Reformas electorales con miras a 2026

Prófugos de la justicia:

El juez Richard Concepción Carhuancho, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, por el caso “Los Waykis en la sombra”. Boluarte es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y por pertenecer a una organización criminal. La presidente Dina Boluarte, respaldada por un 3% según la última encuesta, ahora enfrenta el peso político de estar fuertemente ligada a dos prófugos de la justicia: Vladimir Cerrón, líder del partido político por el que fue elegida en la fórmula presidencial de 2021; y su hermano, Nicanor.  

Sobre el líder de Perú Libre, el gobierno de Boluarte no ha demostrado una intención real de buscarlo y capturarlo y, más bien, distintas investigaciones periodísticas apuestan por señalar que lo están encubriendo. Cerrón ha logrado eludir, por lo menos, nueve operativos de la Policía Nacional del Perú en el año que lleva huyendo de la justicia, lo que dice más de la Policía que de Cerrón. Además, como caso suigéneris, cada vez que han estado cerca de capturarlo, el ministro del Interior de turno o algún representante de la PNP, ha salido a informar a los medios que están próximos a dar con él. Las señales que intentan enviar a la población sobre un supuesto trabajo de inteligencia sirven más bien, para que el prófugo exgobernador tome medidas preventivas. Es difícil creer, a estas alturas, que sea coincidencia.

Respecto al caso del hermano de la mandataria, los integrantes del Consejo de Ministros han demostrado una vez más su lealtad a Boluarte -al de su preferencia-, criticando la decisión del Poder Judicial. En conferencia de prensa, Gustavo Adrianzén, jefe del Gabinete, cuestionó la prisión preventiva dictada contra Nicanor. “Mi preocupación es porque tengo que denunciar, una vez más, la judicialización de la política”. Al titular de PCM se sumaron César Vásquez (MINSA); José Arista (MEF); Julio Demartini (MIDIS); Sergio González (Produce); y Durich Wittembury (Vivienda), quienes, además de mostrar su preocupación, han señalado que esto es promovido por quienes buscan desestabilizar al país. Al parecer, al interior del gobierno no caen en cuenta de que estas declaraciones validan las tesis de la injerencia del ‘primer hermano’ en espacios de gobierno. La verdadera preocupación del gabinete debería ser la defensa tan abnegada que realizan los principales voceros del gobierno en favor de los Boluarte. Adrianzén ha continuado con esta misma narrativa frente a la prensa extranjera. La prisión preventiva dictada esta semana contra Nicanor ha sido, en realidad, un proceso metódico y diligente cuya decisión demoró 3 meses en tomarse.  

La presidente Boluarte, por su parte, deberá evaluar qué respuesta política y comunicacional podría adoptar. Por un lado, podría renovar al titular del Interior, con el riesgo que supone remover a Juan José Santiváñez. Son varios los audios atribuidos a Santiváñez que, de ser corroborados, supondrían otra complicación más a la mandataria. Además, mientras no sienta la presión, desde las bancadas que le brindan un soporte en el Congreso, es poco probable que la mandataria opte por cambiar a Santiváñez. Por otro lado, Boluarte podría emplear una estrategia mediática para dar la sensación de que el gobierno está tratando de actuar respecto a la captura de los prófugos “emblemáticos”. Sin embargo, este tipo de estrategia requiere de hilar puntadas finas y el equipo de la presidente ha demostrado no tener habilidad política ni comunicacional.

Nuevo presidente JNE:

El magistrado supremo Roberto Rolando Burneo Bermejo juró como nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones para el período 2024 – 2028. Burneo tendrá a su cargo el proceso electoral del 2026. El nuevo presidente del JNE, cuya elección fue por unanimidad, no es juez de carrera, pues ingresó al Poder Judicial hace dos años como juez supremo titular por la Junta Nacional de Justicia, y tampoco destaca por tener conocimientos en materia electoral. El rol que vaya a cumplir durante los procesos electorales venideros es todavía una incógnita. El día de su elección, Burneo señaló que asumía esta responsabilidad “con el compromiso de servir a nuestros ciudadanos, a la democracia y al Estado de derecho, para que la voluntad popular sea respetada en las próximas elecciones y todos los procesos electorales”. Si bien carece de experiencia institucional, el Congreso no tendría objeciones con el reemplazo de Jorge Luis Salas Arenas, quien regresa a la Corte Suprema, probablemente con ánimo de revancha y con varios objetivos en la mira, especialmente ubicados en la Av. Abancay, donde además de las críticas a lo que fue su gestión, sobran las denuncias contra parlamentarios.

