Cuestionada investigación exprés 

Investigación sumaria exprés:

La Comisión de Justicia del Congreso, cuya presidencia recae en Janet Rivas, de Perú Libre, citó para este viernes a cuatro integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ello, luego que en el Pleno se aprobó la moción presentada por Patricia Chirinos para que en el Parlamento se realice una investigación sumaria de 14 días hábiles contra dichas autoridades. La sesión, sin embargo, fue suspendida, pues no se habrían cumplido los requisitos para las debidas citaciones.  

La aprobación de esta investigación por parte del Congreso ha generado diversas reacciones. En el plano local, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pidió que se respeten las garantías constitucionales de los integrantes de la JNJ, en el marco de esta investigación. Este mensaje no fue bien tomado en el Parlamento, pues Gladys Echaíz pidió que Benavides aclare lo que quiso decir. En el plano internacional, la misión de las Naciones Unidas en Perú (SNUP) difundió un comunicado expresando su preocupación ante esta investigación, enfatizando que la separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena. La congresista Patricia Chirinos fue la primera en criticar lo que considera es un “atrevimiento injerencista” del coordinador residente de la ONU en Perú, Igor Garafulic, y que se debió declararlo persona no grata, así como pedir su inmediata remoción a la propia ONU.

Sin embargo, la sorpresa provino del comunicado de Cancillería, reactivo al pedido de Chirinos y otros, en el que indicaban su “extrañeza” por el pronunciamiento del SNUP y que habían convocado al coordinador residente. Si bien, actualmente, Perú tiene un gobierno débil, el comunicado de Cancillería no dejaría dudas de que, además, sería un gobierno subordinado al Congreso. Esta relación simbiótica Ejecutivo – Legislativo se ve potenciada en algunos espacios para el Congreso, pues tienen cierto nivel de control sobre algunas instituciones, como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Esta alianza explícita entre ambos poderes del Estado genera un equilibrio de gobierno frágil y abre la interrogante de hasta dónde llega esta relación, pues ante algún elemento de discordancia el primero en caer será siempre el más débil, en este caso el gobierno de Boluarte.

Además, el Congreso, si bien fraccionado en bancadas e ideologías, parecería haber entendido que en las decisiones más trascendentales lo más conveniente es encontrar consensos y dejar de lado las ideologías políticas. Y qué más trascendental para esta generación de congresistas, que lograr permanecer en sus cargos hasta el 2026, es evitar futuras investigaciones y copar toda institución posible con miras a los siguientes años. Después de todo, el punto en común es que son grupos políticos que han demostrado no ser transparentes en materia política y en procesos electorales, como lo muestran las investigaciones por financiamiento a las campañas de sus líderes.

Asimismo, para un sector, la presidencia de Soto se trata de una alianza por la Mesa Directiva que está logrando perdurar más allá de lo que se esperaba tras la avalancha de denuncias contra el titular del Parlamento, y que ha trascendido a esa elección y a la posterior repartición de comisiones.

El “otorongo no come otorongo” parece que se ha fortalecido en este Congreso. No solo para un presidente del Congreso que cada semana enfrenta una nueva denuncia, sino también con congresistas cuestionados, sin que se inicien acciones en contra de ellos, sin hablar de los “mochasueldos” y “niños”, de los que bastante se ha comentado.

En las últimas semanas, la lista de cuestionamientos se ha engrosado. Ahora podemos encontrar al congresista Guillermo Bermejo, cuyo asesor ha recibido 20 meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por el presunto delito de organización criminal. Hasta el momento, los cuestionamientos han pasado por agua tibia, y no se ha trazado un camino para investigar al congresista, a pesar de todos los anticuerpos que tiene en el Legislativo.

Otra parlamentaria en este grupo es la congresista Digna Calle, quien se ha reincorporado al Congreso luego de una licencia de 7 meses, para indicar que no asistirá al Pleno de forma presencial, pues no puede compartir espacio con una “mayoría que está de espaldas al pueblo peruano”, añadiendo que gente con denuncias tan serias como las de sus colegas, no pueden cuestionarla. Pero además de esos cuestionamientos, Vivian Olivos, de Fuerza Popular, ha solicitado a la Comisión de Ética abrir una investigación de oficio contra Calle luego que, durante una votación en el Pleno, se prendiera la cámara del celular del Congreso y apareciera su esposo, el excongresista Aron Espinoza. No es la primera vez que se habla de la injerencia del ahora regidor metropolitano en las labores de su esposa. El tema incluso ha sido discutido en el Pleno.

En medio de estas denuncias, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, de Avanza País, pareciera estar adormilado, pues los procesos al interior de este grupo se dilatan, y no se tiene respuestas claras sobre cómo culminarán.  

Por último, cada logro cosechado por este Congreso solo los ha empoderado para atreverse a ir por más y sin, necesariamente, bajar el perfil. El riesgo a futuro es que las instituciones del país, frágiles de por sí, lo sean aún más. Eventualmente, el debilitamiento de las instituciones le pasa la factura a toda la sociedad en general, pues toma tiempo la recuperación de instituciones quebradas. De momento, el noveno Juzgado Constitucional de Lima admitió una demanda de Hábeas Corpus a favor de la JNJ. No obstante, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe al Poder Judicial iniciar procesos contra el Congreso por el desempeño de sus facultades exclusivas.

Mociones de censura:

Por otro lado, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, se presentó esta semana ante el Pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio. Sin embargo, parecería que Chávez no ha sido capaz de convencer a los congresistas, pues Patricia Chirinos anunció que presentará una moción de censura en su contra. Además, se presentó la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, con 35 firmas de congresistas mayoritariamente no agrupados (ex Acción Popular), de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, por lo que podrían venir más cambios en el gabinete ministerial.