32 partidos con firmas observadas
Firmas observadas en el proceso de inscripción:
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) reveló que se detectó más de 300 mil firmas observadas, por presunta falsificación, en el proceso de inscripción de 32 partidos, de los 43, habilitados para las Elecciones Generales 2026. Las agrupaciones con la mayor cantidad de firmas observadas, según los diferentes informes de la RENIEC, son Perú Moderno, de los Aragón Ponce; PRIN, de Walter Chirinos; Demócrata Verde, del exalcalde Álex Gonzales, Primero la Gente, de Miguel del Castillo; Perú Primero, del expresidente Martín Vizcarra; y Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo. La RENIEC también observó fichas de nuevos afiliados de partidos con representación en el Congreso, como Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País y Perú Libre.
Si bien para algunos especialistas en materia electoral no habría una base legal para eliminar a los partidos implicados, dado que las firmas observadas fueron invalidadas en el proceso de inscripción de las agrupaciones, hay una maquinaria ilícita que persiste y que golpea la ya erosionada credibilidad del sistema político en el país. No se trata de un hecho aislado o de un fenómeno nuevo en la escena política. Según declaró el vocero del RENIEC, Carlos Ramos, “este problema de las firmas falsas viene de hace 30 años”. El silencio de las agrupaciones evidenciaría la complicidad de que se estaría cometiendo falsedad ideológica con una entidad del Estado y su falta de responsabilidad en los hechos.
Asimismo, hay un sistema electoral permisivo que tolera la continuidad de una industria de inscripción cuestionada. La falta de sanciones efectivas a los dirigentes de los partidos genera un entorno que incentiva la continuidad de estas prácticas. El Pleno del Congreso aprobó esta semana, de manera reactiva a la noticia, una modificación a la Ley de Organizaciones Políticas para precisar disposiciones sobre la verificación de firmas a cargo del RENIEC. Ello permitirá que las agrupaciones puedan realizar la inscripción de sus afiliados mediante la autenticación biométrica. La iniciativa fue presentada por el JNE al Congreso hace un año. Con partidos con representación legislativa, el fortalecimiento de las competencias interinstitucionales de los organismos del Sistema Electoral claramente no ha sido una prioridad para el Parlamento.
Con más de un 70% de los partidos políticos habilitados para el próximo proceso electoral general implicados en una presunta falsificación de firmas, los electores deberán tomar una decisión en las urnas entre una mayoría de agrupaciones que carece de reparos en seguir utilizando una maquinaria indebida para lograr la inscripción.
El retorno del exfiscal supremo:
El Tribunal Constitucional anuló esta semana la suspensión de la Junta Nacional de Justicia al exfiscal supremo Tomás Gálvez en 2020, por el Caso ‘Los Cuellos Blancos’. Para el TC, no hubo una investigación preliminar y la resolución no fue debidamente motivada. Durante este tiempo, Gálvez fundó el partido político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! Sin embargo, su actual militancia política es incompatible con su retorno como fiscal supremo titular, por lo que deberá apartarse del partido.
¿Qué implica la decisión del TC? En los últimos años, Gálvez Villegas ha cuestionado el accionar político del Ministerio Público, por lo que podría reincorporarse como un actor de oposición a la actual mayoría en la Junta de Fiscales Supremos. Para los especialistas en política, el Congreso lo podría considerar como un aliado.
Las declaraciones de Tomás Gálvez, luego de dar a conocer la decisión del Tribunal Constitucional, apuntan a que marcará un reposicionamiento en este órgano de gobierno. En entrevista con RPP, señaló que los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos no deberían estar en la Junta de Fiscales Supremos, criticando su accionar político. “Tal vez la señora fiscal de la Nación entienda y podamos restablecer la eficacia y legitimidad del Ministerio Público”.
Asimismo, si Gálvez Villegas apunta a ser fiscal de la Nación, deberá buscar el apoyo de, al menos, otros dos fiscales supremos. Por el momento, debe solucionar su afiliación política para no tener impedimentos de volver a asumir el cargo, mientras la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, deberá decidir a qué fiscalía suprema es asignado.
Aprobaciones en el Congreso:
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, envió al Ejecutivo la autógrafa de ley que faculta el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta diciembre de 2026. El Ejecutivo tiene plazo hasta el 22 de mayo para decidir si se promulga o se procede a su observación. El ministro de Economía, José Salardi, se ha mostrado en desacuerdo al retiro de los fondos de la CTS, pues considera que se trata de un seguro de desempleo que se utilizaría para un consumo presente. El gobierno de Boluarte deberá sopesar su decisión respecto a una norma popular. Se podría optar por observar la norma, teniendo el Congreso la facultad de aprobarla luego por insistencia; o promulgar la ley para evitar una confrontación innecesaria con el Parlamento, guardando sus balas para otra pelea.
La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone una reforma constitucional para permitir la reelección de los gobernadores y alcaldes por un período adicional de manera inmediata. El dictamen se aprobó con 15 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Los votos en mayoría vinieron de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular, principalmente. Si bien el dictamen ha tenido un amplio respaldo a nivel de comisión, aún es incierto saber si logrará ser aprobado en el Pleno del Congreso. Al ser una reforma constitucional, el dictamen debe ser aprobado en dos legislaturas ordinarias consecutivas con el voto favorable de más de 2/3 del número legal de congresistas (87 votos).
Las bancadas de Podemos Perú y Acción Popular votaron en contra de la reforma constitucional en la comisión. La posición de estos grupos parlamentarios se mantiene, pues en diciembre del año pasado el tema no se llegó a aprobar en segunda votación en el Pleno, justamente por la negativa de estas bancadas. En su momento, Podemos Perú pedía, a cambio de respaldar la reelección, aprobar una prórroga al plazo de afiliación para las Elecciones Generales 2026; mientras que Acción Popular ratificó la postura partidaria de rechazar esta posibilidad. Sin un cambio de postura en estos grupos parlamentarios, el escenario para aprobar la reelección de autoridades subnacionales no cambiaría a lo ocurrido en diciembre pasado.
Por último, medios de comunicación han revelado el copamiento de Alianza para el Progreso y Acción Popular en oficinas creadas de manera reciente en el Congreso. Una última denuncia reveló que se designó a una militante de APP, Yessenia Lozano Millones, como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso. A Lozano se le cuestiona la idoneidad para el cargo, así como resultados concretos de la oficina que dirige. La autodenominada “hija política” de César Acuña también formó parte de la comitiva del Congreso que viajó a China en enero pasado, en medio de la polémica por la denuncia de la presunta red de proxenetismo al interior del Parlamento que implicaba a varios personajes de APP. La Unidad de Investigación de El Comercio también reveló otros casos de cupos cedidos a Acción Popular en el Área de Asuntos Interparlamentarios, creada en setiembre de 2024.
La primera vicepresidente del Congreso, Patricia Juárez, señaló que el Centro de Modalidades Formativas parece una oficina de “adoctrinamiento partidario” y solicitará una explicación sobre el plan de gobierno de la oficina y los beneficios laborales que tendría Lozano Millones. El comunicado emitido por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso, dirigida por APP, lejos de aclarar los cuestionamientos del caso demostraría que la bancada optará por resguardar a los militantes del partido, mientras la bancada continúe presidiendo la Mesa Directiva, situación que podría cambiar a partir de julio próximo.