Cómo la Fiscalía de la Nación dio su golpe más fuerte.

Mega operativo ‘Valkiria II’:

Esta semana, el Poder Judicial autorizó la detención preliminar de Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez, Biberto Castillo y Eder Vitón, conocidos como los ‘asesores en la sombra’ del presidente Castillo, y del empresario, Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, quien no ha sido ubicado hasta el momento. El mega operativo, nombrado ‘Valkiria II’, también incluyó el allanamiento de las oficinas y viviendas de los congresistas sindicados como ‘Los Niños’, de Acción Popular: Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.  

El exsubsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, a quien no se ha incluido en las detenciones ni allanamientos, ha comenzado a ser señalado como colaborador eficaz. Camacho, cuya designación como asesor del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del MIMP concluyó el mismo día de Valkiria II, habría entregado a la Fiscalía los celulares que vincularían a Castillo con el empresario Samir Abudayeh, dueño de la compañía Heaven Petroleum Operators (Caso Petroperú). Esto genera un panorama adverso para el gobierno, pues el exsubsecretario tendría pruebas suficientes para complicar la situación de Castillo, al menos en uno de los casos en los que está involucrado.

La caída de este bloque de asesores en el gobierno no significa que el mandatario haya quedado abandonado o rodeado de personas inexpertas. Castillo está acompañado de personajes con trayectoria en la política, que prefieren un perfil alejado de lo mediático, como Julio Palomino, secretario general de Presidencia; y Luis Mendieta, jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia. Este último ha sido asesor de Freddy Otárola, excongresista nacionalista, y estaría detrás de los principales temas regulatorios que promueve el Ejecutivo. Por su parte, Palomino, quien ha ocupado otros cargos en el sector público en el pasado y ha estado vinculado al caso de la falsificación de firmas del partido Perú Posible, es quien habría recompuesto las relaciones del gobierno con algunas bancadas, como Podemos, logrando mejorar el posicionamiento de Castillo en el Parlamento.

Denuncia sustentada en la Convención de la ONU contra la Corrupción:

Tras los operativos se concretó la presentación de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo, ante el Congreso de la República. El argumento para poder denunciar al mandatario, a pesar de que los delitos de corrupción no están dentro de las causales por las que se puede acusar a un presidente en funciones, es la adhesión del Perú a la Convención de la ONU contra la Corrupción, que establece que la inmunidad de autoridades y funcionarios no limite la investigación, enjuiciamiento y sanción, aunque conforme al ordenamiento jurídico de cada Estado parte. Sobre su aplicación para este caso todavía existe un amplio debate.

Esta situación lleva a la titular del Ministerio Público, inevitablemente, al terreno político, pues es ese el espacio en el que transitará la imputación dentro del Legislativo, y no en el ámbito legal.

Benavides deberá realizar una sólida sustentación de la tesis fiscal contra la presunta organización criminal, pues es la primera vez que estamos ante un escenario como este, en el que el presidente en funciones es investigado y denunciado por el Ministerio Público por actos de corrupción, lo que marca un precedente en el país.

La Fiscal de la Nación ha mostrado cierta vena política en estos meses, y así lo evidencian su reciente columna de opinión y las entrevistas y pronunciamientos que ha dado respecto de las investigaciones al mandatario. Si bien muchas de estas reacciones son ocasionadas por las acusaciones que se han hecho en su contra desde gente cercana al Ejecutivo, era materialmente imposible no politizar un proceso que involucra a los actores políticos más importantes del país.

Los escenarios:

Tras la presentación de la denuncia constitucional, el primer paso que viene es evaluar la admisibilidad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Al respecto, la presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones, dará cuenta de la acusación este viernes. Luego de eso, el equipo técnico de la SAC tendrá 10 días hábiles para emitir un informe de calificación al respecto.

Un aspecto relevante será la designación del congresista que haga las veces de secretario encargado del informe del caso. Camones deberá tomar decisiones importantes en un panorama de alta inestabilidad para el país, luego que fuera censurada como presidenta del Congreso, lo que en su momento se consideró una victoria para el Ejecutivo.  

Un primer escenario que podría devenir de esta denuncia es la vacancia presidencial. El Parlamento podría considerar esto como una prueba suficiente para demostrar la incapacidad moral permanente del mandatario e intentar ir por los 87 votos que necesitan, aunque aún no los tienen. Si bien el congresista Edward Málaga y la bancada de Renovación Popular se han mostrado dispuestos a impulsarla, mantienen cierta cautela dados los resultados de las dos mociones anteriores.

Un segundo escenario es que se plantee la suspensión por acusación constitucional, para lo que solo necesitarían 51 votos en el Pleno, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente, y a los que sí podría llegar la oposición. Sin embargo, este es un proceso con plazos más largos que una vacancia presidencial. Si se declara admisible en la SAC, la Comisión Permanente evalúa y vota el Informe de Calificación. Si se decide que procede, se ordena a la SAC la investigación y elaboración de un informe, que luego es nuevamente evaluado y votado en la Comisión Permanente. Si se aprueba, la acusación se debate y vota en el Pleno del Congreso.

Cualquiera de estos escenarios, además, conlleva otras vías, pues la oposición deberá adoptar una postura frente a la permanencia de la vicepresidenta de la república, Dina Boluarte, quien enfrenta su propio proceso de acusación en la SAC. Si Boluarte es removida del tablero, quien deberá asumir la presidencia encargada del país es el presidente del Congreso, José Williams.   

