Inseguridad ciudadana en agenda

Esta semana el problema de la inseguridad ciudadana ha continuado en el foco del gobierno y la sociedad civil. Sin embargo, parece ser que desde el Ejecutivo la única respuesta sería la declaración de Estado de Emergencia en las zonas más críticas, sin que se evidencie un plan articulado. Diversos alcaldes se han sumado al pedido de Estado de Emergencia en sus localidades, como el alcalde de Pachacamac, quien lideró una marcha hacia el Congreso. Desde la Municipalidad de Lima también se ha presentado un proyecto de ley para tipificar el “terrorismo urbano”, que busca agravar las sentencias para los delitos de sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, entre otros, estableciendo penas de hasta 30 años. ¿Es realmente efectiva la declaración de Estado de Emergencia? Esta medida todavía no ha dado luces de combatir la inseguridad ciudadana en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, y por lo contrario, pareciera estar siendo utilizada como una herramienta populista de las autoridades en busca de mejorar sus niveles de aceptación, y ganar protagonismo. Y es que, precisamente, un día después de que el premier Alberto Otárola “destacó” que no se haya reportado ningún fallecido en SJL, se reportó un muerto tras una balacera en un parque. La poca articulación de las autoridades para enfrentar este problema ha generado que, en las zonas donde se ha declarado el Estado de Emergencia, distintos grupos de empresarios del sector entretenimiento hayan iniciado protestas para que les permitan trabajar en horario nocturno, pues se están viendo perjudicados por la medida. La respuesta del ministro del Interior, Vicente Romero, ha sido insuficiente, pues solo ha señalado que se les solicitará que pongan a disposición sus cámaras de videovigilancia para integrarlas a las de la PNP, y que se evaluarán los pedidos, demostrando que no existe claridad sobre cómo atacar el problema de fondo. Esta problemática puede generar una alta vulnerabilidad para el gobierno, ya que el «Plan Boluarte» parece ser una moneda al aire.

Desde el Congreso de la república, la declaración de Estado de Emergencia no ha sido bien recibida por todas las bancadas, y la Comisión de Defensa ha citado para el próximo 2 de octubre al jefe de gabinete, Alberto Otárola, a que explique los criterios utilizados en la declaración del estado de emergencia en SJL y SMP. Hay que resaltar que, recientemente, se oficializó la ley que delega facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, por lo que se espera una reacción real del gobierno frente a la inseguridad.

Dina Boluarte en Fiscalía

La presidenta Dina Boluarte fue citada el último miércoles a declarar ante Fiscalía para responder por la investigación en su contra por los fallecidos durante las protestas de inicios de año. Sin embargo, de acuerdo con su abogado, la mandataria se acogió al silencio durante el interrogatorio. Boluarte solo respondió una pregunta general de la Fiscalía y evitó interrogantes. Tampoco atendió las preguntas de la Procuraduría, ni de la defensa de los familiares de los fallecidos. El negarse a declarar podría jugarle en contra a la mandataria en el plano político, generando más críticas de los sectores opositores que la acusan de no respetar los derechos humanos. Al igual que Boluarte, Alberto Otárola fue citado a declarar ante el Ministerio Público, y también habría mantenido una actitud evasiva durante el interrogatorio. La estrategia legal de la jefa de Estado no es, necesariamente, políticamente buena, pues los trascendidos de que no ha declarado suman a la imagen de que no desea colaborar con la justicia y que no asumirá responsabilidad por los hechos que se le cuestionan, y hacen que se asemeje a Pedro Castillo, quien también hacía uso de su derecho a guardar silencio en los distintos interrogatorios a los que estuvo sometido durante su gobierno.

