Inesperados cambios en el Gabinete Ministerial

Cambios sorpresivos:

La presidente Dina Boluarte concretó algunos cambios en el Gabinete Ministerial, tras varias semanas de rumores. Algunos de estos fueron sorpresivos, y demuestran la fortaleza de las alianzas políticas para el gobierno.

En primer lugar, no se concretaron cambios de ministros que parecían tener un pie fuera del gabinete, como el premier Gustavo Adrianzén o el titular de Economía, José Arista. Este último habría recibido el respaldo de Adrianzén y de algunas bancadas, luego de la ronda de diálogo político de la presidente Boluarte. De momento, Arista continúa al frente del MEF. Sin embargo, el apoyo político recibido no sería desinteresado, dado que el Congreso entra en una época de negociación con el Ejecutivo por la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025. El ministro de Economía también se posicionó, de manera rápida, en el manejo de la crisis que rodea a Petroperú.

Tampoco abandonó el gabinete el ministro de Salud, César Vásquez, sujeto de intensos cuestionamientos mediáticos. Pese a las críticas por hospitales paralizados, los malos resultados de la Evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), el manejo del dengue, el acceso a medicamentos, entre otros problemas, Vásquez continúa contando, evidentemente, con el respaldo del líder de APP César Acuña.

La continuidad de Arista y Vásquez en sus respectivos cargos demuestra la estrecha relación del gobierno con los aliados políticos que respaldan a estos ministros.

La renovación en el Gabinete Ministerial demuestra también el peso de otros aliados políticos que se mantienen en la sombra, como sería el caso del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. El exgobernador de Junín es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de financiamiento ilegal de las campañas electorales. La UIF ha determinado que el dinero en cuentas a nombre de Cerrón tiene procedencia desconocida y una parte se atribuiría a un financiamiento realizado por Venezuela en estas campañas. Para alguien prófugo de la justicia por más de 300 días, Cerrón tendría bastante injerencia en Palacio de Gobierno. La inesperada salida de Javier González-Olaechea de Cancillería estaría vinculada al líder de Perú Libre. El excanciller supo posicionarse en el entorno de la mandataria y había ganado terreno político en los últimos meses. La aparente relación tirante con Adrianzén, así como las duras críticas al gobierno de Maduro, tras el proceso electoral, le habrían costado el cargo. Cerrón habría influido en el cambio en Cancillería antes que la posición de González-Olaechea ocasione alguna repercusión, como la activación del Grupo de Lima en el pasado.  

Por su parte, el nuevo canciller, Elmer Schialer, diplomático de carrera con 40 años de trayectoria en Cancillería, ha optado por alejarse de las formas que caracterizaron la gestión de su predecesor. Schialer ha señalado que, el gobierno, está a favor “de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos”. Si bien estas declaraciones pueden satisfacer a algunos aliados políticos, le ha valido a las críticas del ala derecha más extrema en el Congreso. El parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular, ha pedido que sea citado a la Comisión de Relaciones Exteriores; mientras que la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, pide su inmediata renuncia. Además, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, aseguró que Perú no ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, negando lo dicho por el entonces canciller Javier González-Olaechea tras las elecciones: “no tenemos ninguna comunicación oficial del Estado peruano reconociendo esa condición”. Las declaraciones, tanto de Adrianzén como de Schialer, evidencian el cambio en la posición del gobierno de Boluarte con relación a Venezuela.

También se dieron cambios en los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Comercio Exterior y Turismo; y de Cultura. En el caso del nuevo ministro de Vivienda, Durich Whittembury, habría prevalecido la influencia de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria. Según la investigación del Ministerio Público, el exministro del sector, Geiner Alvarado, designó a Whittembury en 2021 como secretario general con el objetivo de copar puestos claves en la institución. Alvarado está con prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra por, presuntamente, integrar una organización criminal por este y otros casos más.

