Manto de incógnitas 

Victimiza, minimiza y vencerás:

El paro de esta semana, convocado inicialmente por un sector de los transportistas, ha evidenciado la desconexión que existe entre el gobierno y la ciudadanía que demanda respuestas efectivas ante el problema del crimen organizado que afecta a la población en general, y, especialmente, a los micro y pequeños empresarios. Paralizaron sus actividades rutas de transporte formal de la capital, pequeños negocios, grandes mercados y emporios comerciales en varios distritos de Lima, con réplicas menores en algunas provincias del interior. Previamente a la paralización, en la conferencia de prensa tras la sesión de Consejo de Ministros, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, señaló que, detrás de la medida de fuerza, estaba una minoría con una bandera política, que pretendía provocar el caos, el desgobierno y la inestabilidad. Las medidas del Gobierno fueron, nuevamente, reactivas. La exhortación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a adoptar medidas flexibles para los trabajadores, y el desarrollo de clases en instituciones educativas de Lima Metropolitana en modalidad remota se dieron a conocer el miércoles por la noche, horas antes del inicio de la medida de fuerza. El gobierno además ejecutó una estrategia comunicacional basada en 3 ejes: la ya usual victimización; la minimización del impacto del paro, y la desviación de la atención.

La presidente Boluarte volvió a recurrir al discurso de victimización y, en esta oportunidad, enfatizó que su lucha es contra “las noticias falsas creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen”. Detrás de esta nueva modalidad de subversión estarían los medios de comunicación y periodistas, a quienes la semana pasada acusó de ser “voces trasnochadas” que la critican, que cuestionan su gestión o presentan denuncias por presuntos ilícitos. A la presidente y sus asesores en comunicaciones, que han demostrado absoluta incapacidad, no les importó jugar con un término que todavía genera dolor y división en muchos peruanos.

La relevancia del paro fue minimizada por los actores del Ejecutivo. Adrianzén señalaba en las primeras horas del jueves que toda la ciudad estaba en calma; mientras se reportaban la quema de llantas y el bloqueo de vías en San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Ate, y horas más tarde se detenía a manifestantes en el centro de Lima. Para el jefe de Gabinete, además, las organizaciones vinculadas al MOVADEF estarían detrás de la protesta, como señaló en entrevista con RPP.

En el discurso del Ejecutivo, se argumenta que la protesta tiene más un trasfondo político que un reclamo de la ciudadanía vinculado al desborde del crimen. Aunque este enfoque tiene cierta validez, especialmente cuando partidos como Nuevo Perú o bloques de izquierda intentaron inmiscuirse en la manifestación, lo cierto es que ha sido la ciudadanía organizada, junto a pequeños y medianos empresarios, quien ha impulsado esta medida de fuerza, encausándola como un legítimo reclamo ciudadano.

El gobierno debe entender que se está enfrentando al peruano de a pie, al trabajador que vive del día a día, y no a grupos con intereses subalternos. Su indolencia está afectando de manera directa a la población. Si esto se vuelca en movilizaciones, sus aliados serán los primeros en soltarle la mano apenas tengan la oportunidad.

Adrianzén también aseguró que los distritos comprendidos en el Estado de Emergencia están “absolutamente resguardados”, aunque se continúa denunciando actos de sicariato y extorsión. Además, mencionó que quienes no salieron a las calles fueron los informales. No parece haber tenido en cuenta que en el Perú la tasa de empleo informal es de 71.2%.

El último eje de la estrategia del gobierno ha consistido en desviar la atención a través de la campaña “El Perú No Se Detiene”. El despliegue institucional de la campaña ha sido intenso. Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, era un día de total normalidad, pues los turistas recorrían los diferentes puntos del distrito de Miraflores. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones daba a conocer que las líneas de transporte operaban con normalidad, a pesar de que muchos ciudadanos esperaban más de una hora, en diferentes distritos de Lima, por buses que no llegaban. La estrategia era clara: contrarrestar el paro con la narrativa de que el país sigue adelante.

De espaldas a la ciudadanía:

En el Congreso, en paralelo a la medida de fuerza y la movilización de los transportistas, los comerciantes y los dirigentes de los gremios en la Avenida Abancay, solo se abrieron los micrófonos en el Hemiciclo para escuchar los comentarios de los parlamentarios, sin debatir una iniciativa sobre seguridad ciudadana en concreto.

La presión ejercida por los transportistas hizo que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, deje la dirección del Pleno para recibir a los principales dirigentes de la protesta, junto a distintos voceros. En esta reunión, en la que los ánimos estuvieron bastante exaltados, se informó que, si no se derogaba la Ley N.^o 32108 y se aprobaba la propuesta de terrorismo urbano, el paro continuaría hasta completar las 72 horas.