Boluarte también viene siendo cuestionada debido a que trascendió que un asesor del gabinete técnico de la presidencia, Eduardo Guerrero Castillo, amenazó a su pareja con quemarla, según un registro policial del 2011. Este asesor, quien formó parte de la comitiva que viajó con la mandataria a Estados Unidos, también fue intervenido por manejar un vehículo en estado de ebriedad en 2020. Esto daría luces del poco filtro que habría para la designación de cargos de confianza. Este es el segundo escándalo en torno a asesores de la presidenta Boluarte, después de que Grika Asayag fue acusada de presentar documentación falsa y certificados de estudio adulterados en su contratación en el despacho presidencial.

¿Privatizar Sedapal?

En tanto, esta semana Sedapal ha recibido múltiples críticas por una mala comunicación ante el anuncio del corte de servicio de agua potable en 22 de distritos de Lima desde el próximo 6 de octubre, debido a los trabajos que se realizarán para mejorar tuberías. La ministra de vivienda, Hania Pérez de Cuellar, ha cuestionado también la gestión de la empresa estatal, asegurando que no se coordinó, ni comunicó al despacho de Vivienda sobre las medidas adoptadas, y se enteró del corte de servicio por twitter. El anuncio del corte del servicio de agua ha generado gran alarma e incertidumbre en la ciudadanía, sobre todo en los distritos en donde el corte podría prolongarse hasta por cuatro días. Ante esto, la fiscalía ha realizado diligencias en la sede central de Sedapal, mientras que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – Sunass inició dos procesos sancionadores. La mala coordinación de Sedapal ha vuelto a traer en agenda si es conveniente o no la privatización de la empresa. Asimismo, ha dado luces de los problemas a la interna en Sedapal, sobre todo cuando se ha advertido un posible escenario de déficit hídrico. Y es que, si Sedapal no ha sabido tomar acciones por un corte de reparaciones, qué tan preparados podemos llegar a un escenario de falta de agua potable como consecuencia del impacto del Fenómeno El Niño.

Falleció Hernando Guerra García

Este viernes falleció a los 60 años el congresista Hernando Guerra García tras sufrir una descompensación en su visita a la provincia de Islay en Arequipa, departamento al que había viajado para participar en la convención de Perumin. Guerra García fue trasladado de emergencia a una posta del distrito de La Punta de Bombón, pero por falta de personal médico, fue llevado al hospital de Mollendo, donde falleció. Diversos parlamentarios y autoridades del Ejecutivo expresaron su más sentido pésame, al igual que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Nano Guerra ocupaba la primera vicepresidencia del Congreso y se había consolidado en los últimos años como una de las figuras más importantes en la bancada fujimorista, contribuyendo con la solidez del bloque. Contaba con la confianza de los líderes del partido y, además, era vocero de la bancada. Guerra García será reemplazado en el Congreso por el exministro del interior, Fernando Rospigliosi, quien era su accesitario. Rospigliosi ha mostrado una postura de derecha, crítica hacia el expresidente Pedro Castillo y sus aliados, asimismo en su agenda está la seguridad ciudadana. En tanto, el sucesor de Guerra García en la primera vicepresidencia del Congreso deberá ser elegido en el Pleno del Congreso, lo cual abriría una negociación entre bancadas que representará la primera gran prueba para el llamado “Bloque País”, conformado por Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Somos Perú.

Mientras tanto, en los próximos días la Comisión de Ética debatirá los informes de calificación sobre tres denuncias contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, lo cual podría poner en agenda la permanencia de Soto en la Mesa Directiva. El parlamentario tiene tres denuncias en Ética por haber votado a favor de la ley de prescripción, con la que se benefició después, además del presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho, y por haber contratado en su oficina a la hermana de la madre de su hijo. Sumado a esto, es investigado por la Fiscalía de la Nación por presunto delito de concusión, y recientemente ha sido acusado de plagio en su tesis de maestría y doctorado, tras lo cual la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco conformó una comisión investigadora. En solo dos meses en el cargo, Soto acumula cinco denuncias en diferentes fueros, en los próximos días se verá si el Congreso termina por blindarlo o si continuidad al frente del parlamento es puesta en vilo.