Contingencias tras cambios

Cambios en la PNP:

Esta semana se oficializaron los anunciados cambios en el alto mando de la Policía Nacional, tras la agresión que recibió la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. El gobierno habría responsabilizado de lo sucedido a Jorge Angulo y concluyó su nombramiento como comandante general de la PNP, argumentando “incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”. ¿Qué contingencias le puede ocasionar al Ejecutivo este cambio? Por un lado, se cuestiona la legalidad de esta decisión, pues según la Ley N.o 31570, promulgada por el Congreso en respuesta a los constantes cambios que efectuó el expresidente Castillo, se dispone un periodo de permanencia de dos años para quien ejerza como comandante de la PNP. Además, fija una serie de causales para interrumpir el período: por muerte, retiro a solicitud del comandante general, incapacidad física permanente declarada por una junta médica, incurrir en falta muy grave (según el régimen disciplinario de la PNP), incurrir en delito doloso (con sentencia firme del Poder Judicial), o incurrir en delito flagrante. Estos supuestos no se habrían cumplido en este caso. Angulo, por su parte, ha señalado que su salida de la institución ocurrió por “defender la institucionalidad”, pues no habría permitido injerencias del Ejecutivo en los procesos de ascensos y colocación de oficiales, generando así una confrontación con el ministro del Interior, Víctor Torres, quien hasta ahora cuenta con el respaldo de la presidenta y el premier.  

Por otro lado, además de la situación legal, los cambios en la Comandancia General de la PNP le pueden generar una contingencia en el ámbito político al gobierno, en especial por la postura que adopte el Congreso. Se trata de un Parlamento que respalda a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, lo que se ha visto reflejado en las reacciones desde el Parlamento ante estos últimos cambios. El ministro del Interior, Víctor Torres, se presentó ante la Comisión de Defensa y Orden Interno y señaló que lo ocurrido con Angulo no fue una destitución sino una “culminación de las funciones”. Asimismo, Torres señaló que la ley 31570 no se ha reglamentado. Patricia Chirinos, presidenta de la Comisión, calificó los argumentos del ministro como una “burla”. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, ha solicitado un informe detallado sobre el pase al retiro del general Angulo, mientras que Roberto Chiabra y Carlos Anderson han pedido la salida del titular del Mininter. En los próximos días se buscaría impulsar una interpelación y posterior censura.

El gobierno de Boluarte nombró a Víctor Zanabria como el nuevo comandante general de la Policía. ¿Qué habría influido en esta designación? Se habría optado por alguien que se muestre más cercano al gobierno de Boluarte para el reemplazo en la Comandancia General de la Policía. Además, otro factor importante para escoger a Zanabria habría sido su actuación durante las protestas del año pasado. Zanabria, como se recuerda, está incluido en la investigación que realiza la fiscalía por el ingreso de la Policía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en enero de 2023.

Difícil tarea:

¿Cómo repercuten los cambios de la PNP en el Gabinete? El ministro del Interior, Víctor Torres, quien no necesariamente entraba en el bolo de los mencionados cambios en el gabinete, ahora enfrenta el pedido de, al menos, 6 bancadas de dar un paso al costado. Para Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, APP, Podemos Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, quien debería asumir la responsabilidad política por lo sucedido con la presidenta en Ayacucho es el ministro del Interior. Fuerza Popular ha señalado que, “por el momento”, no solicitará la salida de Torres. A ello se le suma que la estrategia del Ejecutivo en seguridad ciudadana no estaría dando resultados, como ellos mismos reconocieron en la resolución de salida de Angulo, en especial en las regiones del norte del país. En Trujillo, en lo que va del año, 25 personas han sido asesinadas (1 por día, aproximadamente) en crímenes relacionados al sicariato, extorsión, entre otros.

A ello se le suma que el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, se tomó unos días de licencia personal y luego realizó un roadshow en Estados Unidos. Esta extendida ausencia para alguien cuya permanencia en el gabinete, hasta la semana pasada, era precaria, en un contexto de crisis económica, es cuando menos cuestionable. La duda recae en hasta cuánto más podría resistir un gabinete con tantos cuestionamientos, en especial si la presidenta Boluarte está decidida a continuar con los viajes a regiones.

