Prueba de fuego

Afrontará 3 investigaciones:

La Comisión de Ética, presidida por Diego Bazán (Avanza País), aprobó iniciar indagaciones preliminares al presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), por tres casos por separado. El primero es la contratación de su excuñada como asesora en su despacho. El segundo caso es por haber votado a favor, en segunda votación, para la aprobación de la Ley N.^o 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción en un caso de peculado y falsificación, a la que se acogió su defensa legal. El tercer caso es por la denuncia de los aportes voluntarios realizados por trabajadores de su despacho para pagar publicidad a favor del congresista. Bazán señaló que las investigaciones durarían, aproximadamente, 3 meses. Entre las sanciones previstas que podría recomendar la comisión están, desde una amonestación escrita pública hasta la suspensión por el Pleno del ejercicio del cargo por hasta 120 días. ¿Qué implica el inicio de este proceso?

En primer lugar, de aprobarse el informe de calificación (que abriría el inicio de la investigación), la atención mediática estaría centrada en Soto por los siguientes meses. Los testigos de los casos serían llamados a declarar a la comisión y Soto estaría obligado a presentar sus descargos. Es decir, cada semana, con nuevos desenlaces y declaraciones en la comisión, Soto continuaría acaparando los titulares de la prensa con cuestionamientos en su contra. El reto para Soto es hacer un mejor control de daños, en los siguientes meses, de lo que ha venido haciendo hasta el momento, pues el permanente cuestionamiento podría ocasionar un nuevo episodio de inestabilidad política en el Legislativo.

En segundo lugar, el contexto de iniciar tres procesos a la vez también pone en jaque a sus aliados, pues abre la interrogante de hasta dónde estarían dispuestos a defender a capa y espada a Soto, como lo vienen haciendo. ¿Cuál sería el punto de inflexión para que Soto pierda este respaldo? Los siguientes meses también supondrán una prueba de fuego para sus aliados políticos. En especial porque la oposición a la actual Mesa Directiva del Congreso se apalancaría en estos cuestionamientos mediáticos para que la moción de censura a Soto obtenga respaldo.  

En tercer lugar, es necesario considerar lo que ha significado la alianza Bloque País y el actual fraccionamiento en el Congreso. La negociación no se ha dado solo en la esfera del Parlamento, sino que involucra a líderes de los partidos políticos, como César Acuña, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. El respaldo a Soto trasciende del Congreso a una alianza que también es partidaria y que se habría forjado en base a concesiones e intereses específicos. El actual presidente del Congreso está dispuesto a promover una agenda de reforma política, como el retorno a la bicameralidad del Congreso.

De momento, hay demasiadas piezas en el tablero entrelazadas, por lo que no sería fácil deshacer una negociación tan expuesta como lo ha supuesto la actual alianza que preside la Mesa Directiva del Congreso.

¿Qué se viene para el Ejecutivo?

El gobierno de Boluarte presentó los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el año fiscal 2024 al Congreso de la República. El proyecto de Ley de Presupuesto Público para el siguiente año fiscal supera los S/240.000 millones, un 12% más que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, y, según el Ejecutivo, prioriza los sectores de salud, educación, protección social, agua y saneamiento, atención de la emergencia e impulso al orden y a la seguridad. El Ejecutivo sustentará los proyectos de ley ante el Pleno el próximo 6 de setiembre.

Además, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, sustentó esta semana, ante la Comisión de Constitución, el pedido de delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, entre otros. Si bien la presidenta del grupo de trabajo, Martha Moyano, señaló que la comisión “no es una mesa de parte” y que el pedido se “va a debatir y se va a revisar de manera constitucional”, hay una predisposición entre ambos poderes del Estado y ya se instalaron mesas técnicas para trabajar este pedido.

Tanto los proyectos de ley de Presupuesto como el pedido de delegación de facultades están ocurriendo en un ambiente favorable y mucho más calmado entre Ejecutivo y Legislativo. Ello, en comparación a años anteriores, que supusieron una mayor confrontación.