Operación Valkiria V

Operación Valkiria V:

A inicios de la semana, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, destituyó a Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), que fue creado por ella misma, y a Rafael Vela, como coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos. Como respuesta a esto, la madrugada del lunes 27, el Equipo Especial de la PNP y el EFICCOP realizaron la conocida Operación Valkiria V.

El operativo apunta a comprobar la existencia de una organización criminal en la cúpula de la Fiscalía de la Nación, encabezada por Patricia Benavides y tres de sus asesores. Para el EFICCOP, Benavides y sus asesores habrían negociado con un grupo de congresistas la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, habrían promovido la inhabilitación de Zoraida Ávalos y habrían ejercido presión en la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En el marco de este operativo se detuvo al asesor principal de Benavides, Jaime Villanueva, acusado del presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado, y se ha dado a conocer que, al menos, 11 congresistas realizaron coordinaciones con el también exgerente de la Fiscalía. 

Las repercusiones inmediatas:

¿Qué ha ocasionado la actual crisis en la Fiscalía de la Nación? Por un lado, Valkiria V ha expuesto los presuntos vínculos entre la fiscal de la Nación y el Congreso. El asesor principal de Benavides, Jaime Villanueva, habría sido el nexo entre la titular del Ministerio Público y algunos congresistas que tenían una agenda marcada y coincidencias desde el gobierno anterior.

Por otro lado, el operativo ha generado un enfrentamiento político entre la fiscal de la Nación y la presidenta de la República. Para Benavides, en un intento de desviar la atención, la institución fue objeto de “ataques premeditados”. Su respuesta, además, involucra a otros actores, por lo que presentó, ante el Congreso, una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros, por el delito de homicidio calificado por las muertes ocurridas durante las protestas tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. En respuesta, la presidenta Boluarte calificó esta acusación como una maniobra distractora frente a las denuncias que recaían sobre la fiscal de la Nación y señaló que Benavides debería renunciar a su cargo.

¿Qué se viene en el Congreso?:

El enfrentamiento que ha devenido entre Benavides y Boluarte le genera un dilema al actual Congreso, pues las bancadas que tienen una buena relación con el gobierno también se han mostrado políticamente cercanas a la fiscal de la Nación. Un sector del Bloque País ha tomado una posición cautelosa, pues no buscaría enfrentarse con el gobierno o la fiscal de la Nación. Las excepciones son, quizás, las bancadas más cercanas a Benavides que a Boluarte, como Avanza País y Renovación Popular, que han optado por defender públicamente a la fiscal de la Nación.

El Parlamento, además, deberá resolver las acusaciones constitucionales presentadas tanto contra la presidenta Boluarte como contra la fiscal Benavides. Lo más probable es que el Congreso opte por culminar sus labores el 15 de diciembre, fecha prevista para el fin de la actual legislatura. Ello con el objetivo de poner paños fríos al enfrentamiento personificado en Benavides vs. Boluarte, sin involucrarse más de lo necesario.

Lo más probable, además, es que el proceso de remoción del cargo que se había iniciado en el Congreso contra los actuales miembros de la JNJ no avance. Este 2024 deberá iniciar el concurso público para la elección y designación de los nuevos miembros de la JNJ que asumirían el cargo en enero de 2025. La comisión especial que elegirá a los futuros miembros debería ser presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, además de estar integrada por el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, entre otras autoridades más, pero que, en esencia, la mayoría tiene cercanía con el actual Congreso. La interrogante recaería en si Gutiérrez podrá sacar adelante este proceso, pues se ha visto expuesto en Valkiria V.

¿Qué se viene para Benavides?:

La Junta Nacional de Justicia, por su parte, inició un proceso disciplinario, que podría devenir en la suspensión del cargo para Benavides, luego del 6 de diciembre, fecha en que la fiscal deberá presentar sus descargos ante el Pleno de la JNJ. Desde la defensa de la titular del MP, han pedido la ampliación de una medida cautelar que le fue otorgada, precisamente, por un proceso anterior iniciado por la Junta. Benavides no piensa dejar el cargo, a pesar de los pedidos de distintos grupos de Fiscales, de diversas regiones del país, para que dé un paso al costado mientras duren las investigaciones en su contra.

Al interior de la Fiscalía, como ha ocurrido en otras ocasiones, se están formando facciones a favor y en contra de la titular de la institución. El principal problema que podría enfrentar es el de quedar aislada, pues, por temor a cuestionamientos, incluso fiscales cercanos a ella han preferido declinar de algunos encargos, como el de liderar el EFICCOP. La situación de Benavides es frágil, y cada revelación de los actuados de su exasesor genera más rechazos a su permanencia en el cargo, principalmente desde dentro de la institución.

¿Qué se viene para el Ejecutivo?:

Por su parte, Dina Boluarte se prepara para cumplir su primer año de gobierno. La mandataria deberá analizar si para este cierre de año realiza una renovación en el gabinete que le suponga un impulso para el siguiente año. Una amplia renovación en el gabinete le podría otorgar un respiro. Sin embargo, realizar el cambio desde la cabeza del Gabinete le supondría, en este caso, perder a Alberto Otárola, quien se ha encargado de cimentar la buena relación de la mandataria con el Congreso, y las alianzas favorables que este ha conseguido para el Ejecutivo. Lo más probable es que Boluarte opte por realizar cambios puntuales en el gabinete, que son exigidos desde el Congreso, manteniendo a Otárola en la cabeza.

Por último, la resolución del Tribunal Constitucional relacionada al indulto del expresidente Alberto Fujimori podría suponer una complicación no prevista en el panorama para el Ejecutivo. El gobierno de Dina Boluarte hizo frente, desde su primer día de gestión, a marchas y movilizaciones ciudadanas que no terminaron siendo tan numerosas, en comparación a otras que generaron cambios en el panorama político nacional, y que por consiguiente no lograron los resultados deseados (renuncia de la presidenta, cierre del Congreso, entre otras demandas de corte político). Sin embargo, a lo largo de los últimos años, un agente que sí ha logrado concretar numerosas movilizaciones es el anti-fujimorismo. Ello genera una incógnita para el Ejecutivo. Por un lado, podrían gestarse movilizaciones en contra de la liberación de Fujimori, haciendo que el gobierno deba intervenir en el proceso. Por otro lado, si el anti fujimorismo, que ha logrado movilizar a la calle incluso en momentos de aparente calma, no lo logra en esa oportunidad, el gobierno de Boluarte podría tener cierta seguridad de que otras protestas en su contra no tendrían éxito, y que, efectivamente, las preocupaciones de la ciudadanía transitan por ambientes totalmente alejados de la política.

¿Cómo afecta la posible liberación de Alberto Fujimori al gobierno de Boluarte? Además de la respuesta que podría gestarse en las calles, la otra complicación para el Ejecutivo es política. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, ha sido enfático en señalar que para este órgano constitucionalmente autónomo se debe ejecutar la libertad del expresidente. El Ministerio de Justicia señaló que el Ejecutivo acatará la decisión que expida el juez constitucional de ejecución. La duda que más incógnitas genera es cómo se responderá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había sentenciado que el indulto no sea ejecutado. La capacidad política del gobierno, así como la del titular del MINJUS y su equipo técnico, estará en el ojo público ante una situación difícil de enfrentar.