Reformas electorales con miras a 2026:

La Comisión de Constitución aprobó esta semana dictámenes referidos a reformas electorales. Se aprobó por mayoría, con 21 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que restituye el financiamiento privado de personas jurídicas y dicta disposiciones para el empleo del financiamiento público. El dictamen reestablece el financiamiento privado a los partidos políticos y eleva el tope, de 120 UIT a 200 UIT, que las personas naturales y jurídicas pueden entregar a una organización política. Además, establece que ningún aportante podrá superar las 500 UIT al año, al margen del número de organizaciones a las que aporte. Los votos a favor vinieron de Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, Alianza para el Progreso. Los votos en contra y abstención vinieron de Perú Libre, la Bancada Socialista, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, el Bloque Democrático Popular y el Bloque Magisterial. El sentido de la votación en la comisión dimensiona lo que podría pasar en el Pleno, cuando el dictamen se debata y someta a votación en esta instancia. Sin embargo, la votación también sirve para interpretar los intereses de los congresistas, especialmente los que han sido vinculados a economías ilegales, y que están en contra de la iniciativa. Se trata de las mismas bancadas y congresistas que promueven iniciativas que responden a una agenda particular, como la prórroga al REINFO. Sin embargo, también es cierto que estas bancadas saben que son poco atractivas para el sector privado, y que difícilmente consigan el mismo nivel de financiamiento que otras agrupaciones. En este momento, las decisiones en el Congreso se toman dependiendo no solo de lo que beneficia a uno, sino de lo que puede perjudicar al otro.

La Comisión de Constitución también aprobó cambios en leyes orgánicas para adecuarlas a la elección del Congreso Bicameral. La elección para los 130 diputados se mantiene como ha sido con el Congreso unicameral; mientras que la elección de los 60 senadores, por distrito electoral múltiple, se realiza aplicando el sistema mayoritario. De esta manera, se divide en 27 circunscripciones electorales, una por cada departamento, una por Lima provincias, una por el Callao y una por los peruanos residentes en el extranjero. A cada circunscripción electoral se le asigna un escaño con excepción de Lima, a la que se le asigna 4 escaños. Los otros 30 senadores serán elegidos por distrito electoral único nacional aplicando el sistema de representación proporcional. El principal riesgo en este caso es que dichos escaños serán ocupados por quienes obtengan la mayor cantidad de votos, pudiendo abrirle el espacio a una sobre representación del sur radical.

Las Elecciones Generales de 2021 refleja la marcada división del voto entre Lima, la costa norte del país y el sur. La tendencia en el sur de Perú es que suele haber un respaldo por candidatos “antisistema”, mientras que en Lima y en el norte se suele votar por candidatos más conservadores. Un resultado similar para 2026, incluso con un voto fragmentado, podría significar un reparto de escaños que favorezca a partidos políticos de izquierda. A modo de ensayo, con los resultados de 2021, Perú Libre podría tener 19 senadores (5 nacionales y 14 regionales); Fuerza Popular 12 senadores (4 nacionales y 8 regionales); Renovación Popular 6 (4 nacionales y 2 regionales); Acción Popular 4 senadores (3 nacionales y 1 regional); Alianza para el Progreso 6 (3 nacionales y 3 regionales); Avanza para el País 4 (3 nacionales y 1 regional); mientras que Juntos por el Perú, Somos Perú y Podemos con 2 senadores elegidos de manera nacional, y el Partido Morado 3 senadores (2 nacional y 1 regional).

El dictamen también señala que para acceder al procedimiento de distribución de escaños en la Cámara de Diputados o en el Senado, se requiere haber alcanzado al menos el 5% del número legal de miembros y al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en cualquier cámara. Especialistas en temas electorales han señalado que el dictamen cuenta con varias imprecisiones, entre ellas, este proceso para acceder a la distribución de escaños en ambas cámaras, dado que se han establecido dos modalidades para la elección de los representantes.

En la sesión del Pleno de esta semana, no se aprobó en segunda votación el dictamen que propone la reforma constitucional de los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución, a fin de establecer la reelección por un periodo adicional de manera inmediata para alcaldes y gobernadores regionales. En esta oportunidad, y a diferencia de la primera votación en mayo con 92 votos a favor, el dictamen alcanzó 75 adhesiones. Ahora, Podemos Perú votó, mayoritariamente en contra, mientras que Acción Popular se dividió en la votación. El cambio de posición de Podemos, quien inicialmente había anunciado su apoyo, transcurre en un contexto de intensa negociación por el presupuesto de 2025, y donde la bancada no estaría teniendo éxito. Además, los alcaldes del partido están afiliados a la organización y podrían intentar postular al Congreso, en primera instancia, de no permitirse la reelección inmediata de autoridades subnacionales. Podemos Perú preferiría no enfrentarse a Rafael López Aliaga en Lima Metropolitana.

