La toma de Lima y la estrategia del Ejecutivo.

Este jueves 19, Lima se convirtió en el escenario de marchas y manifestaciones de un sector de la población que se movilizó hacia la capital, principalmente desde el sur, que demanda la salida de Dina Boluarte desde diciembre pasado. En días previos, llegaron manifestantes desde Puno y Cusco, principalmente. La primera comitiva fue albergada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego de que un grupo de estudiantes tomara la puerta 3. La rectora Jeri Ramón informó que esto ocurrió tras la llegada del congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) quien exacerbó a los estudiantes. Por su parte, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería acordó recibir a universitarios de provincia que llegaron a la capital para sumarse a las protestas, posición que ha sido respaldada por el rector Pablo López-Chau.  

La movilización al Centro de Lima inició pasado el mediodía y las primeras horas fueron pacíficas. En horas de la tarde, se comenzó a reportar el intento de toma de aeropuertos, en simultáneo, en Arequipa, Cusco y Puno. En la capital, en vías y zonas acostumbradas a las marchas, como la Av. Abancay y sus calles aledañas, la Av. Grau, el frontis del Palacio de Justicia y la Plaza San Martín, terminando la tarde, se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden que terminaron con el incendio de un edificio. Para ese momento, no se visualizaba entre los manifestantes a los grupos de regiones que llegaron a Lima y que eran claramente identificables en horas de la mañana, pues aparentemente no acompañaron a los grupos más radicales que generaron disturbios.

A diferencia de otras convocatorias y protestas, incluso las producidas durante el gobierno de Pedro Castillo, en esta ocasión se han sumado otros grupos que no habían estado activos, como es el caso de los universitarios. Organizaciones estudiantiles se sumaron a la convocatoria del 19, pero con división. La toma de la UNMSM fue por encabezada por un sector poco representativo la comunidad de esta casa de estudios y la decisión no fue avalada por la mayoría de representantes, al punto que el Consejo Universitario, incluidos estudiantes, solo permitieron que permanezcan en la ciudad universitaria hasta el mediodía del jueves 19. Esta recepción visibiliza que no hay consenso en grupos frente a demandas de corte político.  

Si bien la denominada ‘Toma de Lima’ no alcanzó su principal objetivo, que era la renuncia de Boluarte a la presidencia, no sería conveniente menoscabar la capacidad de convocatoria de una marcha ciudadana que exige ser escuchada. La agenda de este sector no tiene como punto principal un reclamo laboral, social o estar en contra de una ley o reforma. Este tipo de marchas son frecuentes y tienen grupos y líderes claramente identificables, pero las movilizaciones políticas son escazas y se producen en momentos clave y de manera desordenada, pues no nacen de una convocatoria liderada por un único sector o una persona visible, sino de la necesidad de exteriorizar un profundo malestar. Decidieron pasar directamente a la acción y no esperar a que algún caudillo canalice el descontento.

La principal demanda de la mayor parte de los manifestantes movilizados que presentan reclamos que podríamos considerar justificables, se centra en conseguir un espacio de representación y participación política. Situación distinta la de quienes buscan generar caos y violencia, que no pararán con sus protestas incluso con la renuncia de Boluarte.

Una característica de la mayor parte de las acciones colectivas de protesta de las últimas semanas es la ausencia de un líder o rostro visible. Los adherentes a estas marchas se suman por motivaciones particulares y no por un liderazgo, lo que se evidencia en que no hay una coordinación vertical entre todos los grupos sociales, sino horizontal (hacia sus bases). Van haciendo grupos en el camino, y aunque buscarían lo mismo, no esperan juntarse con alguien más para marchar.

Para el politólogo Juan de la Puente, el actual conflicto tiene una característica de insumisión, más que insurrección. No se trata de una asonada, sino de un deseo de participar en política de territorios que se han autoconvocado con demandas específicas. Lo resume como una discusión política más que un conflicto social y que este proceso de insumisión no acaba en el corto plazo, sino terminará siendo el punto de partida para lo que devenga.  

¿Divide y vencerás?:

La presidenta Boluarte, por su parte, busca mantener su estrategia frente a este conflicto, apelando a lo que en el Ejecutivo consideran que es el grueso de la ciudadanía que no está participando en estas marchas y se ve perjudicada por bloqueos en vías e interrupción a sus actividades cotidianas, y que tendría como principal demanda que el gobierno imponga el orden para poder trabajar con normalidad, dada la compleja coyuntura económica. Sin embargo, y si bien este grupo sería la mayoría del país, en comparación a los que se movilizan en su contra, no necesariamente van a salir a la calle, a respaldar su mandato o a aceptar de plano un adelanto de elecciones recién para 2024, pues persiste esta generalizada sensación de indiferencia hacia la política en el país. El continuar dividiendo a quienes protestan, de quienes no, es una jugada arriesgada que podría generar que las marchas se radicalicen, aún más, especialmente al interior del país. Es importante tener en cuenta que la sensación de crisis nacional se da, principalmente por el caos en las protestas en el centro y sur del país, a pesar de que estas zonas reúnen solo a cerca del 30 % de la población nacional. En Lima, el oriente y el norte (que aglutinan al mayoritario 70% de peruanos), a pesar de la desazón con la clase política, la mayoría de las movilizaciones ha sido pacíficas y organizadas, y los bloqueos se han levantado de manera rápida, sin generar mayores perjuicios.

