¿Respiro tras cambios puntuales?

Cambios en el Gabinete:

La presidente Dina Boluarte concretó cambios en el Gabinete Ministerial, en las carteras de Economía y Finanzas; Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista venía sufriendo de un desgaste producto de una compleja relación con el Congreso y los gobernadores regionales, a raíz de la negociación del Presupuesto 2025. Las autoridades subnacionales venían reclamando su salida a la presidente desde hace algunos meses. Arista fue reemplazado por José Salardi, quien, hasta ese momento, se venía desempeñando como director ejecutivo de Proinversión.

Salardi obtuvo un mayor respaldo dentro del gobierno para asumir la cartera debido a su perfil técnico. Además, desde las regiones han reconocido su trabajo en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, en especial por su capacidad de destrabar proyectos y concretar Obras por Impuestos. Asimismo, el nuevo titular del MEF tiene una buena relación con algunas bancadas en el Congreso.

Se espera que su nombramiento, respaldado por grupos políticos cercanos a la mandataria y por distintos representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, contribuya a mejorar la relación del Ejecutivo con los gobernadores y alcaldes.

Por último, Salardi, quien buscará seguir priorizando la inversión pública y generar confianza en el sector privado, ya viene realizando cambios significativos en la alta dirección del ministerio, con los nombramientos del nuevo secretario general, Pedro Tapia Alvarado, y del jefe del gabinete de asesores, Carlos Benites Saravia, ambos de su entorno en Proinversión. Tapia Alvarado y Benites Saravia no serían los únicos que harían el traspaso de esta entidad al MEF. Se comenta que ante la posibilidad de un cambio en el viceministerio de Economía, quien asuma el puesto vendría de dicha institución.

En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la exministra de Cultura, Leslie Urteaga, reemplazó a Julio Demartini. De esta manera, y entendiendo el nombramiento como una decisión política, regresa Urteaga al Gabinete Ministerial tras su polémica gestión en el Mincul. En esta última cartera, la ministra fue cuestionada de forma constante, por distintos hechos que le supusieron enfrentar mociones de interpelación y censura en su contra hasta su salida.

No sería casual que Boluarte haya optado por nombrar a una persona de su confianza, cercana a otros ministros como el de Educación, y que le ha demostrado lealtad, en una cartera en la que actualmente se investigan graves denuncias de corrupción por el programa Qali Warma, que involucran a personas del entorno de la mandataria, como el vocero presidencial, Fredy Hinojosa.

La interrogante pendiente de resolver es dónde será recolocado Demartini, pues forma parte del círculo cercano de Boluarte y, por experiencia, sería mejor no soltar la mano a personas clave para el gobierno, como ha pasado, por ejemplo, con Alberto Otárola.

De momento, Urteaga inició su gestión defendiendo a su antecesor, sobre quien aseguró realizó las acciones de reestructuración necesarias ante las denuncias de corrupción de algunos medios.

En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), asumió Fanny Montellanos, quien se venía desempeñando como viceministra de Políticas y Evaluación del MIDIS. El nombramiento de Montellanos, propuesto por Demartini, respondería a la intención del gobierno de fusionar el MIDIS y el MIMP, lo que ha sido rechazado por colectivos y organizaciones feministas. Para el gobierno, existe la necesidad de concretar la fusión de estos ministerios debido al interés de crear el anunciado Ministerio de la Infraestructura. Desde el Congreso esta posibilidad se ve lejana mientras no se supriman algunas carteras hoy existentes.

Esta renovación, si bien es puntual, le otorga un respiro a la mandataria, al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y a otros titulares cuestionados por su desempeño en el cargo, como los del Interior, Juan José Santiváñez; Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero; de Educación, Morgan Quero; y de Justicia, Eduardo Arana. Como suele ocurrir, Boluarte busca proteger a los suyos, sacrificando a los que no logran tener incidencia en temas de su interés.

Incremento patrimonial:

Un informe de la Contraloría General de la República, difundido por medios de comunicación, detectó un elevado incremento patrimonial de la presidente Dina Boluarte. Entre 2021 y 2024, la mandataria registró un aumento en el valor de su patrimonio de más de medio millón de soles. La Fiscalía de la Nación ya concluyó la investigación preliminar por enriquecimiento ilícito, y de momento, no se ha detallado qué acciones adoptará, pues podría presentar una denuncia constitucional o disponer el archivo del caso.

Desde la defensa de la mandataria, han señalado que este incremento se sustenta en el depósito en sus cuentas del dinero correspondiente a su fondo de pensiones. Sin embargo, expertos han indicado que existen indicios penales en el presunto desbalance presentado por distintos medios.

Lo cierto es que la Fiscalía de la Nación ha continuado con su rol fiscalizador exhaustivo, tanto con la presidente como con su entorno, en un contexto de cuestionamientos por diversos temas, como el Caso Rolex, el Caso ‘Cofre’, entre otros más. En respuesta, Boluarte ha adoptado un rol confrontador con las principales autoridades del sistema de justicia, en paralelo a las acciones de su defensa legal. El Tribunal Constitucional, que se ha convertido en un actor recurrente en medio de esta trama, ha admitido a trámite la demanda competencial del Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, buscando definir los límites de la acusación contra un jefe de Estado.

