Anticipándose a posibles escenarios

¿Buscando protección?

En el pasado, la presidenta Boluarte había indicado que respetaba las facultades de la Fiscalía de la Nación para iniciar investigaciones preliminares por la presunta comisión de delitos en su contra. En más de una oportunidad, y al ser cuestionado por el Caso Rolex, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, señaló ser respetuoso de la separación de poderes. Sin embargo, el período de investigación preliminar por este último caso concluyó el pasado 20 de mayo y la institución debe tomar una decisión sobre las pesquisas. Uno de los escenarios probables es que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, podría presentar una acusación constitucional contra la mandataria ante el Congreso de la República.

Pareciera que, tras las últimas denuncias y la decisión del Poder Judicial de reponer a María Caruajulca como Procuradora General de la República, Boluarte ha preferido realizar un jaque antes que seguir respondiendo ante las autoridades o enfrentar un proceso constitucional en el Parlamento. Esta semana se promulgó la resolución de la PCM que establece que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional representará al Poder Ejecutivo en proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por menoscabo en sentido estricto del buen ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República.

Con esta demanda competencial, la mandataria busca, en realidad, no ser investigada ni allanada durante el ejercicio del cargo por los delitos que hoy le señalan, que no son los que contempla el artículo 117 de la Constitución (traición a la patria, disolución irregular del Parlamento, impedir el funcionamiento de los órganos electorales, entre otros supuestos).

La respuesta del Tribunal Constitucional podría revelar, en el fondo, la postura frente a la mandataria del actual Congreso, dada la relación cercana -casi de dependencia- que existe entre estas dos instituciones, en un escenario en el que la palabra vacancia ha comenzado a rondar nuevamente por Pasos Perdidos. El Parlamento podría no estar dispuesto a perder la carta de que un mandatario enfrente una investigación preliminar por parte de la Fiscalía, pues las mociones de vacancia presidencial están vinculadas a ello. 

La mandataria tiene a su favor, actualmente, que hay un Congreso enfocado en la reforma electoral y política, y que las mociones de vacancia presidencial han sido lideradas por las bancadas de izquierda. Mientras no haya un interés del bloque de la derecha de liderar o acoplarse a una moción, y la relación Ejecutivo – Legislativo siga siendo provechosa para una gran mayoría, el escenario de una vacancia presidencial, en estas circunstancias, parece reducido, aunque nunca improbable. Las decisiones que se tomen en julio, con la elección de la Mesa Directiva y los presidentes de comisiones y subcomisiones, podrían dar luces del posicionamiento entre ambos poderes.

• No obstante, las acusaciones contra la presidenta y su entorno, que seguro continuarán, distraen la gestión del gobierno, aunque esto solo haya servido para que Boluarte y algunos ministros apelen a la victimización, acusando a la prensa y el Ministerio Público, además de otros actores, de un ensañamiento con el gobierno.  

Agenda del Ejecutivo:

Mientras los problemas legales de la presidenta, y su defensa legal, siguen su curso, el gobierno está enfocado en las facultades legislativas. Esta semana se iniciaron las mesas de trabajo técnicas que realizan los asesores de la Comisión de Constitución con los asesores de los despachos ministeriales. Según el cronograma del Ejecutivo, para el próximo 28 de mayo se espera la presentación del Gabinete Adrianzén para sustentar las medidas. El gobierno espera que el pedido esté aprobado antes de la quincena de junio, fecha en que termina la actual legislatura, y tendría seguridad en contar con el apoyo de Fuerza Popular para aprobar el pedido de facultades legislativas, aunque éstas serían acotadas según los intereses de los distintos grupos parlamentarios.

El Ejecutivo también está centrado en continuar trabajando con los gobiernos regionales y locales. Además, siguen sonando los rumores de posibles cambios en el Gabinete. Mientras es evidente el desgaste del ministro de Economía, José Arista, el gobierno de Boluarte no contaría con opciones para su reemplazo, lo que le asegura al exgobernador de Amazonas su permanencia en el cargo. En los últimos días se ha voceado un posible cambio en la PCM hacia julio, y el actual ministro de Educación, Morgan Quero, suena como opción para jefe de Gabinete. Quero, del entorno de la mandataria, ha demostrado mejor habilidad política que Adrianzén, e incluso de portavocía, sobrepasando al actual vocero presidencial Fredy Hinojosa.

Agenda legislativa:

El Congreso entra en las últimas semanas de la actual legislatura con una agenda de trabajo bastante cargada para las sesiones plenarias, en la que intentarían priorizar dictámenes laborales, lo que supone siempre un riesgo; y reformas políticas y electorales, como poner a debate el proyecto de ley que impide a los sentenciados por terrorismo, homicidio, corrupción de funcionarios y otros delitos postular a cargos de elección popular. La aprobación de esta norma impediría la postulación de Antauro Humala y otros políticos cuestionados en el 2026. La priorización de este debate ha sido impulsada desde las bancadas de derecha más conservadora, como Avanza País y Renovación Popular, sumándose ahora Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, aunque con dudas sobre la conveniencia de activar esta reforma en este momento. Sin embargo, el dictamen podría no ser debatido hasta que estas bancadas tengan total seguridad de contar con los 87 votos que se necesitan para su aprobación en el Pleno.

Por último, la Junta Nacional de Justicia resolvió destituir a Patricia Benavides como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación, por votación unánime (5 votos a favor). El resultado de esta votación revelaría que Benavides habría perdido el respaldo de distintos aliados que mantenía hasta el momento, yendo desde el Parlamento hasta el propio sistema de Justicia.