Puntos débiles del gobierno

Punto de no retorno:

La coyuntura política ha dejado en evidencia algunos de los principales puntos débiles del gobierno de Boluarte como la falta de coordinación interna, la limitada capacidad de lectura política, el inadecuado manejo de la relación con la prensa y la gestión deficiente del descontento social, esta vez expresado en la convocatoria de paros vinculados con la inseguridad ciudadana.

La falta de coordinación intersectorial y la escasa muñeca política son evidentes en las decisiones que toma el gobierno. Esta semana se han evidenciado nuevamente con la decisión en torno al drawback y su posterior reversión.

La relación con los medios de comunicación sigue mostrando un deterioro. En la última conferencia de prensa donde se presentó el balance de su gestión, la presidente respondió con ironía a las preguntas de los periodistas, tras tomar nota de quiénes la formulaban y a qué medios representaban. A diferencia del expresidente Pedro Castillo, quien logró contar con el apoyo de la llamada “prensa alternativa” y algunos férreos defensores mediáticos de Lima y de regiones, Boluarte ha perdido la habilidad política que demostró tener con la prensa al inicio de la campaña electoral en 2021. De esa vocera efectiva que se encargó de enfrentar, siempre con una sonrisa y un lápiz en la mano, a la prensa limeña, solo queda hoy el recuerdo, pues actualmente hay una mandataria que no siente la necesidad de rendir cuentas, mientras las denuncias en su contra continúan acumulándose. Si bien Boluarte enfrentó a la prensa tras 106 días de silencio, en realidad podría considerarse que sigue sin dar respuestas reales, ya que evadió o se negó a responder la mayoría de las preguntas. El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, también justificó la falta de respuestas alegando que, por motivos de seguridad, no es necesario que la mandataria transparente su agenda o rinda cuentas a la ciudadanía. Este tipo de actitudes refleja una confusión entre institucionalidad de la investidura presidencial y la impunidad que creen merecer los actores del gobierno.

Las declaraciones de los ministros dan luces de por dónde le llegan los malos consejos a la mandataria. Boluarte necesita un equipo que la defienda con acciones concretas y efectividad en sus carteras, más que con discursos que solo parecen buscar la permanencia en un cargo. Los escuderos de Dina se parecen cada vez más a los de Pedro Castillo. Parte de esta problemática está centrada en que varios de los actuales integrantes del gabinete anhelaban llegar a ocupar un ministerio. Pensar en soltar tan rápido el cargo, no es una posibilidad. Difícilmente piensen en cómo quedará su reputación luego de salir del gobierno, y algunos estarán dispuestos a llegar hasta donde el azar se los permita.

Las recientes convocatorias a paros nos han recordado que la gestión de Boluarte tampoco ha sabido manejar las demandas ciudadanas. En lugar de abordar el problema de fondo, que es la lucha contra el crimen organizado, el gobierno ha intentado minimizar las movilizaciones, sugiriendo que obedecen a intereses subalternos destinados a desestabilizar el país. Si bien es cierto que hay algunos azuzadores con vínculos políticos que han intentado aprovechar la plataforma para sus propias agendas, en su mayoría, las movilizaciones son expresiones genuinas de la ciudadanía, lideradas por dirigentes de mercados y ollas comunes, que logran esta capacidad de convocatoria. Los transportistas informales, especialmente los que figuran como afiliados a los partidos A.N.T.A.U.R.O. y Perú Primero, utilizan los espacios para tener exposición mediática con otros fines, sin representar y exponer, necesariamente, la real agenda y motivación de los protestantes, que es bastante más simple y concreta: tener una respuesta contra la inseguridad en el más breve plazo.

Este miércoles, en conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén señaló que el Ejecutivo ha reflexionado sobre las causas que motivaron la movilización social y reiteró la disposición de continuar con el diálogo y las mesas de trabajo establecidas. Sin embargo, queda la sensación de que es una acción muy superficial, y que no hay un verdadero interés en conectar y mostrar empatía hacia las preocupaciones ciudadanas. Además, la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es otro error del gobierno. Es evidente que su continuidad, al igual que la de otros ministros cuestionados, responde tanto al respaldo de la presidente como al apoyo de aliados políticos en el Congreso. Hay un costo político que tendrán que asumir la mandataria y las bancadas que respaldan a Santiváñez en el Congreso, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. El titular del MININTER no solo ha demostrado una absoluta incapacidad para dirigir la cartera, sino un nivel de indolencia sumamente ofensivo frente a los males que enfrenta la ciudadanía.