Desde el sistema de justicia, hay uniformidad y firmeza en las respuestas del Poder Judicial y el Ministerio Público, contra la mandataria y los congresistas, ante las críticas esgrimidas por la labor que desempeñan. Sin embargo, las respuestas de estas instituciones no son solo protocolares sino también políticas, lo que contribuye a la politización de la justicia en el país.

Rechazan observaciones:

En la Comisión de Justicia, a pesar del intento de la bancada de Perú Libre por alargar el debate y considerar un allanamiento parcial sobre las observaciones planteadas por el gobierno, se aprobó por mayoría el dictamen de insistencia a la autógrafa que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Hasta que el Pleno del Congreso ratifique esta decisión, el gobierno logró el objetivo de dilatar la restitución de la figura del derecho procesal penal que ha impactado en el trabajo de la Fiscalía en crímenes que van desde el cohecho, el robo agravado, el tráfico ilícito de drogas, hasta la minería ilegal, entre otros más. El costo de estas decisiones lo asume, como siempre, la ciudadanía.

Además de ello, ha sido un receso parlamentario bastante calmado en comparación a años anteriores, pues la mayoría de las comisiones, con excepción de Fiscalización, han sido cautas en convocar a sesiones extraordinarias, y no se han tratado temas de mayor relevancia. Luego de la exposición por la denuncia de una presunta red de proxenetismo al interior de la institución, el Congreso adoptó un perfil bajo mientras disminuye el escrutinio en su contra.

Panorama 2026:

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, logró la inscripción de su partido Batalla Perú en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera, y tras la declaratoria de ilegalidad al partido de Antauro Humala, son 41 las agrupaciones políticas habilitadas para los próximos comicios de 2026 y 31 en proceso de inscripción. El escenario de fragmentación con miras a las siguientes elecciones es cada vez más preocupante.

Respecto a las negociaciones de partidos políticos para concretar alianzas en el plano electoral, la gran coalición de la derecha no llegaría a materializarse, luego de que Phillip Butters y Rafael López Aliaga descarten una alianza con Keiko Fujimori. Butters, precandidato presidencial de Avanza País, ha descartado ser parte de una fotografía con la lideresa de Fuerza Popular.

Por cómo evoluciona el diálogo entre los partidos políticos, la derecha está, como mínimo, dividida en dos grupos: Fuerza Popular, con su propia maquinaria y buscando una posible alianza con partidos como el PPC; y Avanza País, bajo un nuevo liderazgo, midiendo una coalición que a Renovación Popular no le desagrada. Sin embargo, para que esta última unión se concrete, dependerá de las negociaciones que se realicen en el Congreso respecto a la reelección inmediata de autoridades subnacionales. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tendría una mayor intención de intentar por la presidencia de la República, pero maneja escenarios que aún están abiertos, para buscar un período más en la Municipalidad de Lima, si la ley se lo permitiese.

El Jurado Nacional de Elecciones publicó la norma que distribuye los escaños para la Cámara de Diputados y el Senado, que serán elegidos en 2026. Los senadores serán electos de dos maneras: 30 por distrito electoral múltiple y 30 por distrito electoral nacional. Cada región tiene 1 escaño, con excepción de Lima Metropolitana que tiene 4. Respecto a la Cámara de Diputados, el JNE dispuso que la distribución será proporcional con el número de electores de cada distrito electoral, con excepción de Peruanos Residentes en el Extranjero, que solo tendrá 2 escaños. Con esta fórmula, Lima Metropolitana, que tiene a un tercio de los electores, perdió un escaño, pasando de 33 a 32, si se compara la Cámara de Diputados con el actual Congreso unicameral; y Madre de Dios obtiene un escaño adicional, pasando de 1 a 2.

La distribución del JNE obedece a lo aprobado por el Congreso, pero especialistas en derecho electoral han cuestionado la pérdida de representatividad para Lima Metropolitana en favor de seguir manteniendo el distrito electoral de los peruanos en el extranjero. Los especialistas coinciden en que las próximas elecciones serán una votación compleja, tanto por el número de partidos habilitados, como la votación para el Congreso bicameral.

Por último, los organismos electorales vienen realizando acciones iniciales respecto al padrón electoral de los próximos comicios. El RENIEC ha detectado que más de 8 mil personas fallecidas, de acuerdo con el SINADEF, aún no han sido registradas por sus familiares como tales. La jefe de la entidad, Carmen Velarde, anunció que se implementarán medidas para reducir el margen de error en el padrón electoral. Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, destacó la norma que permite al organismo electoral conservar las cédulas por 90 días concluido el escrutinio. Corvetto también anunció que ha presentado al JNE una propuesta para incluir en la ley electoral mecanismos de recuento de votos emitidos por los ciudadanos. Las acciones de los titulares de estos organismos se pueden entender como una rama de olivo hacia los grupos políticos que los cuestionaron tras los resultados de las Elecciones Generales de 2021 y que, incluso, estuvieron en contra de su ratificación en el cargo.