Si bien el Pleno finalizó sin abordar estos puntos, la Junta de Portavoces acordó realizar este viernes 11 un Pleno semipresencial extraordinario, para tratar las propuestas de: terrorismo urbano, con una nueva fórmula legal; la derogatoria de los cambios a la ley de crimen organizado; y la propuesta que plantea sanciones a jueces y fiscales que liberen a sujetos detenidos en flagrancia delictiva. La sesión iniciará a las 2:00 p.m. Sin embargo, se trata de un Parlamento que ha preferido actuar según sus propios intereses y/o de sus líderes partidarios; por lo que es aún incierto saber si la presión ciudadana surtirá efecto para aprobar las demandas de los distintos gremios que, para este viernes, han decidido continuar con el paro de actividades por 72 horas y acatar una huelga de hambre.

Panorama 2026:

El lunes 14, el Poder Judicial evaluará el pedido de la Fiscalía de la Nación de declarar ilegal el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculado al etnocacerista Antauro Humala. Mientras se espera la decisión judicial, que podría demorar unos días tras la audiencia, el partido enfrenta disputas internas. La mayoría de la dirigencia no reconoce a Marco Vizcarra como presidente del partido. Humala, a quien la agrupación solo considera como un militante en un intento de marcar distancia, planea postular a la presidencia en una alianza con Juntos por el Perú. En su discurso extremista, anunció su intención de fusilar a exmandatarios. En la audiencia del lunes, se debatirá la legalidad del partido político cuya actividad, según argumenta el Ministerio Público, “está dirigida a promover los atentados contra la vida e integridad de las personas”. Humala no se ha replegado por esta acción judicial y ha endurecido su discurso antisistema, extremista y antidemocrático, demostrando que no le interesa respetar el Estado de derecho o las normas. Además, el sentenciado por el ‘Andahuaylazo’, deberá enfrentar a algunos compañeros del partido, encabezados por el presidente de la agrupación, Marco Vizcarra, quienes están buscando salvar su inscripción, haciendo a un lado a Antauro. Las pugnas al interior de este partido recién inician y ya han generado una fragmentación que no se solucionaría pronto. Mantener a Humala en el partido podría provocar una implosión, más que una explosión de apoyos, que los deje sin vehículo para 2026.

¿Cómo se mueve el panorama para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026? En Somos Perú se había considerado al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, como opción para la alcaldía de Trujillo. Sin embargo, Salaverry ya había buscado reinscribirse, en julio, en el APRA. Ante la falta del ingreso de su ficha por parte del partido de la estrella, Salaverry pidió su exclusión del padrón para, luego, inscribirse en Somos Perú el 5 de setiembre. El APRA ingresó su afiliación el 27 de setiembre, dejando a Salaverry en una situación incierta, sin estar afiliado a ninguno de los dos partidos. En los siguientes días se conocerá el resultado de los trámites administrativos.

Por otro lado, Alianza para el Progreso ya concretó la inscripción de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien deberá figurar como afiliado válido en los próximos días. Otro nombre conocido que se ha sumado al partido de César Acuña es el del excongresista fujimorista, Héctor Becerril, de quien han intentado marcar distancia.

Mientras tanto, en Perú Moderno, tras la salida de Añaños, el parlamentario Carlos Anderson ha aprovechado el espacio para posicionarse como su carta presidencial.

Avanza País, por su parte, evalúa ahora opciones para candidato para la alcaldía de Lima. Los excongresistas César Combina y Omar Chehade tienen interés en las elecciones de 2026, aunque la dirigencia del partido aún no tiene claridad sobre el candidato definitivo. Ambos deben ganar posicionamiento interno, pues también hay otros militantes del partido con interés en ser candidatos a la alcaldía de Lima, como el actual alcalde de San Bartolo, August Carbajal, entre otras opciones más.

Aunque ya vencieron los plazos para afiliarse a un partido, con miras a ser candidato en las elecciones de 2026, se evalúa la posibilidad de aprobar una prórroga. Ello, con el objetivo de permitir que los afiliados fuera de este plazo, u otros que aún no se deciden, tengan la opción de inscribirse en un partido y participar en estos procesos. La decisión final la tendrán las agrupaciones con representación parlamentaria.

El Jurado Nacional de Elecciones anunció que, para este proceso, se han registrado 32 mil renuncias a partidos, el doble en comparación con las ocurridas hasta julio, al finalizar el plazo de inscripción para las próximas Elecciones Generales. También hay 84 reservas de denominación para inscripción de partidos.