El factor anti-sistema

El factor anti-sistema:

El último reporte de la Defensoría del Pueblo eleva a 41 la cifra de civiles fallecidos, en enfrentamientos, entre los que hay menores de edad, además de 7 civiles fallecidos por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo, y un policía asesinado por hechos de violencia en el contexto del conflicto. Lo acontecido en Puno al inicio de la semana, así como el voto de confianza otorgado al Gabinete Otárola, no ha desencadenado, más allá de Cusco, otros hechos violentos de grandes magnitudes. Hasta el momento, parecería que la situación se concentra en la zona macro sur del país, con distintos factores que podrían sumarse como agravantes y generar un estallido social mayor.

La aparente calma a los enfrentamientos por parte de los manifestantes también sería parte de la estrategia de los grupos radicales, que ante un posible foco sobre ellos diluyen las protestas. Sin embargo, en ese sentido, la Policía detuvo a la ‘camarada Cusi’, sindicada como una de las azuzadoras de las protestas en Ayacucho. Según fuentes de Inteligencia PNP, la intervención se concretó tras acatar una orden judicial tramitada por la Fiscalía de Ayacucho, que venía investigando a la senderista por el delito contra la tranquilidad pública.

Los grupos radicales estarían actuando de manera organizada y capitalizando el descontento de las personas en zonas donde persiste la anemia, desnutrición, el desempleo, entre otras demandas más sin atención a lo largo del tiempo. Después de todo, en cada proceso electoral se le denomina “el sur anti-sistema”. En Puno, estancado en su propio crecimiento, por diversos factores como sus propias autoridades, no se ha tratado el tema del radicalismo ni de cómo abordar una oportunidad al desarrollo. Más allá de los grupos radicales, para los manifestantes, que provienen de comunidades campesinas, se trata de una lucha justificada para ellos, pues no han terminado por sentirse representados. La ausencia del Estado, claramente, es caldo de cultivo para líderes o grupos radicales. El haber destituido a Pedro Castillo, sobre quien incluso luego podrían haber pedido su renuncia al no tener respuestas a sus demandas, se ha percibido como que su voto no es respetado, al punto de sentir a los congresistas que representan su región como traidores hacia ellos. El expresidente es la consecuencia de toda esta crisis, más que la causa o el detonante de las protestas.

Por su parte, los grupos radicales solo están buscando el estallido del desborde social para seguir promoviendo su agenda anti-establishment y que en realidad se ven beneficiados de una ausencia del Estado. Finalmente, es una situación compleja para todos pues las movilizaciones radicales no se pueden contrarrestar con marchas pacíficas. Además, a este escenario se suma a un movimiento fuerte de desprestigiar a las fuerzas del orden que viene ganando espacio desde hace varios años, con un fondo de corte político que les beneficia en su propia agenda a los grupos radicales.

Hasta quemar el último cartucho:

En el actual Congreso, pareciera que la búsqueda de encontrar a alguien que represente una postura moderada es equivalente a buscar agua en el desierto. Los actuales parlamentarios, sin importar a cuánto escale el nivel de conflictividad, parecen no estar dispuestos a moderar sus posturas. Se trata de actores políticos que estarían jugando a hacer política, sin hacerla realmente.   

Es un Congreso en el que resulta difícil encontrar actores dispuestos a dialogar y llegar a acuerdos políticos, ni si quiera por el bien de país. Se trataría de congresistas, no solamente incapaces de hacer política sino, centrados en una capacidad de negociación que respondería más a un beneficio propio y agendas particulares que a la adecuada representación del pueblo, del que tanto se jactan en sus intervenciones en el Hemiciclo.

El poder de representación, claramente, no está en el Parlamento. Es un Congreso que no mira a la calle. Ello se puede apreciar, al menos, en tres momentos esta semana.

Primero, jugaron a la ruleta rusa, sin saber ciertamente, la respuesta que se podía originar en las regiones que acatan manifestaciones desde el pasado 4 de enero al otorgar el voto de confianza al Gabinete Otárola, obviando la situación de Puno acontecida un día antes.

