Cambios sustanciales en el MEF

Cambios sustanciales en el MEF:

El ministro José Salardi ha realizado cambios sustanciales en el Ministerio de Economía y Finanzas tras su nombramiento. El nuevo titular del MEF ha renovado cuadros en la secretaría general, la jefatura del Gabinete de Asesores, en cinco direcciones generales y, este viernes, oficializó la designación de Denisse Miralles Miralles como viceministra de Economía, reemplazando a Carlos González Mendoza en el cargo. Miralles, quien se venía desempeñando como directora de Inversiones Descentralizadas en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, se convierte en uno de los últimos -y más esperados- jales que ha realizado Salardi de su equipo de Proinversión al MEF, donde han departido funcionarios de larga trayectoria institucional.  

La salida de funcionarios que venían ocupando sus cargos en el ministerio por varios años, respondería a lineamientos trazados desde la presidencia de la República y la presidencia del Consejo de Ministros. El gobierno espera obtener mejores resultados para su gestión con estos nombramientos. La sensación de la mandataria sería que no hubo un alineamiento de la gestión previa del MEF a los objetivos del gobierno en materia económica. Los nuevos directores tendrían la instrucción de priorizar la recuperación de la confianza del empresariado, impulsar la inversión privada y destrabar proyectos de inversión, para lo que es clave sostener una buena relación con el sector privado, lo que no habría estado ocurriendo.

En ese sentido, el ministro Salardi ha priorizado, en estos primeros días de gestión, una serie de reuniones, grupales e individuales, con representantes de los gremios empresariales, gobernadores regionales y alcaldes, con los que ha buscado ser propositivo en darles un espacio para que puedan intervenir en algunos temas con propuestas relevantes para el sector. El titular del MEF ha anunciado un shock regulatorio para potenciar las asociaciones públicas privadas y el desarrollo de obras por impuestos, buscando reducir la burocracia en estas modalidades de inversión privada. Salardi quiere demostrar que no solo es un ministro que es respaldado al interior del gobierno, sino que, además, tiene una buena relación con el sector privado y está mostrando la intención de tener una buena gestión.

¿Más cambios a partir de marzo?:

Esta última renovación del gabinete le ha dado cierto respiro al gobierno de Boluarte, pero al interior del gobierno continuarán valorando qué otros cambios necesitan realizar en el Consejo de Ministros. Esto se da con miras al reinicio de las actividades en el Congreso a partir de marzo. Para el siguiente mes, se podría abrir un espacio de negociación con las diferentes bancadas que, como es usual, pueden empezar con ciertas demandas al gobierno, principalmente con el cuestionamiento a determinados ministros. Lo más probable es que la mandataria prefiera esperar a ver cómo será la dinámica con el Parlamento, a poco de entrar al último período anual de sesiones, para luego evaluar las modificaciones que necesitaría concretar para lo que también serán sus últimos 12 meses de gobierno.

En este espacio, entraría la evaluación sobre el titular del Interior, Juan José Santiváñez, con serios cuestionamientos y críticas a su desempeño en el sector. El asesinato al excongresista Óscar Medelius, acribillado en Carabayllo a inicios de la semana, ha puesto el foco, nuevamente, sobre la gestión de Santiváñez y la capacidad del gobierno en manejar la inseguridad ciudadana en el país. Especialmente, a inicios de la campaña electoral, pues hay ejemplos claros en la región de la forma en que puede escalar la violencia en medio de las elecciones. En el Congreso se alistan tres mociones de censura contra el titular del Interior. Estas responden a las bancadas opositoras al gobierno, como el Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú, entre otras más. Los grupos parlamentarios aliados al gobierno, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País, están optando, de momento, por guardar silencio.  

