Purga general en PCM

Limpieza general:

Después de muchos intentos, esta semana se concretó la salida del coronel Harvey Colchado como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), por un proceso administrativo disciplinario en su contra, dispuesto por la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. Los intentos de separarlo de su cargo venían, por lo menos, desde diciembre del año pasado, cuando el entonces ministro del Interior, Víctor Torres, solicitó al excomandante de la PNP, Jorge Angulo, el pase al retiro de Colchado. Angulo se negó a dicho pedido, como dio a conocer, y luego se formalizó su partida de la Comandancia General de la PNP.

Pero al margen de este mediático evento, esta semana se han venido dando otros movimientos de menor resonancia. Con el enfriamiento en las últimas semanas del Caso Rolex, el gobierno de Boluarte habría empezado a realizar una serie de cambios en los puestos y cargos clave, dejando fuera a funcionarios vinculados con el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

El pasado viernes, la presidenta del INDECOPI, Karin Cáceres, presentó su renuncia al cargo, luego de un año de gestión. Cáceres era una figura muy cercana a Otárola y en su gestión se venía advirtiendo la falta de vocales en las salas especializadas, lo que ponía en riesgo el adecuado funcionamiento de la institución. Cáceres ha sido reemplazada por Alberto Villanueva, el tercer presidente de Indecopi para el período 2021-2026.

Desde la salida de Otárola, también presentaron su renuncia Alexandra Ames a la secretaría de Gestión Social y Diálogo y Óscar Gómez Castro al cargo de secretario general de la PCM. También se produjo la salida de Paul Werner Caiguaray Pérez en el cargo de viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, siendo reemplazado, recientemente, por Juan del Carmen Haro Muñoz.

Se preveía cierta continuidad entre la gestión de Otárola y la de Adrianzén, pero éstas salidas parecen indicar lo contrario. Queda la sensación de que en el Gobierno las sospechas sobre la filtración de la información sobre el caso Rolex, siguen apuntando al expremier.

Prueba ácida:

El Gobierno promulgó el retiro de las 4 UIT de los fondos de las AFP, luego que el ministro de Economía, José Arista, anunciara tras la sesión del Consejo de Ministros que no se observaría la autógrafa. El Ejecutivo habría priorizado no pelearse por una norma que, finalmente, se aprobó con 97 votos a favor en el Congreso y que, en caso se observara, esta se terminaría aprobando por insistencia, por lo que el resultado no cambiaría. La observación hubiera sido un roce innecesario con el Legislativo. El ministro Arista señaló, en declaraciones a la prensa, que “antes de pelearnos por esta batalla ya casi jugada, pensamos que mejor guardamos espacio para jugar en otras normas que está sacando el Congreso”.

Sobre la cuerda floja:

Este jueves 18 se realizó la audiencia de la Junta Nacional de Justicia por el proceso de destitución que se sigue a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El informe en contra de Benavides, trabajado por Inés Tello, sostiene que Benavides interfirió en la investigación contra su hermana Enma Benavides, por presuntas coimas. El magistrado de la Junta, Guillermo Thornberry, presentó un oficio para inhibirse de la votación en este caso. Como se recuerda, Thornberry está implicado en las acusaciones del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva. Luego de escuchar los descargos de la exfiscal, el Pleno de la JNJ evaluará sus alegatos de la defensa y votará en los siguientes días sobre el futuro de Benavides. Si se confirma su destitución como fiscal suprema, estará impedida de retornar al cargo de fiscal de la Nación.  

Sin embargo, el fuego cruzado en la batalla Junta Nacional de Justicia – Ministerio Público – Congreso, también supone que la JNJ vuelve a estar sobre la cuerda floja, pues sobre Inés Tello y Aldo Vásquez el Congreso ha presentado una demanda competencial contra el Poder Judicial por la medida cautelar que los reinstaló en sus cargos.

El Congreso ha demostrado un claro afán de controlar la mayoría de las instituciones posibles y, en esa línea, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó, esta semana, el informe de calificación que declara admitir a trámite la Denuncia Constitucional contra el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por negociación incompatible. La denuncia fue presentada por la congresista Rosselli Amuruz, de Avanza País, actual tercera vicepresidenta. Amuruz ha presentado iniciativas que buscan recortar el mandato de los titulares de los organismos electorales. Ahora, el informe será derivado a la Comisión Permanente y, en este espacio, se decidirá si se encomienda a la SAC delegar a un congresista la elaboración del informe final para la acusación constitucional.