La división de Acción Popular es una extensión del desencuentro que hay entre la bancada y el partido. Los actuales congresistas tendrían el temor de que quienes busquen una candidatura regional o municipal puedan perder espacios de participación, de permitirse la reelección. El partido, que tendrá como candidato a la alcaldía de Lima a Alberto Tejada, siente que están en capacidad, como ocurrió en 2018, de generar un efecto de arrastre local, logrando un buen posicionamiento a nivel de alcaldías distritales y gobiernos regionales.

Renovación Popular, que había venido mostrando una posición contraria, finalmente votó en bloque a favor, pues el partido considera que, de no encontrar un candidato de consenso para el próximo proceso electoral, el alcalde Rafael López Aliaga intentaría la reelección a Lima Metropolitana. Además, el partido se ha unido a varios movimientos regionales, sumando a sus integrantes.

De momento, se han presentado 3 consideraciones a la segunda votación de congresistas de Alianza para el Progreso (1) y Somos Perú (2), por lo que el tema aún no está zanjado, aunque deberá definirse antes del cierre de la actual legislatura.

En el Pleno, con 90 votos a favor, se aprobó en primera votación el texto sustitutorio del dictamen que propone la reforma constitucional que establece que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido entre los miembros del Pleno por un periodo de dos años, sin opción de reelección en el cargo. La reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura, pero lo cierto es que hay una mirada cortoplacista del actual Congreso, que continúa arrastrando los resultados de las pasadas elecciones en cada decisión que toma actualmente.

APEC 2024:

El Ejecutivo se presentará, este viernes 22, ante el Pleno del Congreso para informar sobre los resultados de la Cumbre APEC 2024. El canciller Elmer Schialer ha destacado que Perú logró 20 documentos bajo el consenso, entre los que destacan: la Declaración de Machu Picchu; la Hoja de Ruta de Lima; la Declaración de Pachacamac, entre otros. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, saludó que se haya logrado tener una declaración conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, que fue suscrito por las 21 economías del APEC. Además, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo realizó una proyección de crecimiento de intercambio de bienes de más de 80 mil millones de dólares con el bloque APEC.

Culminada la Cumbre APEC, y pensando hacia finales del año, el Gabinete Ministerial, liderado por Gustavo Adrianzén, podría sufrir una renovación parcial de sus integrantes, en especial de los titulares cuestionados por denuncias o desempeño, como MIDAGRI, MINEDU, MIDIS, MININTER o MINJUS. Sobre este último, el Pleno aprobó a moción de interpelación, por lo que Eduardo Arana deberá presentarse el próximo 4 de diciembre para responder el pliego interpelatorio.

Desde el Parlamento existe la sensación de que Boluarte debe iniciar el 2025 con un gabinete renovado, y distintas bancadas están impulsando mociones para forzar un recambio, que al menos desde Palacio de Gobierno, se viene dilatando sin importar los cuestionamientos que llegan desde todos los frentes posibles. Lo cierto es que, al menos desde el Congreso, continuarán en esa línea, que, a la luz de los hechos, parece la más acertada en casos como Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Desarrollo Agrario y Educación, cuya permanencia de sus titulares no solo es insostenible, sino cada vez más perjudicial. El juego de poder se mantiene activo, y a fines del 2024 o inicios del 2025, conoceremos quién se lleva la victoria por más pírrica que esta sea.

Intensa negociación:

La próxima semana, el Congreso entrará en una intensa negociación por el presupuesto de 2025. Los dictámenes, tras su aprobación en la Comisión de Presupuesto, serán debatidos en sesiones del Pleno que se prevé podrían iniciar el miércoles 27 y culminar el sábado 30, plazo final para su aprobación en el Congreso. Será una semana intensa para el Ejecutivo y Legislativo, como suele ser el caso. El debate del presupuesto abre un parteaguas en el Parlamento, pues muchos parlamentarios comprometen su apoyo a otras iniciativas a cambio de la inclusión de pedidos particulares de obras en sus regiones en el respectivo pliego presupuestal.

Una vez superado el presupuesto, inicia el cierre de legislatura, donde todos buscan concretar sus proyectos más significativos, y el riesgo del populismo suele incrementar. A diferencia de otros años, el principal interés de los congresistas está en declaratorias de interés de obras y proyectos, lo que podría distraer sus agendas, pero ello no significa que dejen de buscar la concreción de medidas cuestionadas. El abanico de posibilidades es amplio, y la agenda del Pleno irá creciendo conforme pasen los días. El ida y vuelta apenas comienza, y veremos a los parlamentarios en su momento de mayor actividad en todo el período legislativo.