Crimen organizado, problema regional

Problema regional:

Este martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó que su país se encuentra en un conflicto armado interno, tras varios episodios de violencia vinculados a bandas de narcotraficantes. Si bien la crisis de seguridad de Ecuador se ha agravado en los últimos años, registrando una tasa histórica de homicidios en 2023 (7.878 casos, de los que solo se resolvieron 584), el crimen organizado es un problema generalizado en América Latina. La región alberga a 3 de los mayores productores de cocaína del mundo: Colombia, Perú y Bolivia. Ecuador, situado entre estos países, se ha convertido en el epicentro del narcotráfico de la región en los últimos años. Para algunos expertos, las instituciones democráticas débiles, altos índices de corrupción y extrema desigualdad son los principales componentes para el avance de la expansión del narcotráfico y la violencia producida por el crimen organizado en Latinoamérica. Esta tendencia en la región necesita una respuesta organizada, que los actuales presidentes no estarían en capacidad de articular. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, aseguró que la violencia en Ecuador es “un tema continental” y puso a disposición de ese país ayuda militar. Por su parte, Estados Unidos enviará en las próximas horas a la jefa del Comando Sur (SOUTHCOM), la Comandante Laura Richardson, altos cargos antinarcóticos y policías estadounidenses al vecino país del norte para enfrentar “la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales”.

En medio de la jornada de violencia en Ecuador, la presidenta Dina Boluarte dispuso algunas acciones de inmediato, como el viaje de los ministros de Defensa y del Interior a la zona fronteriza; la declaratoria de Emergencia en toda la frontera norte y la movilización de un contingente de la Policía para reforzar el control migratorio. Desde Tumbes, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, descartó el cierre de la frontera y, además, reconoció la posibilidad de que “municiones, explosivos o granadas hayan salido en épocas pasadas de los almacenes de las Fuerzas Armadas”. Desde el Parlamento, algunos congresistas piden citar a los ministros de Defensa e Interior. Chávez fue interpelado por el Pleno del Congreso en setiembre pasado y varias bancadas habían pedido a la presidenta Boluarte el cambio del titular de Defensa, por lo que podrían volver a presionar en el mismo sentido.

En Perú, la mayor preocupación, tal vez, es que el problema latente de seguridad ciudadana escale a un problema aún mayor para las autoridades. Según la última encuesta de Datum, del pasado noviembre, un 94% señaló que no veía ningún cambio en la inseguridad ciudadana, tras la declaratoria de emergencia decretada en setiembre por el gobierno de Boluarte. En esa encuesta, además, un 43% declaró haber sido víctima de la delincuencia en los últimos meses. Asimismo, un 74% se considera expuesto a los robos o asaltos en las calles, 21% a delitos de estafa y 16% a las extorsiones.

Algunos exministros del Interior, como Rubén Vargas, han señalado que en el país operan al menos dos organizaciones criminales de origen ecuatoriano y en algunos distritos de la capital hay un problema de seguridad relacionado a organizaciones criminales transnacionales, como el “Tren de Aragua”. 

Este escenario es un caldo de cultivo para líderes radicales, de ambos extremos ideológicos. En octubre, Ipsos publicó una muestra en la que la delincuencia se ubicaba como el principal problema de los peruanos, superando incluso al costo de vida, en un momento en que la inflación y la crisis económica ya azotaban al país. La nula capacidad del gobierno y otras autoridades para afrontar estos problemas, genera que la ciudadanía pierda confianza en que habrá cambios si se siguen aplicando las mismas estrategias, dando paso a propuestas más radicales. Estas alternativas, sin duda, irán ganando espacio mientras el peruano de a pie siga sufriendo a diario por esta ola delictiva que se visibiliza a nivel nacional.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha mostrado a favor de aplicar estrategias como la de El Salvador (“Plan Bukele”) para combatir el crimen. Del otro extremo, Antauro Humala, quien logró la inscripción de su partido A.N.T.A.U.R.O.  y está habilitado para participar en procesos electorales, se ha mostrado a favor de medidas extremas para enfrentar la delincuencia. Los discursos radicales para hacer frente a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en el país están cada vez más presentes en la agenda pública y el riesgo de radicalización aumentaría en campaña electoral.

Cambios ralentizados:

Por otro lado, los voceados cambios en el gabinete ministerial habrían entrado en una meseta. Si bien la decisión de cambios en algunos titulares está tomada en el Ejecutivo, esta se ha ralentizado y la renovación en el gabinete se realizaría en otro momento, siendo un posible espacio el fin del presente mes. Como sucede en estos casos, todos los ministros están en evaluación y nadie tiene la permanencia en el cargo asegurada. Esto último también alcanza al jefe del Gabinete, Alberto Otárola, cuyo manejo en algunos temas, como la filtración de reuniones de la mandataria con exministros de Economía entre otros asuntos más, le ha ocasionado incomodidad al entorno de la presidenta Boluarte.

Cambio de mando:

Por último, el Gobernador Regional de Cusco, Werner Salcedo, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) para este 2024. El resto del Consejo Directivo lo completan Rosa Vásquez (Región Lima) como vicepresidenta, y Leoncio Huayllani (Huancavelica), Gilia Gutiérrez (Moquegua), René Chávez (Loreto), Jorge Flores (Lambayeque) y Walter Grundel (San Martín) como directores. Si bien el Ejecutivo se ha encargado de relacionarse de manera individual con los gobernadores regionales para tener un adecuado vínculo con estas autoridades, queda por ver qué posición tomará el actual presidente de la ANGR. El principal objetivo de la Asamblea es recuperar el peso institucional y posicionamiento como bloque para, de manera colectiva, volver a ser un actor relevante en el ámbito político.  

Tras jurar al cargo este miércoles, Werner Salcedo señaló que no encuentran celeridad y facilidades desde el Ejecutivo y Legislativo y que las regiones demandan proyectos de impacto. El relacionamiento del gobierno con las autoridades regionales podría ser puesto a prueba pronto.