Estrategia política y tranquilidad

Último día del plazo:

El Ejecutivo observó la autógrafa de la ley que restablecía la detención preliminar en casos de no flagrancia, en el límite del plazo dispuesto. El gobierno de Boluarte argumenta que la detención preliminar podría usarse como un mecanismo para presionar a los detenidos y que la figura no posee autonomía respecto a la prisión preventiva. Esto último coincide con las justificaciones del congresista Waldemar Cerrón, autor de la cuestionada ley vigente que se busca modificar. Aunque el Ejecutivo no ha citado el proyecto del segundo vicepresidente del Congreso, se ha apoyado en un informe, que va en una línea similar, de la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, quien tiene una fuerte vinculación a distintas bancadas, especialmente a Perú Libre.

Precisamente, el partido del lápiz tiene la presidencia de la Comisión de Justicia, que es la que deberá revisar la observación enviada por el Ejecutivo. De esta revisión, deberán decidir si sugieren un allanamiento a lo planteado por el gobierno, o si insisten en lo aprobado en diciembre. De momento, Isaac Mita, quien lidera dicho grupo de trabajo, ha señalado que el tema se debe evaluar, y que la responsabilidad, más que del Parlamento o de su comisión, es del Ejecutivo por haber esperado hasta el último momento para observar la norma. A pesar del llamado de Eduardo Salhuana y voceros de otras bancadas por priorizar este debate, el bloque cerronista prefiere retrasar su análisis, del mismo modo en que demoraron su debate y aprobación en el Pleno. Es evidente, a estas alturas, que el lineamiento partidario, que se condice con los intereses del prófugo Vladimir Cerrón, es hacer todo lo posible para no restituir la detención preliminar.

Desde el gobierno, parece que la directriz es similar, pues se ha hecho público a través de denuncias periodísticas, que la observación presentada se ha concretado tras forzar un cambio de informes técnicos del Ministerio del Interior. Un primer documento, de la Oficina de Asesoría Jurídica del MININTER, había recomendado no observar la norma. Como si esto fuera poco, se ha informado que en el documento en el que se sugiere devolver la autógrafa al Parlamento, se habría usado argumentos difundidos por el abogado del ministro Santiváñez.

Hay un claro favorecimiento de la norma vigente a personas cuestionadas que forman parte del entorno más cercano de la presidente. El ejemplo más claro y reciente involucra al vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien está implicado en la investigación de Qali Warma. Si bien se realizó el allanamiento a su vivienda, hacia finales del año pasado, Hinojosa se vio favorecido por la aplicación de la norma, pues no se autorizó la detención preliminar en su contra. Para una mandataria que continúa enfrentando una alta desaprobación, la última encuesta ubica el rechazo a Boluarte en un 92%, y con varias investigaciones preliminares en su contra, un cálculo político como esperar al límite del plazo, y observar la restitución de la norma, no le complica más el panorama.

Respiro para la presidente:

La mandataria Dina Boluarte se presentó este lunes ante la Fiscalía de la Nación por casi cuatro horas, a fin de responder a un interrogatorio en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y, alternativamente, abandono de cargo. La Fiscalía, además, ha solicitado a la presidente remitir todos los documentos relacionados a su estado de salud que motivaron la intervención quirúrgica a la que se sometió.

La respuesta pública de Boluarte sigue en la línea de la estrategia de victimización. Tras declarar ante la Fiscalía, señaló que no bajará la cabeza ante ningún tipo de “acoso político”. A la presidente le favorece que, ciertamente, no hay un Congreso con un, mayoritario interés, en removerla del cargo y que hay una debilitada Fiscalía de la Nación. Si bien los casos por los que se la investiga podrían complicar su situación política y legal, estos últimos factores, como Congreso y Fiscalía, le dan un respiro que la terminaría de tranquilizar, como se puede observar en sus apariciones públicas. A ello se le suma que el Poder Judicial revocó la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, quien es investigado por el caso “Los Waykis en la sombra”. Para la jefa de Estado, será un alivio dejar de exponer a sus ministros defendiendo a su hermano o señalando que el gobierno estaba interesado en buscarlo y capturarlo.