En su pronunciamiento del jueves, la mandataria volvió a apelar a los ciudadanos que no participan en marchas, a la vez que criticó a quienes sí lo hacen, desplazándose incluso desde lugares lejanos a Lima, y sin intenciones de dialogar. “A los que están marchando, diariamente, ¿quién los financia? (…) Están al margen de la ley” sentenció. Para Boluarte, el objetivo es quebrar el estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder de la Nación.

Está claro que a nivel de los grupos políticos el actual gobierno cuenta con respaldo, luego que el Congreso le diera el voto de confianza al Gabinete Otárola, pero le será difícil encontrar legitimidad en los distintos grupos, a menos que se enfoquen en una transición con tareas claves de corto plazo y en la atención directa a la ciudadanía. Es evidente también que ante estos grupos le será imposible ser reconocida como presidenta. El jefe de Gabinete, Alberto Otárola, señaló que el gobierno está “al mando de la situación”. El balance que otorgó el ministro del Interior, Vicente Romero, es de 22 policías heridos, 16 civiles heridos, un fallecido, daños materiales a los aeropuertos de Arequipa, Cusco y Puno y un edificio incendiado en el Centro de Lima.   

El Congreso:

Desde el Congreso se insiste en continuar enfocados en su propia agenda de reformas políticas que, al parecer, nadie más que ellos, ha demandado en el corto plazo. Mientras algunas zonas del país, literalmente se incendian, ellos continúan en su semana de representación. Aún es incierto cuando se llevaría a cabo la segunda votación para el adelanto de elecciones, que en primera instancia está aprobada para 2024.

La Comisión de Constitución continúa analizando la bicameralidad, reelección y voto preferencial como sus principales prioridades en los días que aún quedan a la actual legislatura ordinaria, que se ampliaría, nuevamente, ahora hasta el 10 de febrero. Las actuales demandas de los manifestantes se centran más en elecciones prontas, de ser posible para este año, y no 2024, y no incluyen ninguna de estas reformas.

El presidente del Congreso, José Williams, emplazó a los congresistas a ratificar el respaldo al adelanto de elecciones, señalando que los parlamentarios “han empeñado su palabra”. Si esta segunda votación no tiene 87 votos o más, la salida política se aplazaría varios meses más, pues como mínimo, habría que esperar a la siguiente legislatura (agosto) para presentar un proyecto del mismo corte, que plantee adelantar las elecciones y recortar los mandatos de la presidenta y los parlamentarios.

Pareciera que continúan anteponiéndose intereses individuales a los del país, y es difícil tener claridad sobre la respuesta que podría generar que se prioricen reformas políticas, que responden a intenciones de continuidad política, más que el adelanto de elecciones.

Asamblea Constituyente:

Una de las demandas que sí persiste en las actuales manifestaciones es la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 69% de los encuestados está a favor de la convocatoria, lo que equivale a que 7 de cada 10 peruanos respaldarían la propuesta. El mayor respaldo se concentra, sin novedad, en regiones, más que en la capital, con un 81% en el sur, 79% en el centro, 76% en el oriente y 71% en el norte.

Además, frente al Congreso de la República, crece la desaprobación con un 88% por parte de los encuestados, 8 puntos porcentuales más que el mes anterior. Es la desaprobación más alta del actual período.

Hay un sentimiento creciente de apoyo a la idea de una Asamblea Constituyente. Lo cierto es que, a estas alturas, se puede entender que el rechazo hacia la actual Constitución es más de corte político por la imagen que el fujimorismo ha generado en torno a la Carta Magna, que de contenido en sí; similar al rechazo en Chile a su Constitución por ser una clara identificación del régimen de Augusto Pinochet.

La falta de representatividad de la actual clase política suma a este deseo de una Asamblea Constituyente, pues, aunque no se quiera una nueva Constitución mayoritariamente, sino solo algunos cambios, se prefiere optar por un organismo distinto al Congreso tal y como está constituido ahora. Hay un deseo explícito de ser parte del proceso, de participar en el diálogo político y hacer sentir su voz. Esta percepción tiene asidero en que en los últimos años se ha visto reforzada la idea utópica de un sector de la izquierda, de lo que representa una Asamblea Constituyente, como si esta equivaliera a cabildos abiertos o a mayor representación de sectores que, en la práctica, son minoritarios, cuando finalmente es la elección de un nuevo Congreso, aunque de menor duración y con una tarea única, y cuyo desenlace es incierto.