Para poder mejorar su índice de popularidad y mostrarse como una autoridad que tiene el control de la situación a nivel nacional y subnacional, contribuyendo a generar mayor confianza para atraer inversiones, la mandataria necesita de un equipo técnico que le otorgue el soporte adecuado en el relacionamiento con las autoridades regionales y locales.

De los actuales ministros, los titulares de Desarrollo e Inclusión Social; Vivienda, Construcción y Saneamiento y Transportes y Comunicaciones, Julio Demartini; Hania Pérez de Cuéllar y Raúl Pérez-Reyes, respectivamente, han demostrado tener una buena relación con los gobernadores regionales, pero no es suficiente para un gabinete tan amplio. La ministra Leslie Urteaga, de Cultura, también se encuentra en este grupo, sin embargo, las recientes protestas en Cusco, por la decisión de vender virtualmente los boletos de ingreso a Machu Picchu, están generando conflictos para Werner Salcedo, gobernador regional cusqueño y actual presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, quien es un actor clave para el gobierno, con el que buscan evitar la confrontación, lo que podría complicar la situación de la titular del Mincul.

Con el paso de los días, la tarea de refrescar el equipo ministerial se le complica más a la presidenta, sumando nuevos nombres a la lista de posibles cambios, y reduciendo la de buenas alternativas de remplazo, pues un gobierno que solo añade cuestionamientos no es atractivo para profesionales de reconocida trayectoria. Boluarte necesita mantener un equipo de confianza cerca de ella, y la idea de una renovación total no es su principal alternativa, aunque parezca ser la postura más sensata si desea asegurar su permanencia hasta 2026.

Inmolación pública:

Tras cuestionar los bonos aprobados para trabajadores en el Congreso, entre otros beneficios, y la próxima construcción de almacenes en Ancón, se informó la salida de Marisol Espinoza de la Dirección General de Administración del Parlamento. Si bien este nombramiento era de carácter político, y tenía como objetivo que APP tenga control sobre los distintos temas del Parlamento, la relación de Espinoza con el titular del Congreso se había vuelto bastante tensa. En ese marco, se dio a conocer que la Mesa Directiva ordenó realizar una auditoría a la gestión de la exvicepresidenta, quien fue designada en el cargo tras la elección de Alejandro Soto en la presidencia del Congreso. Espinoza, quien cuenta con todo el respaldo de César Acuña y la dirigencia apepista, es la baja pública -y política- por decisiones que, incluso, anteceden a su gestión.

La agenda del fujimorismo:

Luego de que la Fiscalía Suprema de Chile aprobara ampliar el pedido de extradición contra Alberto Fujimori por la venta ilegal de armas a las FARC, que aún debe ser aprobada por la Corte Suprema de dicho país, para que el exmandatario sea juzgado en Perú; y la programación del inicio del juicio por el «caso Cocteles» contra Keiko Fujimori y otros, la agenda del partido naranja estará centrada en evitar algún revés judicial contra sus principales líderes.

Como ya se ha visto anteriormente, la estructura de Fuerza Popular se muestra sólida, disciplinada y organizada, por lo que sabrán actuar políticamente ante estos hechos. De primer momento, y muy posiblemente con el objetivo de medir su posicionamiento y el talante de sus aliados en el Congreso, pero también en el gobierno, desde grupos cercanos se ha soltado el rumor de evaluar un posible adelanto de elecciones una vez que se realice la segunda votación del proyecto de bicameralidad. Esta movida política, que pareciera poco viable dado que ni en el Legislativo ni en el Ejecutivo desean dejar sus cargos, podría servir como herramienta de presión y negociación de cara a distintos temas de interés.

Además, la elección de la nueva Junta Nacional de Justicia, la posible remoción de los actuales miembros, y la propuesta de un grupo de trabajo que plantee una reforma del sistema de justicia en el país, podrían cobrar otro peso en las prioridades de este grupo, que ya tiene un ojo puesto en el siguiente proceso electoral.