Factor identitario en la aprobación de Castillo.

Aprobación/desaprobación: un indicador con matices

La última encuesta de IPSOS revela que la desaprobación hacia la gestión del presidente Castillo ha disminuido respecto al mes anterior, de 74% a 69%. Esta medición ocurre en un mes donde la Fiscalía, sumamente activa, incluyó al mandatario en nuevas investigaciones y lideró diligencias a su entorno más cercano. Esta incongruencia podría tener respuesta en que, finalmente, se ha normalizado la corrupción como parte de la vida diaria de las personas. En épocas anteriores no solo se terminaba reeligiendo a gobernadores regionales y autoridades nacionales envueltas en denuncias, sino que raras veces la ciudadanía se ha movilizado en contra de casos de corrupción.

En tiempos postpandemia, los principales problemas son la seguridad ciudadana y el trabajo, aunque la resiliencia de los peruanos hace que no esperen una labor formal o que provenga del gobierno nacional, sino que se adapten, por ejemplo, a través del trabajo informal.

Si bien las encuestas son relevantes, y pueden dar luces sobre varios temas de coyuntura nacional, podrían orillar el análisis a errores sobre asuntos políticos que, no necesariamente, se traducen en la práctica o en el día a día de las personas. Pese a la desaprobación, hasta el momento no hay un movimiento en las calles que reclama una salida del gobierno. Las escasas marchas que ocurrieron hace algunos meses provinieron de sectores que demandaban la salida de Castillo desde antes del inicio de su gestión.        

Finalmente, Castillo partió de una presidencia ganada principalmente en rechazo a su contrincante y empezó su gobierno de manera desgastada, a diferencia de pasados mandatarios. El proceso electoral con denuncias de fraude, con escasos días para realizar transferencias en el Ejecutivo, además de un inicio evidente de incapacidad de gestión, se sumaron a su desgaste temprano, pero estos factores no añaden en que se genere un escenario de demanda de la ciudadanía a su salida.   

El factor identitario y la agresividad de la Fiscalía:

La aprobación que Castillo mantiene, que se conserva en un 20% estable aproximadamente (25% en esta última medición), está relacionado a un fuerte factor identitario. Se trata de líderes sindicales, mineros informales, profesores y otros grupos de interés puntuales que son organizados y tienen cierta capacidad de movilización, a diferencia de quienes lo desaprueban, que no tendrían capacidad de organización y movilización, como quedaría demostrado en la práctica.

A ello se le suma el discurso de victimización de Castillo, el del presidente campesino, que refuerza de manera pública con mensajes antagónicos, los oprimidos versus los opresores, los pobres versus los ricos. Este discurso cala en el porcentaje que lo respalda. Ciertamente, la agresividad con la que ha actuado la Fiscalía ahonda en este discurso de victimización.  

La Fiscalía ha pasado de una actuación casi nula de cara al gobierno de Castillo a ser sumamente activa. El reto de la Fiscalía está en mostrar resultados en la misma medida y proporción con la que ha actuado, es decir de manera rápida.

El discurso que la Fiscalía se estaría politizando, sea cierto o no, terminaría jugando a favor del mandatario. En ese sentido, si no logra obtener medios probatorios para solicitar la prisión preventiva de la cuñada, Yenifer Paredes, se podría generar un escenario que desgaste la imagen de la fiscal de la Nación y fortalezca la de Castillo. Se aprovecharía la idea de una persecución política por parte del gobierno.   

Los errores del Congreso y el cierre del “libro de pases”:

A ello se le suma la debilidad de la oposición del Congreso. No solo esta ha actuado de manera errónea en lo político, sino también en una comunicación que le podría sumar réditos a su favor. En ese caso, se pueden señalar algunos errores como que el Ejecutivo termine usando a su favor leyes aprobadas por el Parlamento, como la que rebaja IGV para mypes de turismo y restaurantes (de autoría de Hernando Guerra García – FP) o la que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral (de Eduardo Salhuana – APP). Ambas han sido bien utilizadas por el mandatario en espacios públicos y mediáticos con los grupos de interés en las últimas semanas, así como anteriormente se hizo con la liberación de fondos de AFP y CTS.

Si el Congreso fuera visto como una alternativa a la salida de esta crisis, tendría mayor apoyo de la ciudadanía en general, pero los intereses personales de los congresistas se han visibilizado en su contra. Culminada la elección de la nueva Mesa Directiva, aprobado el cuadro de integrantes en las comisiones y cerradas las negociaciones internas para las presidencias, se puede dar por concluida la temporada de pases de los parlamentarios.

Estos cambios en las bancadas eran con miras a la distribución de cargos – lo que refleja debilidad institucional del Congreso de la República – así como la falta de representatividad de los partidos, evidencia que priman los intereses personales y las mejores negociaciones para cada uno.

El hecho que los congresistas negociaran salidas y entradas a grupos parlamentarios, ajenos a la crisis política, refleja que suman al problema, en lugar de ser parte de la solución. El gobierno también ha sabido aprovechar estas actitudes negociando de manera individual o en pequeños grupos, fortaleciendo vínculos con ‘niños’, que han resultado no ser una cifra mínima o de una sola bancada.   

Por último, se puede comentar las presidencias en algunas comisiones del Congreso. En la Comisión de Economía, se puede esperar un cambio en este grupo de trabajo a cargo de Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), quien a manera de comparación con Silvia Monteza (Acción Popular), se inclina por ser pro-libre mercado. En Constitución, aunque Hernando Guerra García puede no tener la misma formalidad que Patricia Juárez, sin duda continuará en la línea de trabajo en los asuntos que prioriza la oposición, de cara el Ejecutivo. En la Comisión de Trabajo, si bien Sigrid Bazán (Cambio Democrático) sigue en la línea de su colega Isabel Cortez, existe un balance en el equilibrio de fuerzas entre oposición y oficialismo, a diferencia del período pasado. Ciertamente los espacios cedidos por APP han sido bien utilizados con ingresos como los de Carlos Anderson y Hernando Guerra García, además del ingreso de Maricarmen Alva (Acción Popular), Norma Yarrow (Avanza País) y Jorge Morante (Fuerza Popular).