En el pasado, la presidenta Boluarte había indicado que respetaba las facultades de la Fiscalía de la Nación para iniciar investigaciones preliminares por la presunta comisión de delitos en su contra. En más de una oportunidad, y al ser cuestionado por el Caso Rolex, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, señaló ser respetuoso de la separación de poderes.

Los peruanos estamos como espectadores de la guerra en la que están inmersas las principales instituciones estatales, con ataques y contrataques. El jueves por la noche, el gobierno de Dina Boluarte desactivó el Equipo Especial de la Policía Nacional que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), liderado por Marita Barreto, y anticipándose a la detención preliminar que se realizaría a personas del entorno de Boluarte. El EFICCOP continuó con su jugada y detuvo, en la madrugada del viernes, de manera preliminar, al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

Desde hace un tiempo atrás, el país está inmerso en una guerra, entre las principales instituciones estatales. Si bien lo podríamos entender como una partida de ajedrez, con enroques y jaque mate, hay tantos actores que se enfrentan que estaríamos más ante una partida de Risk, con alianzas estratégicas y ataques y contrataques ejecutados cada vez con mayor celeridad. A solo días de la destitución de Harvey Colchado como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC)