Visita desapercibida
Esta semana la presidenta Dina Boluarte viajó a Nueva York para participar en el 78° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Pese a los intentos de la mandataria de posicionarse en el escenario internacional, la participación de Boluarte habría pasado inadvertida y su paso por la ONU estaría lejos de considerarse exitoso. Durante los días del evento, la presidenta tuvo una agenda bastante reducida, con muy pocas reuniones con sus homólogos internacionales, lo cual podría evidenciar que la mandataria no ha logrado contrarrestar su mala imagen internacional. Y es que es bastante grande el contraste con el nivel y cantidad de reuniones que han tenido otros presidentes de la región.
Por su parte, Boluarte ha insistido en hacer énfasis en la estabilidad de su gobierno y llamar a la tranquilidad del sector privado, a fin de captar inversiones. Sin embargo, parece ser un esfuerzo vacío, que todavía está lejos de causar gran impacto. Si bien la mandataria busca mejorar la imagen del país, su discurso se da en un contexto de incremento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad en el Perú, además de una caída del PBI en el último mes. Y es que, para captar inversionistas hace falta una serie de factores entre los que destacan economía y política estables, y no solo un discurso. El mensaje de Boluarte está alineado a lo manifestado por el ministro de Economía, Alex Contreras, quien continúa ratificando que habrá una recuperación económica en lo que resta del 2023, pese a las cifras desalentadoras del PBI.
Al respecto, el internacionalista Óscar Vidarte ha considerado que el discurso de Boluarte ante la ONU estuvo muy orientado a la agenda interna, y con muy poco contenido. Asimismo, el especialista ha señalado que sobre la mandataria pesa la imagen internacional de una presidenta débil que no parece hacer mucho frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La jefa de Estado también ha sido criticada por su renuencia a responder a la prensa peruana sobre asuntos que ocurren en el país, como la declaratoria del estado de emergencia. Esto pese a que Boluarte se encontraba despachando de manera remota. La imagen que ha proyectado no beneficia su discurso, y por el contrario, contribuye a reforzar la idea de un gobierno hostil y que rehúye de sus responsabilidades.
Los escasos resultados de este viaje presidencial, merman el esfuerzo del gobierno de negociar ante el Congreso que sea Boluarte quien pueda viajar a eventos internacionales. Desde Cancillería y el gobierno queda la tarea de revertir la situación desfavorable, con miras al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de noviembre, en donde Perú recibirá la presidencia del APEC 2024, evento que podría ser complicado pues, por ahora, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que no participará dado que su país no asistirá a la cumbre que se realizará en suelo peruano en 2024, al que sería su última gestión internacional como mandatario del país azteca. No se descarta que otros jefes de gobierno cercanos a su línea, como Gustavo Petro de Colombia, hagan lo mismo.
Aprueban delegación de facultades:
La semana ha sido positiva para el gobierno con relación al Congreso. En el pleno se rechazó la moción de vacancia contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, cuya situación en el Legislativo es frágil desde hace meses. Esto demostraría que el Ejecutivo viene gestionando bien sus alianzas. El gobierno apeló al nacionalismo de la izquierda del parlamento, que respaldaba que Petroperú se haga cargo de los lotes petroleros de Talara, y también supo alinear a Alianza para el Progreso al rechazo de la moción de censura, afianzando su cercanía.
Además, el Pleno del Congreso aprobó, y exoneró de segunda votación, el texto sustitutorio del proyecto de Ley 5632, que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 90 días en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres – Niño Global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos. El Ejecutivo busca implementar un paquete de medidas que incluye 50 normas, de las cuales 33 están enfocadas en seguridad ciudadana. De esta manera, el Ejecutivo podrá modificar el Código Penal en materia de delitos contra la inseguridad ciudadana y tranquilidad pública. Este es el segundo pedido de delegación de facultades que el Congreso otorga al gobierno de Boluarte, lo cual refuerza la idea de que la alianza tácita entre el gobierno y el Congreso se mantiene sólida. La mandataria ha saludado y agradecido el pedido a su regreso de EE.UU.
La aprobación del pedido de facultades se da un día después de que el gobierno declarase en emergencia por 60 días los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, ante el incremento de la inseguridad ciudadana. Precisamente, la declaratoria de Estado de Emergencia viene siendo cuestionada por diferentes actores políticos como la Defensoría del Pueblo, organismo que señaló que esta disposición ha demostrado no tener efectividad, y ha exhortado a la no intervención de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el gobierno ha defendido la implementación de la medida, alegando que no ha sido improvisada, y por lo contrario “está bien pensada”.
Por otro lado, el Congreso de la República tiene en la mira la investigación contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, cuestionados por haber incurrido en falta grave al presuntamente haber ejercido presión para que no se sancione a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. La Comisión de Justicia ha aprobado por mayoría el informe preliminar de la indagación, y en el pleno se aprobó ampliar por 14 días hábiles el plazo para realizar la investigación sumaria.
Si bien inicialmente el gobierno no emitió opinión sobre el tema, la presidenta Dina Boluarte parece haber respaldado al Congreso una vez más, y desde Nueva York, al ser consultada por la investigación a la JNJ, aseguró que “nadie está exento de que lo investiguen” y “nadie tiene corona”, por lo que su gobierno respetará el resultado del proceso contra la JNJ.