En su primera conferencia de prensa, el ministro Whittembury negó estas acusaciones, pero reconoció que conoce a Nicanor Boluarte y que han coincidido en algunas entidades de manera temporal en el pasado. La entrada del nuevo ministro al gabinete, además, sería una de las razones por la que la exministra Hania Pérez de Cuéllar no habría aceptado el enroque a otra cartera, como la de Mujer, en la que también se esperaba concretar un cambio. El nuevo ministro fue incluido en la lista de depuración de funcionarios que realizó Pérez de Cuéllar al entrar al ministerio en 2022.

Desilú León Chempén, funcionaria de trayectoria en el sector público, asume la cartera de Comercio Exterior y Turismo. León Chempén, quien ha sido secretaria general de la PCM en varias gestiones de gobiernos pasados, viceministra de Pesca y viceministra de Justicia, se venía desempeñando como secretaria general del Ministerio de la Producción.

Por último, el nuevo ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, con experiencia en el sector de Patrimonio Cultural y Gestión Cultural, tendría un conflicto de interés con el sector. Valencia Gibaja es abogado de la Orden Franciscana, que demandó al Ministerio de Cultura y Prolima por derribar el muro perimétrico de la Basílica de San Francisco de Jesús, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Difícilmente estos cambios en el gabinete signifiquen una mejora en la capacidad de gestión del gobierno. Parecen responder a principalmente a la incidencia política de grupos de poder.

Disposición para el diálogo:

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, estaría comenzando a dar algunas señales de las prioridades durante su gestión. Salhuana, quien ha enfatizado sobre su política de un “Congreso de puertas abiertas”, lideró una mesa técnica con los gremios empresariales. En el evento, anunció que se enfocará en legislar a favor de la reactivación económica, la promoción de las inversiones y de las iniciativas que fomenten la estabilidad fiscal, económica y tributaria del país.

El presidente del Congreso enfatizó que algunos proyectos, que se alinean a la agenda señalada, ya están presentados. Entre ellos, destacó la iniciativa de Zonas Económicas Especiales, cuyo fin es atraer y fomentar la inversión nacional y extranjera, que propone una tasa del Impuesto a la Renta diferenciada por un período de tiempo extendido, cumpliendo ciertos requisitos. También mencionó que otro proyecto estratégico es el que propone reactivar la economía revirtiendo los feriados no laborales por fechas conmemorativas laborales a nivel nacional.

Salhuana, con mayor habilidad política que sus predecesores, busca coordinar la agenda parlamentaria que promueva el desarrollo económico de la mano con las organizaciones empresariales y sociales, sumando además a las autoridades del Poder Ejecutivo. Sin duda, es un gesto que debe ser reconocido, pero que deberá seguirse de cerca para que no se abandone la intención expresada.

Junta Nacional de Justicia:

La Comisión Especial para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia continúa con el proceso de evaluación de los postulantes. De los 23 postulantes que aprobaron la evaluación escrita, 16 continúan a la siguiente etapa.

En la lista figuran la excongresista de Podemos Perú, María Teresa Cabrera; el exasesor parlamentario Roque Bravo Basaldúa; además de Francisco Távara, quien fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del Poder Judicial; y la exjueza suprema Iris Pacheco Huancas, quien fue parte de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, liderada por César Hinostroza Pariachi.

La comisión especial deberá, como siguiente paso, realizar las pruebas de confianza y, luego, realizar la entrevista personal de los postulantes aptos. El cuadro de méritos con los resultados finales sería publicado el 28 de octubre y después de ello se realizará el acto de juramento de los nuevos miembros elegidos para integrar la Junta.

La Misión Internacional de Observación, encargada de verificar la transparencia en la selección de los nuevos integrantes, ha presentado un último informe que cuestiona las primeras etapas del concurso. La Misión ha observado un déficit de transparencia en la aprobación del reglamento y bases del concurso, así como la convocatoria a los interesados y la publicación de antecedentes de postulantes.

Por los que van quedando en el proceso, la próxima Junta Nacional de Justicia se vislumbra con una conformación de tendencia hacia la derecha conservadora, y bastante vinculada a los grupos políticos representados en el Parlamento, como ha ocurrido con otras instancias, como el Tribunal Constitucional.