Hartazgo ciudadano detrás de convocatorias

Hartazgo generalizado en aumento:

La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de las personas. Según la última encuesta de Ipsos Perú, 8 de cada 10 peruanos se sienten más inseguros al salir de sus casas. La región con mayor percepción de inseguridad en las calles es Lima, donde el 81% de los encuestados se siente desprotegido. En las últimas semanas, las denuncias de extorsión a diferentes sectores económicos son mayores.  

En medio de esta coyuntura, diversos sectores, descontentos con las medidas adoptadas para combatir el crimen organizado, han convocado a marchas y movilizaciones que vienen teniendo, cada vez, mayor acogida. Algunos gremios de transportistas anunciaron un Paro Nacional para el 23 de octubre; mientras que los diferentes gremios empresariales, de la pequeña, mediana y gran empresa, así como centrales sindicales, organizan una movilización ciudadana para el jueves 24. Son cada vez más los sectores de la ciudadanía, con un sentimiento de hartazgo que ha ido en aumento, que se suman en protesta hacia las principales autoridades del país. 

El fastidio y malestar ciudadano se ha volcado hacia el Congreso de la República. Los comerciantes de Mesa Redonda también protestaron esta semana en los exteriores del Parlamento contra la Ley N.o 31980, que crea un régimen especial para el Centro Histórico de Lima, pese a que podrían haber demandado a la Municipalidad Metropolitana de Lima a tomar algunas medidas al respecto. La canalización de la molestia es hacia el Congreso porque hay una sensación de que es esta institución la que centraliza el poder en el país.

Desde Fuerza Popular se han mostrado erráticos ante el actual escenario de descontento volcado hacia el Parlamento, donde tienen el mayor protagonismo, y han intentado marcar distancia del Ejecutivo, aunque sin contundencia y sin que sea creíble. El secretario general del partido naranja, Luis Galarreta, considera que “si fuéramos Gobierno, el tema de la inseguridad ciudadana lo solucionamos”, como declaró en una entrevista esta semana. Al fujimorismo le va a costar desmarcarse de Boluarte. Según la Encuesta del Poder en el Perú, la presidente Boluarte tiene el mismo nivel de poder que Keiko Fujimori y César Acuña, líderes de los partidos que son aliados políticos del gobierno. No solo hay un reconocimiento explícito para la ciudadanía que es el Congreso el que gobierna el país; sino que, además, hay una percepción de cogobierno con Fujimori y Acuña desde el sector privado. Esta situación es transversal a sectores socioeconómicos.

Sin embargo, es un Parlamento que se mantiene en una burbuja de ánimo triunfalista tras la vacancia al expresidente Pedro Castillo, por el intento de golpe de Estado, y que pretende extender este supuesto crédito hasta el desgaste. El inadecuado manejo de la insatisfacción ciudadana puede repercutir de manera negativa en los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y han empezado la campaña electoral.

Tenemos una generación de parlamentarios que se centra en defender intereses particulares que, desde 2021, vienen aprobando leyes pensando en el momento y no en la institucionalidad o lo que puedan provocar en el largo plazo. El ejemplo más reciente es la aprobación, en la sesión del Pleno de esta semana, en segunda votación, de la reforma del Código Procesal Constitucional que reduce de 5 a 4 los votos necesarios para declarar fundada una demanda competencial. Ello, en medio de la espera que el Tribunal Constitucional resuelva la demanda del Congreso contra el Poder Judicial, por el eterno caso de la Junta Nacional de Justicia.

El 2026 nos va a encontrar con un país altamente polarizado en lo político, pero con similares reclamos sociales, al que, además de los problemas como el desborde de la inseguridad ciudadana y la lenta recuperación de la economía, se suman las leyes cortoplacistas aprobadas por este Congreso. Factores que terminan siendo caldo de cultivo para el posicionamiento de líderes radicales.

En medio de esta crisis, se cuestiona la continuidad del titular del Interior, Juan José Santiváñez en el cargo. Las medidas de fuerza en reclamo a acciones efectivas en el manejo de la seguridad ciudadana son cada vez más intensas. El ministro ha tratado de mejorar su imagen y mostrar acciones reactivas, aunque poco estratégicas, como la rápida creación del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado y los mediáticos operativos policiales. Sin embargo, los últimos hechos, como el asesinato de un docente frente a alumnos en una institución educativa en Ate, distrito declarado en Estado de Emergencia desde finales de setiembre, y la captura de quien sería un alto mando de Sendero Luminoso, aduciendo 3 requisitorias, han sido duros golpes para el ministro. Este último caso fue cuestionado por la prensa y especialistas en narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, pues si bien Iván Quispe Palomino es hermano de miembros del clan Quispe Palomino, no registraba ninguna requisitoria vigente, no figuraba en el Programa de Recompensas ni en el Organigrama de la Dirección contra el Terrorismo. El ministro no apareció en la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros luego de este hecho. Hay un costo político de permitir la continuidad de Santiváñez en el cargo que tendrán que asumir tanto la presidente Boluarte, en el más corto plazo, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, bancadas que lo respaldan, en el mediano.

Desinflando la censura:

En el Pleno de esta semana, la moción de censura contra el ministro de Economía, José Arista, se desinfló tras el retiro de firmas de parlamentarios. Si bien el debate continuó por casi dos horas, fue evidente el cambio de posiciones. Seis de los impulsores de la moción, Ilich López, Óscar Zea, Esmeralda Limachi, Luis Aragón, Hilda Portero y Elvis Vergara, retiraron su firma cuando inició el debate argumentando que, si bien existen críticas hacia la gestión de Arista, el ministro debería continuar en su cargo con miras a la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico.

Sin embargo, durante el debate se evidenció el compromiso del Ejecutivo en revisar las partidas presupuestales para poder incluir proyectos en regiones de interés para algunos congresistas. Algunos parlamentarios señalaron que podría existir algún interés o motivaciones particulares en este cambio de posición. La moción de censura se rechazó, finalmente, con 57 votos en contra, 41 a favor, y 14 abstenciones.

Aunque es relevante asegurar la continuidad del ministro Arista en el cargo, la Presidencia del Consejo de Ministros habría realizado una lectura inadecuada al priorizar las demandas de los parlamentarios para ejecutar obras en regiones. Esta decisión, a pesar de no contar con indicios que se tenían los votos para censurarlo en el Hemiciclo, podría exponer más al ministro Arista en las negociaciones presupuestarias.