Fricciones en el Congreso:

En el Congreso, se hace evidente la fricción que hay con algunas bancadas y los presidentes de las comisiones ordinarias. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso están buscando sostener la gran coalición que formaron para llevar a la presidencia del parlamento a Eduardo Salhuana, aunque intentando desmarcarse de Perú Libre. Renovación Popular adopta una posición cada vez más dura contra el gobierno, los fujimoristas y los acuñistas; al igual que Acción Popular y Podemos Perú. Somos Perú y Avanza País prefieren mantener lo ganado, pero son cuidadosos de comprometerse con algún bando. La elección de la Mesa y la distribución de comisiones ya pasó, y eso para algunos significa hacer “tabula rasa” en las negociaciones.

Por otro lado, Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, enfrenta una denuncia realizada por un dominical, en la que se señala que habría usado un testaferro en una empresa para beneficiarse de algunos contratos. Para el congresista Jorge Montoya, de Honor y Democracia, López debería ser desaforado. Si bien esta semana de representación no ha significado mayor movimiento en el Congreso, Ilich podría enfrentar una denuncia en el Congreso por este caso, dependiendo del respaldo de otras bancadas.

A López se suman las críticas al presidente de Justicia, Isaac Mita, de Perú Libre, por su pésimo manejo de los debates de las propuestas legislativas sobre seguridad ciudadana. Si bien todo hacía pensar que esto quedaría en el Pleno de la semana pasada, las intenciones de removerlo del cargo, e incluso buscar que otra bancada presida esta comisión, continúan en pie. Esto podría reconfigurar la correlación de intereses al interior del Parlamento, pues los cerronistas no están dispuestos a ceder ni un solo centímetro de lo ganado, sin que haya consecuencias.  

Panorama 2026:

Fuerza Popular tiene un mes de reflexión tras el fallecimiento de su líder histórico, Alberto Fujimori, lo que ha dejado al partido en una especie de pausa, marcada por la ausencia de Keiko Fujimori. A su vez, este período representa un momento de inflexión para la tres veces candidata presidencial, quien deberá decidir si postula en los próximos comicios, cede la candidatura a otra figura dentro del partido, o si optan por una alianza estratégica con otro partido.

En paralelo, se perfilan los nombres de los posibles candidatos para la alcaldía de Lima. Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, es la opción de Somos Perú tras su incorporación a esta agrupación política, la cual parece tener cubiertas las candidaturas para alcaldías y gobernaciones regionales. Alianza para el Progreso habría confirmado la postulación de Francis Allison, alcalde de Magdalena, como candidato para Lima, aunque persisten dudas sobre el equipo distrital que lo acompañará. La congresista Norma Yarrow estaría considerando postularse a la alcaldía de Lima Metropolitana; pero todavía se especula que el actual alcalde, Rafael López Aliaga, podría buscar la reelección en lugar de competir por la presidencia de la República. Esto último podría, también, definir la postura que tome la bancada celeste en la segunda votación del proyecto que habilite la reelección para autoridades subnacionales.

Otros nombres que se perfilan para la comuna capitalina son el del excongresista Aron Espinoza, actual regidor de Lima, quien sería el candidato de Podemos Perú; la presentadora de televisión Sofía Franco, por el partido Fe en el Perú, liderado por su aún esposo Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina y con aspiraciones presidenciales. Franco Warthon, abogado y exjefe de campaña de Renovación Popular, sería la opción para Progresemos, organización que ha sumado recientemente a figuras como Hernando de Soto y Luis Solari. En Acción Popular, las posibles candidaturas incluyen a Jorge Quintana, Alberto Tejada y Luis Gálvez, exalcaldes de Jesús María, San Borja, y un histórico dirigente partidario, respectivamente.

Por último, suman 37 los partidos políticos de alcance nacional con inscripción vigente, luego de que Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo, lograra su incorporación en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. De las otras 30 organizaciones que están en espera de lograr su inscripción, el JNE aprobó iniciar este proceso para el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), vinculado al exministro de Salud, Hernando Cevallos, y Verdad y Honradez, del excongresista Yonhy Lescano. Sin embargo, debido a los plazos electorales, es probable que estos últimos partidos solo puedan participar en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

Mientras tanto, sigue pendiente la decisión del Poder Judicial respecto de la legalidad o no del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.)​. La resolución que se emita sea a favor o en contra del etnocacerista, generará movimiento en todo el escenario político y social del país. Serán pocos los sectores que queden indiferentes ante lo que decida el PJ.

Las fichas están tomando su lugar en el tablero, pero aún no hay certeza sobre el desarrollo de la partida.