar la banda presidencial y brindar un mensaje a la Nación en el Hemiciclo del Congreso, tras culminar su mandato. Solo se le recibió el distintivo presidencial en la puerta del Parlamento. La entonces titular del Legislativo, María del Carmen Alva, señaló que ello se debía a que Sagasti solo había sido un “encargado de la presidencia”, y que su gestión había culminado el 26 de julio junto a la de todos los congresistas que lo acompañaron en el período complementario 2020 – 2021.

De ratificarse la votación en el Pleno, Sagasti se convertiría en el segundo exjefe de Estado en ser inhabilitado por el actual Congreso. Sin embargo, a diferencia de Martín Vizcarra, quien sí es un potencial candidato presidencial, que además obtiene buenos resultados en las encuestas en las que es incluido, el excongresista del Partido Morado ha manifestado que no busca regresar a un cargo de elección popular, y que, si postulase, lo haría al Parlamento.

Estas decisiones del Congreso, independientemente de las razones legales detrás de cada uno de los casos, dejan en la ciudadanía la sensación de que se busca dejar fuera de carrera electoral a personajes con los que los partidos representados en el parlamento, y sus líderes, han rivalizado en los últimos años.

A ello, se suman distintas decisiones impopulares adoptadas recientemente por el Parlamento, respecto del proceso electoral de 2026, que reflejan que el verdadero control de las elecciones está en el Congreso y no en los organismos del sistema electoral.

Políticamente, estas inhabilitaciones, junto a las reformas electorales que se vienen dando, pueden ser un revés para las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Sectores más radicalizados están promoviendo narrativas sobre la intención de estos partidos de mantener el status quo, mientras que los partidos que no tienen representación parlamentaria buscan ganar respaldo de grupos cercanos a estas figuras acusadas. Hay un riesgo a futuro, especialmente desde el lado de los conflictos sociales, que podría desprenderse de las decisiones del Congreso que, en la práctica, deja la imagen de haberse auto delegado la facultad de decidir quiénes pueden o no ser candidatos en 2026.

Con miras a 2026:

Siguiendo con la línea anterior, y en un aparente afán de querer controlar las postulaciones, se han presentado dos iniciativas legislativas en ese sentido. El congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, presentó un proyecto de ley que establece que los funcionarios que hayan tenido acceso a información secreta, reservada o confidencial, no podrán ser elegidos miembros del Parlamento, exceptuando de esta restricción a integrantes de comisiones investigadoras o de la Comisión de Inteligencia. Con esta propuesta, se buscaría dejar fuera de carrera a ex integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este último grupo, está el exjefe de la DIVIAC, Harvey Colchado, quien fue pasado al retiro desde enero de este año. Si bien Colchado ha indicado en el pasado que no tiene intención de postular a un cargo de elección popular, se ha conocido de un reciente acercamiento al partido Libertad Popular. En algunas encuestas pasadas, el coronel ha registrado niveles de aceptación considerables, que podría intentar trasladar a su favor en las próximas elecciones.

La otra iniciativa legislativa ha sido presentada por Juan Burgos, de Podemos Perú, y propone que los partidos políticos puedan incluir un candidato externo en su plancha presidencial, sin la necesidad de una afiliación previa al partido. Según la normativa electoral actual, los candidatos a la presidencia deben estar inscritos al partido político con el que postularán con, al menos, un año de afiliación. De aprobarse, la iniciativa tendría un impacto en la conformación de las planchas presidenciales para las Elecciones de 2026. Además, modifica el plazo para afiliarse a un partido y participar en las internas, estableciendo un período de nueve meses antes de las elecciones primarias, que se estiman para el 16 de noviembre de 2025.

Según los especialistas electorales, el mayor beneficiado sería Antauro Humala, cuyo partido fue declarado ilegal por la Corte Suprema. De momento, Podemos Perú no tiene precandidatos presidenciales evidentes, pues Cecilia García apostaría por volver al Parlamento, José Luna por una candidatura a la Municipalidad de Lima, y el exministro Daniel Urresti cumple una sentencia de 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Hasta el momento, no ha prosperado ninguno de los intentos de Urresti por anular la sentencia.

Para que la iniciativa esté vigente en el próximo proceso electoral, tendría que estar aprobada y promulgada antes del 12 de abril, fecha en que la presidente Dina Boluarte deberá convocar a las Elecciones Generales de 2026. El primer filtro será la comisión de Constitución, liderada por Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, partido que viene evaluando la conveniencia de una candidatura de su lideresa, Keiko Fujimori. La probabilidad de éxito de la iniciativa pareciera no ser muy alta, sin embargo, evidencia las intenciones de algunos de los partidos, y estos podrían alinearse según el momento en que se someta al voto. Lo concreto es que, el inicio de la próxima legislatura ordinaria marcará también el cierre de las reformas electorales de cara a las Elecciones Generales de 2026.

Cronograma electoral:

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dispuso la publicación del proyecto de cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026. La convocatoria oficial se debe realizar, como máximo, el 12 de abril de 2025. Además, para esa misma fecha, también se ha establecido el plazo máximo para que los partidos políticos logren su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). A la fecha, son 41 los partidos que están inscritos y habilitados para los próximos comicios, y 31 en proceso de inscripción. El panorama se avizora variado y el escenario de fragmentación con miras a las siguientes elecciones es cada vez más preocupante.

Dentro de las otras fechas clave para este año, se establece el 12 de mayo como plazo para que las alianzas completen su inscripción en el ROP; el 16 de noviembre como fecha estimada para la realización de las elecciones primarias; y el 23 de diciembre como plazo para presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Los partidos venían estimando el 16 de julio como la fecha límite para concretar las coaliciones, por lo que esta nueva fecha planteada estaría modificando los planes de distintas agrupaciones.

En línea con las reformas electorales pendientes, y aunque falte más de un año para las elecciones, los partidos deberán tomar decisiones importantes entre el mes de marzo y mayo. Las movidas partidarias estarán a la orden del día, y para varios posibles candidatos serán días de definiciones. 

Siguiendo la misma línea:

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, decretó el puesto de vocero ministerial. El coronel PNP en retiro Carlos López Aedo asume la nueva función que, de acuerdo con medios de comunicación, no tiene precedentes en la administración estatal. Incluso el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, señaló que López Aedo “no es un vocero, es un portavoz” y se encargaría de rendir información a la prensa sobre los operativos de la Policía Nacional. Ello, en medio de la difusión de una fotografía que mostraría a policías de la División de Investigación Criminal de Trujillo con supuestos miembros de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Los policías que aparecen en la imagen ya han sido rotados en el pasado por vínculos a la organización criminal.

Santiváñez, quien enfrenta fuertes críticas a su gestión, así como una alta tasa de impopularidad, estaría siguiendo la misma línea de la presidente Boluarte de designar a un vocero personal para tener que dejar de rendir cuentas ante la prensa o responder preguntas de los periodistas. Con una desaprobación del 68% a su gestión, según las últimas encuestas, Santiváñez además busca minimizar las críticas en su contra, señalando que incluso su suegra “tampoco lo quiere”.

El titular del Interior se ha convertido, fácilmente, en el ministro más cuestionado del Gabinete, pero cuya permanencia también es responsabilidad del Congreso. La mayoría de las bancadas aliadas no tiene un verdadero interés, de momento, en presionar al gobierno para reemplazar a Santiváñez en el cargo, o lograr las firmas necesarias para presentar la moción de censura en su contra.