Luego vino la inhabilitación a Freddy Díaz, cuya primera votación mandó al archivo dicha propuesta y encapsula la frase: otorongo no come otorongo. Este escenario se revirtió tras la reconsideración a la votación para inhabilitar a Díaz por 10 años en el ejercicio de la función pública, tras presión mediática y de representantes de la ciudadanía.

El otro momento es la aprobación de la nueva comisión que elegirá a los candidatos para defensor del Pueblo con integrantes cuestionados como Elvis Vergara (Acción Popular), sindicado como uno de los ‘niños’, y Patricia Chirinos (Avanza País), entre otros más. Es el tercer intento del Congreso de elegir al titular de la Defensoría del Pueblo sin que importe no solo la misma Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo sino la legitimidad que pueda tener el proceso. Nuevamente, se trata de errores políticos sobre los que parece haber una escasa, o nula, reflexión por parte de los congresistas. Frente a esto, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Judicial la ampliación de la medida cautelar que presentaron el año pasado cuya acción de amparo suspendió el proceso del año pasado.   

Por último, la Comisión de Constitución continúa llevando adelante el debate de reformas políticas, sin claridad del camino por el que irían estas, mientras se va acabando el tiempo a la actual legislatura.

El manejo del país, ¿le quedó grande al actual gobierno?:

Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte continúa sostenido de manera precaria. Si bien se otorgó el voto de confianza al Gabinete Otárola, lo que representa a tener cierto respaldo político, no tiene validación social. En ese sentido, a manera de comparación con el gobierno de Castillo, a este último le costaba tener el respaldo político, mientras que había consolidado una mejor validación social. El gobierno de Castillo también parecía frágil políticamente, en especial después de cada denuncia de actos de corrupción, pero seguía en pie, contradictoriamente, y sin presión a su salida en las calles.

Resulta difícil esperar un gobierno a la altura de la crisis si este se ha formado de la noche a la mañana, es liderado por alguien elegida por cercanía a su entonces líder y no por méritos políticos o profesionales, dentro de una plancha presidencial en la que solo habría sido designada para cumplir con la normativa de paridad y alternancia, sin bancada, con el rechazo del partido en el que militaba, y que fue expectorada del gabinete de su antecesor por considerarla una traidora. Boluarte, como Castillo, están en el poder por el rechazo mayoritario a la opción política a la que se enfrentaron en las elecciones. Además, la ahora presidenta, se ha alejado abiertamente de todo lo que ella misma impulsó durante la campaña electoral.

Boluarte, además, con cuenta con el respaldo de gobernadores regionales en zonas complicadas como los de Cusco, Apurímac y Puno, cuyo rechazo recae en realidad una postura hacia Castillo. El actual gobierno tiene complicada la tarea del diálogo con autoridades regionales y locales, que no quieren escucharlos y piden la renuncia de Boluarte. El problema es que hacer presencia del Estado no significa, necesariamente, mediante las fuerzas del orden, sino a través del diálogo de los representantes del Ejecutivo en estas zonas.   

Es un gobierno que está quedando debilitado y que debería dar mensajes políticos correctos, pero no lo hace. El mensaje de Otárola de señalar que no permitirán que los grupos de provincia lleguen a Lima, postura que debería venir en todo caso del alcalde metropolitano, lo distancia de una posible conciliación con este sector. Incluso la renuncia del ministro de Trabajo, Eduardo García – que no sería la única – es en esa línea: la situación amerita un adelanto de elecciones para este año. A la falta de mensajes políticos correctos, se le puede sumar la manera en que el Ejecutivo y el sector privado han comunicado y difundido las reuniones entre la presidenta y representantes empresariales. Ciertamente era necesario retomar una conexión entre el empresariado y el Ejecutivo. Esta nueva aproximación luego de un gobierno que no mostró disposición alguna a recibir aportes y a encaminar un trabajo conjunto, sin duda es positiva para el país. Sin embargo, la forma en cómo se estarían comunicando estos encuentros, generan la percepción de un sector privado alejado de lo que sucede en actualmente en el sur del país, lo que es aprovechado por grupos radicales para señalar que Boluarte se ha reconvertido en una defensora de lo que ellos consideran como grupos de poder económico y parte de los sectores derrotados en la elección de 2021.