Ronda de diálogo con la presidenta

Ronda de diálogos

La presidenta Dina Boluarte empezó este jueves una ronda de diálogo con las bancadas del Congreso, en un intento de acercamiento a los grupos políticos. La mandataria se reunió con Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Sin embargo, un sector del Congreso ha preferido mantenerse al margen, y las bancadas de Podemos Perú, Avanza País y Renovación Popular rechazaron asistir al encuentro con la mandataria. Desde Podemos, han optado, según señaló su líder José Luna Gálvez, por mantenerse al margen debido a que liderarán la Comisión de Fiscalización. Por su parte, Avanza País cuestionó la desaprobación del 95% que mantiene el gobierno de Boluarte. En tanto, el líder de Renovación Popular, y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga se negó a participar en la reunión convocada, aduciendo poca voluntad política desde el gobierno. 

En el Poder Ejecutivo se estarían evaluando próximos cambios en el gabinete ministerial. Entre los ministros salientes podrían estar aquellos que son sujeto de severas críticas y restan aprobación al Gobierno y también los que serán cambiados por pedidos de aliados del Ejecutivo, respondiendo a cuotas de poder desde el Congreso y Gobiernos Regionales. Otro grupo podría ser cambiado en respuesta a las necesidades generadas por las fusiones de ministerios.

En tanto, en el entorno del gobierno existe preocupación ante el pedido de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte. El posible encarcelamiento de Nicanor Boluarte habría calado a la interna del gobierno y significaría un duro golpe para la mandataria. Al hermano de Boluarte, quien también sería su brazo derecho en su gestión, se le imputan los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el marco del caso Los Waykis en la Sombra. Según la tesis fiscal, el hermano de la presidenta habría tenido injerencia directa en la designación de 47 subprefectos en Lima y otras ocho regiones. El Poder Judicial ha reprogramado la audiencia de prisión preventiva contra el hermano de la mandataria hasta el próximo 21 de agosto.

Hartazgo ciudadano

En las últimas semanas hemos sido testigos de un aumento del rechazo de la ciudadanía hacia la clase política, que ha derivado en agresiones a autoridades. El gobernador regional Wilfredo Oscorima, la congresista Patricia Chirinos, la ministra de cultura Leslie Urteaga y hasta la presidenta Dina Boluarte han sido blanco de abucheos, insultos y hasta agresiones, lo cual reflejaría un hartazgo de la población, y una lejanía cada vez más marcada de las autoridades. Si bien estos actos no responden a masas, y no existen grandes convocatorias a protestas, los ciudadanos estarían tomando justicia por sus propias manos ante la falta de representatividad en todos los poderes estatales. Un factor importante es el escenario preelectoral en el que nos encontramos, y cómo podría calar este rechazo a la clase política de cara a las elecciones generales de 2026.

Este desánimo de la ciudadanía explicaría porqué las autoridades mantienen una alta desaprobación. La aprobación de la presidenta Boluarte se ubica en un 6% y la del Congreso en un 5%. En tanto, la credibilidad de nuestras autoridades está resquebrajada, un 71% y 69% no cree en nada de lo que dice la jefa de Estado, ni el Legislativo, respectivamente.

Reparto en el Congreso

Mientras tanto, el Congreso de la República ha aprobado el cuadro de comisiones ordinarias y en los próximos días se ratificarán las presidencias de los grupos de trabajo. En esta legislatura, los bloques ideológicos estarán bastante marcados por lo que se dará espacio a las negociaciones. En la Comisión de Salud, la composición del grupo plasma un panorama difícil con relación a la legislatura pasada, y complicado en cuánto a la relación de votos. Podemos Perú no solo tendrá la presidencia, sino que tiene otros tres congresistas, después de que Honor y Democracia les cediera un cupo. Un factor a tener en cuenta es que la mayoría de los integrantes mantiene una tendencia populista por lo que se avizoran cambios negativos para ese sector.

En Economía, liderada por Acción Popular, el panorama parece alentador respecto de conseguir espacios de diálogo, pero se debe estar alerta de movidas populistas. En la Comisión de Trabajo, liderada por Alianza para el Progreso, el bloque de Honor y Democracia le ha cedido su espacio a Sigrid Bazán como integrante. Este cupo hace que la correlación de fuerzas inicial, en la que la centro derecha podía tener mayoría, se desequilibre, y la izquierda pueda tener un escenario más favorable. Ante esto, resultará primordial que los congresistas de centro derecha tengan una participación activa en este grupo de trabajo, lo que no ha ocurrido en legislaturas anteriores.

Pueblos Andinos y Energía serán comisiones con mayoría de parlamentarios de centro izquierda. Pueblos Andinos y Ambiente será presidida por Guillermo Bermejo, ligado a grupos cocaleros y de minería ilegal, lo que podría ocasionar posibles favorecimientos a estos sectores, en lugar de un debate técnico.

En Defensa del Consumidor, la presidencia de APP no supondría un riesgo mayor al de legislaturas pasadas, debido a que la bancada apostaría por mantener una postura técnica. En cuanto a Constitución, bajo el liderazgo de Fuerza Popular, la prioridad será la reforma electoral alineada a los intereses de la mayoría congresal, de cara a las elecciones de 2026. Mientras tanto en la Comisión de Fiscalización, bajo el mando de Podemos Perú, se corre el riesgo de que esta comisión se convierta en un espacio para promover ruido mediático, y en donde se impulsen investigaciones no solo en contra del sector público, sino también del sector privado, de manera populista.

En líneas generales, esta legislatura podría significar un reto en materia reputacional para determinados sectores, dados los temas que se impulsarán desde las presidencias de comisiones. El riesgo, existente y persistente entre los distintos grupos, podría ser controlado dado el equilibrio de fuerzas de las bancadas. De todos modos, estamos frente a un parlamento reactivo, que busca regular –o sobre regular- temas que se posicionan en el interés de los medios y se vuelven coyunturales.