Buscando una salida:

El Congreso, golpeado por la grave denuncia de una red de proxenetismo al interior de la institución, estaría iniciando una estrategia para limpiar la imagen de la institución. Es evidente que se estaría tratando de atribuir la muerte de la extrabajadora a la inseguridad ciudadana con el apoyo de otras instituciones. Según el análisis balístico de la Policía Nacional, la víctima sobre la que se destapó la denuncia habría sido una eventualidad del sicariato. Apoyándose en este informe, el Congreso publicó un comunicado aseverando que el objetivo principal habría sido el conductor del taxi y exhortó a la captura inmediata de los autores del crimen. Esta hipótesis ha sido cuestionada por el hermano del taxista, pues asegura que no había mencionado estar recibiendo amenazas en su contra.

En medio de idas y venidas en este delicado caso, al interior del Parlamento pareciera que las cosas se mantienen igual. Tras la salida de algunos funcionarios cuestionados, se ha conocido que se viene recolocando a asesores de bancadas que habían condicionado su apoyo a una censura de Salhuana. Esta semana se nombró como nueva Jefa del Área de Administración de Bienes del Departamento de Abastecimiento del Congreso a Susana Rivera Zanca, quien, según informa el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, es una exasesora del congresista Elvis Vergara, actual vocero de Acción Popular. Precisamente esta bancada había solicitado a la Mesa Directiva realizar nuevos nombramientos y remover a personas involucradas en el caso, a fin de no apoyar la censura del titular del Legislativo.

Por su parte, Eduardo Salhuana, presidente del Parlamento, estaría tratando de hacer un control de daños, luego de cometer algunos errores iniciales en el manejo de la denuncia, como insistir en el viaje a China, que favorecieron a que se presente una moción de censura en su contra. Salhuana ya habría conversado con el líder de su partido, César Acuña, quien, tras criticarlo públicamente, ahora lo respalda. Acuña pide reflexión, pues una posible censura al presidente del Congreso solo sumaría a la inestabilidad política del país. Mientras la denuncia sobre la red de proxenetismo no sea un tema controlado, Salhuana optaría por evitar exponerse, innecesariamente, tanto a él como a los congresistas, razón por la cual no se convocó a la Comisión Permanente esta semana, como se tenía previsto.

Si bien en este Congreso la mayoría de los parlamentarios ha demostrado no tener reparos ante los cuestionamientos, ni capacidad de enmienda, el hecho de que, aparentemente, se continúe negociando votos y contrataciones, en torno a un hecho tan sensible como la denuncia de una red de proxenetismo, que ha conllevado muertes y un mayor desprestigio del Poder Legislativo, nos arrastra a una situación de descrédito absoluto, que no pareciera tener solución pronta, ni siquiera ante una nueva composición del Parlamento en 2026.

Caso Cócteles:

Este lunes, el Poder Judicial decidió anular el juicio oral del Caso Cócteles, que involucra a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 30 personas, en el marco de la investigación de lavado de activos por aportes de campaña de fuente ilícita. De esta manera, el caso retrocede a etapa intermedia, por lo que la Fiscalía, que ha quedado debilitada ante esta decisión, deberá presentar una nueva acusación. Para el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, la imputación elaborada por José Domingo Pérez presentaba vicios que impedían continuar con el juicio; mientras desde el Ministerio Público se anunció que apelarán la decisión en una segunda instancia.  

La resolución fue adoptada en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre José Chlimper, que ordenó retroceder el proceso para un nuevo control de la acusación. Esta decisión, en uno de los casos más emblemáticos de la última década, significa un duro golpe para el Equipo Especial Lava Jato, que pierde fuerza, y podría generar repercusiones en el resto de los casos que tiene a su cargo.

Ante el inicio de una campaña electoral que estará marcada por la confrontación y polarización, la decisión suma a que el panorama continúe difuso, pues no hay certeza sobre el futuro de líderes que podrían regresar a la escena política. Por parte de Fuerza Popular, esto podría influir en la decisión que vaya a Keiko Fujimori sobre una posible candidatura presidencial o congresal en 2026.