¿A qué está sujeto el panorama que se viene? Lo primero es el debate de lo planteado por la fiscal de la Nación respecto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, en estos primeros días la discusión se ha centrado en la forma y no en el fondo de la denuncia. Es decir, no se vienen discutiendo los delitos en los que habría incurrido el presidente y los implicados sino en si la Constitución Política del Perú permite o no la suspensión planteada por la fiscal Benavides. No obstante, si la salida termina siendo política, la discusión también debería serlo.

Finalmente, todo está sujeto a dilaciones en el Congreso y dependerá del equilibrio de votos tanto en la SAC, como en la Comisión Permanente y en el Pleno, lo cual es incierto hasta el último momento.       

Posibles repercusiones políticas:

Los seis congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’, incluidos en la denuncia fiscal, son miembros titulares en comisiones claves como Defensa, Economía, SAC y la comisión encargada de la selección de candidatos a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, para la oposición, y se entiende que, para la Fiscalía, según los dichos de algunos colaboradores, ‘Los Niños’ estarían también en otras bancadas cercanas al gobierno, como Somos Perú y Podemos, además de los bloques oficialistas de Juntos por el Perú, Perú Libre y otros.

Iniciar un proceso contra los parlamentarios acciopopulistas podría conllevar a que se busque la inhabilitación de otros congresistas afines al Ejecutivo, sin embargo, la diferenciación deberá darse acorde a los actos que hayan cometido de forma individual, teniendo en cuenta si se llevaron a cabo o no negociaciones políticas ilegales, intercambio de prebendas, u otros hechos deslizados por testigos y colaboradores en los últimos meses.  

La estrategia del Ejecutivo:

Hasta el momento, el Ejecutivo ha demostrado que tiene actores claves a su favor, como lo son las centrales sindicales, rondas campesinas y organizaciones sociales, con cierto nivel de organización y movilización, cuya percepción de convocatoria puede ser aún mayor, sobre todo en las regiones.

Luego de la denuncia, el gobierno activó su defensa comunicacional. El mismo presidente Castillo, aunque claramente golpeado por las detenciones a su entorno, señaló hasta en dos oportunidades que está dispuesto a que “corra su sangre” en defensa de la democracia. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el ministro de Justicia, Félix Chero, descalificaron la denuncia desde el punto de vista legal, señalándola como “improcedente” e “inconstitucional”. Por su parte, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, continúa siendo el vocero más mediático del mandatario; mientras que la ministra de Cultura, Betssy Chávez, pidió al pueblo estar preparado para defender “la democracia e institucionalidad”. Chávez, además, ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente haber cometido el delito de abuso de autoridad y prevaricato. Los voceros del gobierno están dispuestos a dar batalla por mantenerse en el poder.

Esta activación de defensa mediática del gabinete en favor del mandatario ha servido, también, para sentar una postura hacia la vicepresidenta Dina Boluarte, la única ausente en las conferencias de esta semana. Esta postura sería una respuesta a su declaración durante su intervención en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde señaló: “Vengo con las manos limpias y así voy a gobernar”. Enfrentada con el gobierno, Boluarte podría perder su cargo de ministra, como se deslizó en el último cambio en el gabinete.

El gobierno también ha respondido con un ataque directo hacia el Equipo Especial. La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior envió un oficio solicitando, con carácter de urgente, información al Comandante General de la PNP, Raúl Alfaro, sobre la presencia de los coroneles que integran el Equipos Especial en la conferencia de la Fiscal de la Nación. Además, el mismo ministerio redujo en 25% el presupuesto del Equipo Especial de la PNP, liderado por el Coronel Harvey Colchado, como una clara represalia tras ‘Valkiria II’. Las muestras de obstrucción a la Justicia de parte del gobierno son cada vez más evidentes, lo que podría abrirles otro flanco en el ámbito legal.

El estado del empresario prófugo Alejandro Sánchez, quien figuró 3 días como fallecido en la RENIEC, de cara al mega operativo, podría sumarse a la lista de actos indebidos e ilícitos, pero cada vez más normalizados por el gobierno, como también lo han sido buscar desaparecer celulares, guardar fuertes montos de dinero en los baños de Palacio, apagar cámaras de vigilancia, así como no registrar reuniones oficiales, lo que es preocupante para el desarrollo adecuado del Estado.

A este convulso panorama, ¿cómo entraría a tallar el recientemente liberado Antauro Humala? Aunque el líder etnocacerista es un arma de doble filo, podría movilizar, en algún nivel de capacidad, una defensa en favor de Pedro Castillo, siempre con intereses particulares como lo supone su enfrentamiento contra la oposición en el Congreso, que busca impedir su postulación en las elecciones de 2026. Ha manifestado que es importante promover un cambio de la Constitución, y que su plan es cerrar el Parlamento, para lo que movilizará a medio millón de reservistas. Humala viene sentando posiciones sobre distintos temas, con el objetivo de ser parte de la agenda política del país.

El día de ayer se filtró en redes sociales una comunicación interna del MTC, en la que se pedía evaluar el perfil de Virgilio Acuña, financista del etnocacerista, para el cargo de viceministro de Transportes. Si bien el excongresista se ha reunido en distintas ocasiones con Pedro Castillo, un nombramiento de este tipo podría tener como finalidad mantenerse cerca del grupo más próximo a Humala.