Por su parte, Santiváñez ha preferido alinear su discurso a la estrategia usada por la mandataria: la victimización y la confrontación. Durante la Mesa de Trabajo por la Seguridad Ciudadana, organizada por el Congreso de la República, el ministro acusó a los medios de comunicación de participar en una presunta “campaña de desprestigio” hacia su gestión. Campaña que, además, estaría empoderando a los criminales. “Algunos medios también están comprometidos con la criminalidad y lo digo claramente”, concluyó el ministro, quien además ha confrontado a otros actores del sistema de justicia a raíz de las investigaciones que enfrenta. Sobre esto último, la Junta Nacional de Justicia admitió a trámite la denuncia presentada por Santiváñez contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien solicitó el celular del ministro en el marco de la investigación de un presunto reglaje contra el periodista Marco Sifuentes. El ministro del Interior, con aspiraciones políticas a futuro, dimitió al partido Progresemos, donde Hernando De Soto se perfila como candidato presidencial, en el plazo establecido para poder postular como invitado al Congreso, aunque debería renunciar a su cargo en el Ejecutivo, como máximo en noviembre, para tentar una curul.

Por último, se vocea que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, sería reubicado en un nuevo cargo por el gobierno. Demartini, quien enfrenta una investigación por presunta obstrucción a la justicia en el marco de la red de corrupción de Qali Warma, ha señalado que siempre estará dispuesto a servir a la patria. Según informan algunos medios de comunicación, como El Comercio, el exministro podría ser designado como embajador del Perú en el Vaticano. La otra opción es que Demartini sea nombrado como asesor de la mandataria, aunque el riesgo de seguir vinculado a Fredy Hinojosa es algo que todavía se evalúa. De concretarse cualquiera de estas opciones, el gobierno optaría por renovarle la confianza a alguien del entorno del Boluarte, evitando una ruptura que luego le suponga posibles complicaciones, como ocurrió con Alberto Otárola.  

Levantando el perfil:

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha retomado las actividades públicas, de manera sutil, luego de la crisis reputacional que le ocasionó la denuncia sobre una presunta red de proxenetismo al interior de la institución. Esta semana, la presidencia del Parlamento organizó Mesas de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana, aunque sin mucha certeza sobre los resultados que podrían concretar para enfrentar de manera efectiva el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. En especial, porque el Congreso tampoco ha demostrado un apuro real en querer corregir la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. A pesar de ello, se continuará convocando a estas mesas de trabajo sumando a otros actores.    

Además, para la próxima semana, se convocará a la Comisión Permanente, para su tercera sesión ordinaria, aunque todavía sin mucha claridad sobre los temas que se debatirán el próximo miércoles. Uno de los temas confirmados es una denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti, por el pase a retiro de oficiales de la PNP durante su mandato.

Luego de ello, los congresistas tendrán la semana de representación, del 24 al 28 de febrero, con las actividades variadas que suelen realizar a nivel nacional, y regresarán los primeros días de marzo para retomar con las labores parlamentarias. Desde el mes de enero, la mayoría de los parlamentarios han aprovechado los viajes a sus regiones como un termómetro para sus posibles candidaturas en 2026, por lo que se esperan agendas recargadas para el cierre del mes.

Panorama 2026:

El Jurado Nacional de Elecciones informó que, a la fecha, no ha sido notificado con el pronunciamiento de la Corte Suprema que declara la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O., por lo que la agrupación aún figura en el Registro de Organizaciones Políticas. Ello está generando incertidumbre sobre la situación de la agrupación vinculada a Antauro Humala, quien continúa realizando actos políticos con Juntos por el Perú, de cara a la campaña electoral de 2026. La semana pasada, Humala participó en un evento político junto con el congresista, y líder de JPP, Roberto Sánchez.

Por su parte, el expresidente Martín Vizcarra también continúa en campaña electoral con visitas al interior del país, a pesar de su inhabilitación para ejercer cargos públicos. De manera reciente, Vizcarra se pronunció a favor de otorgar un indulto a Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por haber intentado ejecutar un golpe de Estado en 2022. Para Vizcarra, Castillo dio “un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado”.

Curiosamente, los actores que actualmente no pueden ser candidatos para el próximo proceso electoral son los más activos en la campaña, que va calentando los motores. La estrategia de ambos pareciera que estaría dirigida a querer generar tracción hacia el endose que pueden asegurar en el Congreso, que luego les permita estar habilitados en política, al menos en el caso de Vizcarra, quien puntualmente cuenta con una inhabilitación. Ambos políticos han buscado afiliar a personas que le sumen a esta tracción, como es el caso de la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, quien se afilió al partido de Martín Vizcarra, Perú Primero.